La Contraloría también alertó que el nuevo registro de profesionales, que propone la iniciativa de Marta Esquivel, no tiene una estimación de costos ni una fuente de financiamiento.
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el proyecto de ley presentado por la diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez (expediente 25.747), que pretende eliminar el requisito de colegiatura para ejercer la mayoría de las profesiones liberales, y en su lugar establecería una colegiatura voluntaria, resulta insuficiente para actividades relacionadas con el control, aseguramiento y manejo de recursos públicos.
El proyecto propone mantener la colegiatura obligatoria únicamente para las siguientes profesiones y casos:
- Medicina y Cirugía, Farmacia, Microbiología, Odontología, Enfermería y las especialidades médicas cuyo ejercicio implique la atención clínica directa de las personas.
- Derecho, exclusivamente cuando se ejerza la representación, el patrocinio, la defensa técnica o la asesoría jurídica en sede jurisdiccional o en mecanismos de resolución alterna de conflictos, así como la función notarial.
- Las ingenierías civil, estructural, eléctrica, mecánica, electromecánica, topográfica, en construcción y en telecomunicaciones, siempre que su ejercicio comprenda el diseño, cálculo, dirección técnica, inspección, certificación, construcción, operación o mantenimiento de obras, infraestructura, instalaciones, equipos o sistemas cuya falla pueda comprometer la vida, la salud, la integridad física de las personas, el ambiente o la seguridad pública.
La iniciativa también prohibiría exigir la incorporación a un colegio profesional como requisito para acceder a un empleo o prestar servicios profesionales fuera de esas excepciones, limitaría las competencias disciplinarias y de supervisión de los colegios a sus afiliados y crearía un Registro Nacional de Profesionales adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Al respecto, la Contraloría señaló que la modificación tendría efectos sobre requisitos que actualmente se utilizan en el sector público. Puso como ejemplo sus propios lineamientos, que exigen a quienes ocupen los cargos de auditor y subauditor interno acreditar que son miembros activos del colegio profesional correspondiente.
El órgano contralor también recordó que determinadas labores profesionales cumplen funciones de auditoría, aseguramiento, certificación o generación de confianza sobre información utilizada para tomar decisiones, controlar recursos públicos y rendir cuentas.
En ese contexto, señaló que la reforma debe considerar no solo la posibilidad de eliminar la colegiatura obligatoria, sino también los mecanismos de habilitación, supervisión técnica, ética, calidad, independencia y responsabilidad asociados con determinadas actividades.
En esos ámbitos, el modelo de colegiatura voluntaria planteado en el proyecto es insuficiente, se requiere considerar conjuntamente la habilitación profesional y las salvaguardas de competencia técnica, independencia, ética, calidad, responsabilidad y supervisión que resulten justificadas por los riesgos y efectos de la actividad”.
Sobre este aspecto, el presidente del Colegio de Contadores Públicos, Francisco Ovares señaló:
Para el Colegio, uno de los aspectos centrales de este criterio es la necesidad de distinguir entre el régimen general de colegiatura y los requisitos especiales que deben mantenerse para determinadas funciones profesionales, particularmente aquellas vinculadas con la auditoría, el aseguramiento y la fiscalización de fondos públicos".
Pide revisar alcance de la reforma
La Contraloría advirtió que la redacción propuesta en los artículos 4 y 7 podría impedir que se mantengan requisitos especiales como la colegiatura para ocupar cargos de auditor y subauditor o la condición de contador público autorizado para realizar auditorías externas de fondos públicos.
Por ello, recomendó articular esos artículos con el numeral 5, que sí reconoce la posibilidad de que el ordenamiento establezca requisitos especiales para determinadas profesiones.
La CGR también hizo una precisión sobre las referencias a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que contiene la exposición de motivos. Indicó que las recomendaciones específicas de la organización para Costa Rica han enfatizado la eliminación de restricciones relacionadas particularmente con las tarifas mínimas obligatorias en los servicios profesionales.
Además, señaló que un análisis comparado publicado por la OCDE en 2026 no plantea un único modelo regulatorio para profesiones como derecho, notariado, contabilidad, arquitectura e ingeniería civil, sino que reconoce esquemas de licenciamiento y certificación vinculados con los riesgos de cada actividad.
Registro sin cálculo de costos
La Contraloría también cuestionó la falta de información financiera sobre el Registro Nacional de Profesionales que el proyecto pretende crear en el MEIC.
Según el criterio, el proyecto no incluye una estimación del costo de desarrollar, operar, mantener, actualizar y garantizar la seguridad y continuidad del sistema, ni establece una fuente específica de financiamiento.
La CGR señaló que el registro implicaría responsabilidades permanentes relacionadas con infraestructura tecnológica, administración de información, interoperabilidad, seguridad, continuidad del servicio, atención de usuarios y contratación de personal especializado.
Además, recordó que el MEIC ya administra el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), sobre el cual la Contraloría realizó dos auditorías, y que todavía mantiene en seguimiento dos disposiciones relacionadas con aspectos necesarios para su funcionamiento y continuidad.
La Contraloría recomendó que la discusión legislativa valore el impacto presupuestario del nuevo registro, los recursos necesarios para ponerlo en funcionamiento y su sostenibilidad en el tiempo.