El sector sindical sostiene que el Poder Ejecutivo no puede impugnar la elección de sus representantes; el Consejo de Gobierno alegó presuntos incumplimientos de requisitos legales.
El Movimiento Sindical de Costa Rica cuestionó la decisión del Consejo de Gobierno de rechazar el nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro Molina como representante titular del movimiento sindical ante la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El acuerdo también rechazó la designación de Martha Elena Rodríguez González como representante suplente del sector sindical.
La decisión se dio a conocer el 29 de junio, luego de que el Consejo de Gobierno concluyera que Alfaro no cumplía varios requisitos legales para integrar la junta directiva de la Caja.
Según el criterio del órgano, Alfaro no acreditó competencia suficiente en materias económico-sociales, mantiene una participación político-electoral activa en el Frente Amplio, tiene vínculos familiares con personas funcionarias de la institución y ha emitido posiciones públicas sobre modelos de gestión de los servicios de salud que, a criterio del Gobierno, podrían afectar su imparcialidad.
Para el movimiento sindical, esa disposición impide que el Consejo de Gobierno sustituya, mediante valoraciones propias, la decisión tomada por las organizaciones sindicales en el proceso de elección.
En un comunicado divulgado este 30 de junio, las agrupaciones calificaron la decisión como un precedente negativo para la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de personas trabajadoras.
Esta decisión constituye un grave precedente para la democracia, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores, al desconocer la voluntad soberana expresada por el Movimiento Sindical mediante el procedimiento democrático previsto en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS".
Las organizaciones señalaron que el Consejo de Gobierno sustituyó la decisión adoptada por el sector sindical mediante criterios que consideran subjetivos y discrecionales.
La potestad de verificar el cumplimiento de requisitos legales no autoriza a descalificar a la persona democráticamente electa mediante interpretaciones restrictivas ni a imponer requisitos que el legislador nunca estableció".
El movimiento sindical sostuvo que la representación de las personas trabajadoras ante la junta directiva de la CCSS corresponde a las organizaciones sindicales y que debe respetarse la decisión tomada mediante el procedimiento de elección previsto por la ley.
La controversia gira en torno al alcance de las facultades del Consejo de Gobierno: mientras el sector sindical considera que la norma le obliga a formalizar la designación realizada por las organizaciones, el Consejo sostuvo que debía verificar el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo.
Las organizaciones anunciaron que agotarán las vías de presión social, administrativas y judiciales, tanto nacionales como internacionales, para cuestionar la decisión.
Además, el sector sindical informó que presentará un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno.