El algoritmo y el fiscal
— Cuando se habla de “plataformas” Raymundo y todo el mundo piensa en Uber así que para mayor facilidad nos colgaremos de ese término hoy y en adelante, porque el tema, finalmente, agarró ruedas.
— Estamos claros: Tiquicia quiere imponer el récord intergaláctico de la inoperancia y ya se comió 11 años “regulando” Uber. Ese es el punto de partida: 35.000 personas (por lo menos) llevan sustento a sus hogares operando en “limbo“ de legalidad rarísimo que permite que mientras los tráficos persiguen a los choferes Hacienda persiga a los usuarios.
— Lo irónico es que Uber ama Costa Rica porque claro, somos el país laboratorio perfecto. ¿Cómo no? Calles colapsadas (menos gente queriendo manejar por su cuenta) + transporte público deficiente = mercado perfecto.
— Ya en 2018 indicaban que éramos la nación latinoamericana que más usaba la aplicación per cápita y no me sorprendería que el día de hoy ese siga siendo el caso. En aquel entonces se contaban casi 800.000 cuentas en el App, hoy se estima que la cifra ya supera el millón.
— Así las cosas es fácil entender que lo que termine pasando con las “plataformas” le importa a mucha gente. El usuario no quiere pagar más y el chofer, naturalmente, no quiere ganar menos. El Estado, mientras tanto, no sabe cómo comerse ese apretado.
— Hay, por supuesto, otro protagonista: la Fuerza Roja y afines. Los taxistas no han dejado de sangrar por la herida y gritar por el megáfono desde el 2015 peleando por cada metro cuadrado que han podido sostener.
— Aunque el margen de maniobra es cada vez menor (hasta doña Tere aprendió a usar Uber a sus casi 80) la lucha del transporte público regulado ha tenido sus pequeños momentos de gloria. Llámese cortarle las piernas a cada proyecto de ley para regular plataformas que ha dado un par de pininos en el congreso, llámese aguarle la fiesta a Procomer semanas atrás cuando anunciaron una alianza estratégica con Uber.
— La Asociación de Transportistas de Turismo reclamó por todo lo alto y el pacto aquel no duró ni 24 horas. Músculo, claramente, todavía tienen. Pero la temperatura sigue subiendo y la tecnología sigue avanzando así que una eventual ley está cada vez más cerca. El tema, por supuesto, es cuál será el alcance de ese texto.
— Hoy día el proyecto más avanzado es el expediente 23.736, presentado en 2023 por el gobierno de Rodrigo Chaves. Ahora sí parece estar caminando, pero con una particularidad muy tica: el texto está cambiando mientras la comisión lo vota.
— La cosa va tan rápido que publicaciones recientes sobre un eventual impacto del proyecto ya están desactualizadas. La semana pasada la Comisión de Gobierno y Administración aprobó un texto sustitutivo, por ejemplo. Y ayer martes aprobó dos mociones adicionales. Es decir, el país amaneció discutiendo una iniciativa de ley que ya no era exactamente la que estaba sentada sobre la mesa.
— Lo cierto es que el proyecto ha tenido varias vidas, varios textos, cualquier cantidad de mociones y una redacción legislativa que pareciera diseñada para que hasta el GPS más moderno de Musk pierda la señal. Así las cosas el texto vigente al cierre de hoy ya no contiene —por ejemplo— el límite de tres carros por propietario que llamó tanto la atención recientemente.
— Lo que sí mantiene es que una persona taxista puede brindar también el servicio de plataforma, siempre que cumpla con los requisitos de esta modalidad. Es decir, un taxi podría operar con aplicación. Digo, algunos ya lo hacen, pero bue, ustedes entienden, ahora quedaría regulado.
— Por ahora tampoco se habla de una tarifa fija para Uber o DiDi. El texto mantiene dos vías principales para cobrar un viaje: un precio calculado y comunicado antes de iniciar el recorrido, o un precio negociado entre conductor y pasajero antes de arrancar.
— Pero ojo, que saltó la liebre: ayer aprobaron una moción que le mete al Estado una mano bastante más visible dentro del algoritmo. La ley ordenaría que cada viaje garantice una rentabilidad bruta mínima por kilómetro para la persona conductora.
— El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tendría que calcularla con una fórmula que incluiría estudios técnicos, tomando en cuenta gasolina, gastos mecánicos, kilometraje promedio, una ganancia mínima por viaje, seguros, riesgos del trabajo y cargas de trabajador independiente ante la Caja. Eso va a ser un tamal cargado de higos.
