La bancada también exige reducir el monto, los plazos y la tasa máxima, además de aprobar medidas contra la evasión y un mecanismo de pago a la CCSS.
La fracción legislativa del Frente Amplio anunció este martes que no iniciará negociaciones sobre el proyecto de eurobonos hasta que el Gobierno descarte públicamente cualquier cambio tributario que pueda aumentar el precio de los productos de la canasta básica.
La agrupación dirigió su exigencia a la administración de Laura Fernández y, en particular, al ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, quien planteó a inicios de julio la posibilidad de revisar el tratamiento fiscal de esos productos y la composición de la canasta básica.
El Frente Amplio afirmó que el compromiso gubernamental de no afectar el costo de los alimentos constituiría solamente una condición para abrir el diálogo y no implicaría el respaldo automático de la bancada al proyecto, que permitiría colocar hasta $13.500 millones en los mercados internacionales.
“Primero que salga Chaves a desistir de meterle más impuestos a la canasta básica. Hasta que eso no pase no hay chance de iniciar conversaciones. Si lo hacen, ya nos sentaremos a la mesa para exigir que bajen el monto, plazo, interés máximo, y para exigir que antes de aprobar eurobonos tengamos aprobada una fuerte agenda de combate a la evasión y un mecanismo para que paguen a la CCSS”, afirmó el jefe de fracción, José María Villalta.
La posición frenteamplista responde a declaraciones ofrecidas por Chaves el 1.º de julio, antes de presentar una propuesta fiscal ante el Consejo de Gobierno. El ministro negó entonces que el Ejecutivo pretendiera aumentar la tarifa general del impuesto sobre el valor agregado, pero planteó eliminar el beneficio tributario que reciben los hogares de mayores ingresos cuando compran productos de la canasta básica.
Chaves no explicó cómo distinguiría las compras realizadas por familias de ingresos altos de las efectuadas por personas pobres o de clase media. Los bienes incluidos en la canasta básica pagan actualmente una tarifa reducida del 1%, mientras que la mayoría de los bienes y servicios pagan un 13%; cualquier modificación requiere aprobación legislativa.
El expediente 25.363 autoriza nueve colocaciones anuales de hasta $1.500 millones cada una, para un máximo de $13.500 millones. El texto original no establece metas fiscales o económicas como requisito para ejecutar las emisiones y necesita al menos 38 votos para aprobarse.
“No vamos a firmarle un cheque en blanco a un ministro de Hacienda que cuando gobernó fue irresponsable y que ahora solo quiere patear la bola de una crisis fiscal que provocó él mismo”, declaró la subjefa de fracción, Eugenia Román.
El anuncio del Frente Amplio se suma al rechazo expresado por Liberación Nacional al proyecto en su versión actual. Ambas bancadas mantienen abierta la posibilidad de negociar una autorización menor y sujeta a condiciones, una posición que obliga al Gobierno a modificar la iniciativa si pretende reunir la mayoría calificada.