El pasado 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos emitió una Orden Ejecutiva de Política Comercial y de Inversión Recíproca, que cambió las reglas del juego para los países que, como Costa Rica, mantienen relaciones comerciales estrechas con Washington.

El documento, de casi 400 páginas, estableció una nueva doctrina: los países que deseen conservar beneficios arancelarios y acceso preferencial deberán igualar condiciones en materia de impuestos, compras públicas, inversión y seguridad nacional. En otras palabras, ya no basta con ser un aliado político o un socio histórico; ahora se exige reciprocidad económica tangible.

Seis meses después, los efectos de esa orden comienzan a sentirse. Costa Rica enfrenta su primera prueba: la imposición de aranceles del 15 % a los dispositivos médicos exportados hacia Estados Unidos, un golpe directo a su principal sector exportador, que representa más del 40% de las ventas externas del país.

La advertencia del Financial Times

En un artículo publicado el 17 de octubre de 2025, el Financial Times reveló que Washington inició una investigación bajo la Sección 232, que permite imponer aranceles por motivos de seguridad nacional. El objetivo declarado: analizar la “dependencia estratégica” de Estados Unidos respecto a las importaciones de dispositivos médicos.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera, subrayó ante el medio británico la relevancia del ecosistema de manufactura médica en Costa Rica y su aporte a la cadena de suministro estadounidense.

Sin embargo, esta narrativa —centrada en el beneficio que Costa Rica ofrece a la seguridad nacional de un tercero— refleja una visión diplomática que puede limitar el debate sobre la soberanía económica y la estrategia competitiva del país.

Más que apelar a la gratitud de sus socios, Costa Rica debe reafirmar su valor desde la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación que caracterizan su modelo productivo.

En contraste, el propio presidente de AdvaMed, Scott Whitaker, señaló que “lower tariffs will fuel more manufacturing and job growth in the US”, destacando que elevar los gravámenes (“higher tariffs”) tendría el efecto contrario: encarecer la producción y afectar la innovación.

Es decir, incluso dentro de Estados Unidos existe preocupación de que estas medidas terminen debilitando las cadenas de suministro que pretendían proteger.

Por su parte, MedTech Europe advirtió que “los aranceles adicionales podrían tener un impacto negativo en el acceso de los pacientes a la tecnología médica fundamental” (“further tariffs could have an adverse impact on patient access to fundamental medical technology”), subrayando que las consecuencias de la política arancelaria van más allá del comercio: ponen en riesgo la disponibilidad global de tecnología médica esencial.

Según el Financial Times, Costa Rica exporta más de 7.600 millones USD en dispositivos médicos al año, con una red de compañías líderes —Boston Scientific, Edwards Lifesciences, Johnson & Johnson MedTech, entre otras— que operan como parte de las cadenas globales de EE. UU.

No obstante, tras la Orden Ejecutiva de abril, el gobierno estadounidense activó una política de “reciprocidad plena”, que exige condiciones equivalentes para mantener ventajas arancelarias. Esto coloca a Costa Rica en desventaja frente a México (exento por el T-MEC) o República Dominicana (que paga solo 10 % de arancel).

Gestión diplomática y respuesta nacional

Según informó CRHoy, el Gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), solicitó formalmente a Estados Unidos que los dispositivos médicos costarricenses sean excluidos de los nuevos aranceles.

El ministro Manuel Tovar Rivera afirmó que el país ha demostrado su compromiso con la transparencia, la sostenibilidad y las normas internacionales, y que mantener un comercio fluido es “fundamental para la competitividad regional y la salud pública estadounidense”.

En la misma línea, Actualidad Tributaria (octubre 2025) reportó que Costa Rica, junto con el sector privado y agencias como CINDE y PROCOMER, presentó una propuesta técnica a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) para mantener un trato arancelario preferencial bajo la figura de reciprocidad establecida por la Orden Ejecutiva del 2 de abril de 2025.

El análisis señala que esta iniciativa busca garantizar condiciones fiscales equivalentes, promover la competitividad de las zonas francas y preservar la posición del país como hub de manufactura médica en América Latina.

No obstante, aún no existe una respuesta formal de Washington, y la falta de claridad sobre los criterios de exclusión mantiene la incertidumbre en el sector.

Este esfuerzo diplomático refleja la tensión entre el discurso de reciprocidad de la Casa Blanca y la necesidad de los países aliados de preservar sus cadenas de suministro médico.

Costa Rica, al igual que Irlanda o México, enfrenta el reto de redefinir su posición como socio estratégico, no solo por sus ventajas fiscales, sino por su capacidad de generar confianza y valor agregado en industrias críticas.

El dilema entre eficiencia y soberanía

El trasfondo de esta política va más allá de los aranceles. Durante décadas, las cadenas globales de suministro se guiaron por una lógica empresarial: “produzcamos donde sea más eficiente”. Esa visión llevó a Costa Rica, México e Irlanda a convertirse en centros de manufactura avanzada, donde el talento humano y la estabilidad institucional ofrecían una ecuación perfecta de calidad y costo.

Sin embargo, la nueva doctrina geopolítica impulsa un cambio de paradigma: “produzcamos donde sea más seguro o políticamente conveniente”. Bajo esa lógica, la eficiencia pasa a un segundo plano frente a consideraciones de seguridad nacional y control territorial.

Las grandes multinacionales del sector médico —como Boston Scientific, Medtronic, Edwards Lifesciences y Johnson & Johnson— entienden que fabricar en Costa Rica tiene sentido económico. Pero también saben que, en última instancia, los gobiernos son quienes definen las reglas del juego.

Así, aunque el costo aumente, Washington puede decidir que traer parte de la producción a suelo estadounidense fortalece su soberanía industrial, aun si eso debilita la competitividad global de su propia cadena de suministro.

En este nuevo contexto, la ventaja competitiva de Costa Rica no será solo la eficiencia, sino su confiabilidad, sostenibilidad y cumplimiento normativo. Ser un socio estratégico —no un simple eslabón barato— es lo que garantizará la permanencia de su industria en un entorno internacional cada vez más político y menos económico.

La advertencia de Washington no debe verse como una amenaza, sino como un llamado a fortalecer el modelo costarricense de atracción de inversión.

El país necesita una estrategia de respuesta que combine diplomacia comercial, modernización institucional y un nuevo pacto público-privado que defina cómo competir en un mundo de reglas más duras.

Entendemos el ‘America First’, pero eso no significa ‘America Alone’.” —Manuel Tovar Rivera, Financial Times

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