— ¿Qué implicaría esto? Uber, DiDi, etc., podrían seguir fijando precios dinámicos, incluyendo aumentos por alta demanda. Pero no podrían operar de una manera que dejara al conductor por debajo de un piso mínimo por kilómetro que determinaría el Gobierno.
— Así las cosas no sería una tarifa plana como la de un taxi pero tampoco libertad total de mercado porque habría un piso regulado. Como quien dice, no es que el Estado definirá cuánto cuesta el viaje, sino que determinará cuánto debe quedar, como mínimo, para quien conduce.
— Será interesante ver al MOPT montando una fórmula que funcione para carros de distintas antigüedades, consumo, zonas, horarios, presas, trayectos cortos, trayectos largos, lluvia, demanda alta y todos esos momentos en que la aplicación parece estar calculando el precio según la posición de Mercurio.
— ¿Qué más? Ayer la comisión aprobó un ajuste que excluye de esta ley la captación, abordaje, recogida o descarga de pasajeros en aeropuertos, puertos, muelles y terminales sujetas a concesión, permiso especial o régimen jurídico particular.
— El resultado de esta propuesta todos lo sabemos: la gente seguirá diciendo “Mi amor, ya llegó mi primo” y seguirá subiéndose al Uber frente a la mirada juzgadora de los taxistas naranja.
— Hay más cambios que vale la pena ir sondeando, teniendo presente, eso sí, que hoy mismo, vendrán otros. Por ejemplo, al menos en principio, los conductores tendrían que inscribirse ante Hacienda y cumplir con varios requisitos: licencia, curso, hoja de delincuencia, pólizas, revisión técnica, marchamo, multas al día y otros controles.
— La inscripción como trabajador independiente ante la Caja aparece por ahora con una coletilla importante: “cuando corresponda”. Ojo ahí. La famosa cuota de ₡50.000 tampoco queda grabada en piedra todavía. El texto la deja como monto para el primer año de vigencia. Después, COSEVI tendría que definir los pagos anuales mediante estudios técnicos y decreto.
— Todo esto sigue cambiando sobre la marcha: estamos viendo una fotografía de un expediente en construcción. Pero una cosa ya está clara: Costa Rica no va camino a dejar Uber y DiDi en modo “que sea lo que Dios quiera”. Va camino a crear un sistema con inscripción, supervisión, requisitos, fondos, sanciones, controles de información, un piso de rentabilidad y reglas especiales para zonas sensibles como los aeropuertos.
— Descuiden: Lucho le dará cercano seguimiento al tema y nos mantendrá informados en Barra de Prensa cuando ya tengamos más clara la eventual forma final de la bestia. A este cuento todavía le queda mucho trecho.
— Antes de irnos, hablemos de otro proyecto de ley que también trata de cambiar quién controla a quién, pero a una escala bastante más delicada.
— La diputada oficialista Marta Esquivel presentó ayer una iniciativa para que la Asamblea Legislativa nombre a la persona fiscal general de la República y a su suplente.
— Hoy esa designación le corresponde a la Corte Plena. El proyecto propone trasladar el concurso a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea y dejar la decisión final en manos del plenario, mediante una mayoría de dos tercios de las diputaciones presentes.
— El proyecto también permitiría que la Asamblea destituya a la persona fiscal general por lo que casi pareciera redactado por el propio Chaves. Entre las causales están incumplimiento grave de deberes, sentencia penal firme, incapacidad permanente, faltas comprobadas a la probidad o corrupción y, atención, “bajo desempeño reiterado” determinado después de que el congreso rechace dos informes anuales consecutivos.
— Ajá: el fiscal tendría que ir cada año al plenario a rendir cuentas sobre eficacia de persecución penal, investigaciones de corrupción, ejecución presupuestaria y metas institucionales. Las fracciones podrían interpelarlo y la Asamblea emitir una resolución de conformidad o censura recomendativa.
— Hay elementos que, aislados, pueden sonar razonables. Concurso público. Requisitos de probidad. Diez años sin afiliación partidaria. Restricciones para que quien haya sido fiscal general no salte inmediatamente a una candidatura, una alcaldía, un ministerio o una vicepresidencia.
— Todo eso suena sensato y digno de discutirse. Pero el corazón de la iniciativa es otro: trasladar la cabeza del Ministerio Público desde la Corte hacia un congreso dominado por partidos políticos, negociaciones de fracción, intereses electorales, presiones de coyuntura y mayorías circunstanciales.
— El proyecto dice que eso no politiza la justicia, sino que le da legitimidad democrática. Y diay, supongo que cada quien tendrá una posición muy apasionada en una vía o la otra.
