La diputada afirma que abogados institucionales asumieron la defensa personal de seis funcionarios; la CGR calificó la denuncia como “una acción más” contra la institución.
La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel Rodríguez, presentó una denuncia penal contra la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, por la presunta comisión del delito de peculado de servicios y cualquier otro ilícito que determine el Ministerio Público.
La legisladora, quien contó con el respaldo de la fracción oficialista, sostiene que Acosta autorizó el uso de personal y servicios jurídicos de la Contraloría General de la República (CGR) para representar a seis funcionarios demandados a título personal en un proceso contencioso-administrativo.
La denuncia identifica a los funcionarios como Carlos Morales Castro, Leonardo Jiménez Cascante, Marco Vinicio Quirós Morales, Ricardo Rodríguez Hernández, Carolina Retana Valverde y Rafael Picado López. El documento afirma que abogados de la División Jurídica asumieron tanto la representación institucional de la Contraloría como la defensa individual de estas personas.
El caso guarda relación con el expediente judicial 25-007908-1027-CA-3, que tramita el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. La demanda incluye como partes al Estado, a la Contraloría y a los seis funcionarios, con el propósito de determinar eventuales responsabilidades civiles y personales por sus actuaciones.
La controversia surgió a partir de una licitación promovida por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para contratar la administración de diez áreas de salud. Las cooperativas Coopesalud, Coopesana y Coopesain obtuvieron las adjudicaciones, pero actuaciones posteriores de la Contraloría relacionadas con la razonabilidad de los precios originaron denuncias administrativas y el proceso judicial contencioso y otro penal, denominado Caso Barrenador.
Según Esquivel, la División Jurídica de la Contraloría puede defender los intereses institucionales del órgano fiscalizador, pero no utilizar recursos públicos para representar gratuitamente a funcionarios frente a reclamos sobre su responsabilidad personal. La legisladora también cuestionó que una circular interna o un reglamento institucional pueda autorizar esa representación.
“La fiscalización debe comenzar por quienes administran y vigilan los recursos públicos. Nadie puede estar por encima de la ley ni utilizar recursos del Estado para fines personales. Corresponde ahora al Ministerio Público investigar estos hechos con total objetividad y determinar las responsabilidades que correspondan”, señaló la diputada Marta Esquivel.
La denuncia solicita que la Fiscalía abra una investigación preparatoria, determine la participación de las personas involucradas y cuantifique una eventual afectación económica al erario. Esquivel también pidió incorporar como prueba el expediente judicial, una circular interna de la Contraloría y una resolución firmada por Acosta en julio de 2025.
La Contraloría evitó responder los señalamientos específicos y afirmó que expondrá su posición dentro de las vías correspondientes:
Con respecto a la denuncia planteada por la diputada Marta Esquivel, se trata de una acción más contra la Contralora General, los funcionarios de la Contraloría y la institucionalidad, de modo que no nos referiremos sino en el procedimiento que corresponda en las vías pertinentes”.