La propuesta de llevar estudiantes a centros penitenciarios fue planteada por la presidenta Laura Fernández y defendida por el ministro de Educación, Leonardo Sánchez.
Un grupo de 39 funcionarios de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública (MEP) firmó un documento en el que manifiesta su oposición técnica a la eventual implementación de un programa de visitas de estudiantes a centros penitenciarios, propuesta por la presidenta Laura Fernández Delgado.
El documento fue firmado por profesionales de psicología, orientación, trabajo social, sociología, educación física, nutrición y protección ambiental de distintos departamentos de la Dirección de Vida Estudiantil.
El grupo señaló que este tipo de programas "no deberían formar parte de las estrategias preventivas promovidas desde el sistema educativo, particularmente cuando existen alternativas respaldadas por evidencia y plenamente alineadas con la misión institucional del MEP".
En el oficio DVM-AC-DVE-1049-2026, remitido a la directora de Vida Estudiantil del MEP, Jacqueline Badilla Jara, el personal técnico señaló que considera indispensable "dejar constancia de que la evidencia científica, pedagógica, técnica y social actualmente disponible no respalda la implementación de intervenciones basadas en la exposición de personas menores de edad a contextos de privación de libertad con fines preventivos".
La idea de que estudiantes visiten centros penitenciarios como estrategia preventiva fue propuesta por la presidenta Fernández en la conferencia de prensa del pasado 1 de julio, cuando comentó los avances en la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) y dijo al ministro de Justicia y Paz:
Hagamos unas visitas, don Gabriel, para que los jóvenes de Costa Rica, que se están animando a meterse en lo que ya sabemos, los va a llevar a vestir ese uniforme. Pongan las barbas en remojo. Estamos a tiempo de que no vayan a la cárcel de máxima contención".
Posteriormente, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, defendió la iniciativa en la conferencia de prensa del 15 de julio, al indicar:
A los estudiantes también hay que exponerlos a todo tipo de realidad social, económica, ambiental, política y qué bueno que entiendan cómo funciona el sistema de justicia. Eso es ir a visitar una cárcel, que entiendan cómo funciona el sistema de justicia, que entiendan que en una sociedad hay leyes, que si esas leyes se rompen tienen consecuencias para la persona y para la familia. Obviamente esta estrategia, este método, tiene un componente pedagógico, científico, técnico; no es solo ir a una cárcel, es un tema pedagógico".
El oficio enviado a Badilla indica que este tipo de programas, conocidos internacionalmente como Scared Straight o Juvenile Awareness Programs, han sido evaluados mediante estudios experimentales y revisiones sistemáticas que determinaron que estas intervenciones no disminuyen la delincuencia juvenil y que, en determinados casos, podrían incluso incrementar la probabilidad de conductas posteriores asociadas al delito.
El documento añade:
De manera consistente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos clasifica estos programas como ineficaces y desaconseja su implementación como estrategia preventiva".
Los profesionales destacaron que no identifican "fundamentos suficientes que permitan respaldar, recomendar o participar técnicamente en la implementación de intervenciones basadas en la exposición de personas menores de edad a contextos de privación de libertad con fines preventivos", y añadieron:
La evidencia internacional disponible sugiere consistentemente que la violencia juvenil no disminuye acercando a las personas jóvenes a la cárcel, sino acercándolas a la escuela, al arte, al deporte, a la cultura y a espacios donde puedan construir proyectos de vida y visualizar un futuro posible".
Adicionalmente, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, aseguró en la conferencia de prensa del 15 de julio que en 2015 ya se había ejecutado una iniciativa de este tipo. Sin embargo, el personal de Vida Estudiantil indicó en su oficio que no identificó antecedentes formales, lineamientos, evaluaciones, memorias institucionales o registros que permitan acreditar la implementación de una estrategia nacional de esta naturaleza por parte del MEP.
El oficio finaliza recordando que "cualquier intervención susceptible de generar impactos emocionales, sociales o simbólicos debe satisfacer un estándar particularmente elevado de justificación técnica, proporcionalidad y pertinencia pedagógica, en observancia del interés superior de la persona menor de edad y del deber reforzado de protección que corresponde al sistema educativo".
Los firmantes solicitaron a la directora de Vida Estudiantil que su posición técnica y profesional "sea puesta en conocimiento de las autoridades ministeriales competentes, con el propósito de que pueda ser considerada como un insumo especializado derivado de la experiencia y responsabilidad profesional de las personas suscribientes para la reflexión y la toma de decisiones institucionales".