— Si me lo preguntan a mí me parece que una Fiscalía no debe ser una isla inmune a toda rendición de cuentas. Pero tampoco puede convertirse en una oficina que sepa que su permanencia depende de la misma clase política que podría terminar investigada por sus fiscales.
— En democracia, controlar no siempre es sinónimo de fortalecer. A veces es simplemente una forma elegante de acercar demasiado la mano al timón.
Bonus track: Más de la mitad del estudiantado de universidades públicas financia sus estudios con becas, según estudio de Conare.
Hidden track: Roy Thompson renuncia a su cargo como ministro de Trabajo.
Remix: Sindicatos cuestionan rechazo del Consejo de Gobierno a designación de Rocío Alfaro ante la CCSS.
Asamblea Legislativa
Oficialismo y oposición se acusan mutuamente de haber incumplido términos de acuerdo sobre proyecto de Crucitas
Las fracciones oficialistas y de oposición cruzaron acusaciones este martes en el Plenario Legislativo por el cumplimiento del acuerdo político alcanzado el viernes anterior para destrabar el trámite del proyecto de ley que permitiría la minería a cielo abierto en Crucitas de Cutris, San Carlos. Nogui Acosta acusó a la oposición de no entregar el listado de mociones que retirarían y las otras que querían llevar a discusión en una mesa de negociación el próximo jueves; mientras que la oposición respondió que sí entregó algunos listados, otros se atrasaron por ausencias de diputaciones, y acusaron al Ejecutivo de no cumplir con su parte al no convocar un proyecto del exdiputado Ariel Robles para combatir los delitos ambientales.
Los detalles en Barra de Prensa.
Reporte Internacional
Corte Suprema frena intento de Trump contra la ciudadanía por nacimiento
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la orden ejecutiva con la que el presidente Donald Trump buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento, una medida que pretendía excluir de ese derecho a hijos de personas que se encuentran en el país de forma irregular o con permisos temporales. Mientras tanto, el excandidato presidencial colombiano Iván Cepeda elevó la presión contra el presidente electo Abelardo de la Espriella y anunció este martes 30 de junio que promoverá una campaña de “desobediencia civil pacífica” si el futuro mandatario no renuncia a su ciudadanía estadounidense antes de tomar posesión. Asimismo, Venezuela mantiene las labores de búsqueda y rescate una semana después de los dos terremotos que golpearon el centro-norte del país el 24 de junio, en medio de un balance oficial que ya llega a 1943 personas fallecidas, 10.571 heridas y 6461 rescatadas con vida.
Los detalles en el Reporte Internacional.
La Jornada
José Pablo Gil termina tercero en el Barranquilla Open
El costarricense José Pablo Gil Rodríguez finalizó en la tercera posición del Barranquilla Open, torneo de tenis en silla de ruedas disputado en Barranquilla, Colombia. Además, el atletismo de Costa Rica cierra el Panamericano de Medellín con una medalla de plata y un récord centroamericano, mientras Municipal Liberia pierde la licencia para competir en la primera división masculina de fútbol tras la detención de su presidente Wilder Eusse Osorio.
Los detalles en La Jornada.
Botonetas
— Convocatoria: El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), por medio de la Dirección de Gestión Sociocultural, abrió la convocatoria 2026 de los Fondos Concursables Becas Taller y Puntos de Cultura, una iniciativa orientada a fortalecer las tradiciones, los saberes comunitarios y la diversidad de expresiones culturales en Costa Rica.
— Comunales: Costa Rica avanzó en el fortalecimiento de la gestión del riesgo con la graduación de la segunda generación del programa Meisters de los Volcanes Costa Rica. El programa adapta al país un modelo japonés enfocado en la convivencia segura con volcanes activos y la participación comunitaria en la prevención, educación y comunicación del riesgo.
— Emprendimientos: La Cámara Costarricense de Pymes anunció la realización de un taller gratuito dirigido a emprendedores y pequeñas y medianas empresas de todo el país, con el objetivo de impulsar su transformación digital mediante la creación de páginas web.
— Teatro: El Teatro de Bolsillo hospedará,en el marco de las vacaciones de medio año, una temporada de Fábulas para ser felices, una producción de la agrupación Jardín de Ideas que combina teatro, humor y valiosas enseñanzas para grandes y pequeños.
— Concierto: El ensamble costarricense Syntagma Musicum presentará el próximo jueves 2 de julio el concierto Del aire del campo. Música barroca de centros y periferias, una propuesta que pondrá en diálogo algunas de las figuras más reconocidas de la música del siglo XVIII con autores menos conocidos en el país.