El desacuerdo entre Trump y el Congreso deja sin fondos a la administración federal y obliga a la suspensión y posible despido masivo de empleados públicos.

Estados Unidos enfrenta un nuevo cierre de gobierno después de que el presidente Donald Trump y el Congreso no alcanzaron un acuerdo presupuestario antes de la medianoche del miércoles (hora local). Es la vigésima vez en medio siglo que se produce una parálisis federal.

Unos 750.000 funcionarios quedaron sin trabajo, muchos de ellos con riesgo de despido definitivo. Oficinas federales cerraron sus puertas y varios servicios entraron en suspenso, mientras que la agenda migratoria del presidente continuará activa. Programas de educación, medioambiente y otros sectores sufrirán recortes inmediatos.

“No queremos que se cierre”, dijo Trump en la Casa Blanca antes del vencimiento del plazo. Sin embargo, ni sus encuentros privados con los líderes legislativos lograron evitar el desenlace.

Este es el tercer cierre de gobierno bajo la administración Trump y el primero desde su regreso a la Casa Blanca este año. La situación refleja la profunda división política en torno a las prioridades presupuestarias y la dificultad para alcanzar compromisos.

El “cierre del gobierno” ocurre en Estados Unidos cuando el Congreso no aprueba a tiempo una ley de presupuesto que financie a la administración federal. La Constitución impide gastar fondos sin esa autorización, lo que obliga a suspender programas y servicios considerados no esenciales y a enviar a sus empleados a casa sin sueldo. Solo actividades básicas, como defensa, salud pública o control aéreo, se mantienen en funcionamiento.

Los demócratas exigen financiamiento para subsidiar seguros médicos bajo la Ley de Cuidado Asequible, que de no renovarse encarecerá las primas de millones de personas. Los republicanos, con mayoría de 53 a 47 en el Senado, han bloqueado esa discusión y aconsejaron al presidente mantenerse al margen de cualquier negociación.

Rachel Snyderman, exfuncionaria de la Casa Blanca y actual directora de política económica del centro de estudios Bipartisan Policy Center, afirmó que “lo que el gobierno gasta demuestra cuáles son las prioridades de nuestro país”. Los cierres, añadió, “solo provocan costes económicos, miedo y confusión en todo el país”.

Los mercados financieros suelen reaccionar con calma ante estas crisis, pero un análisis de Goldman Sachs advirtió que esta vez podría ser distinto ante la falta de señales de negociación. El próximo informe de empleo, previsto para el viernes, podría retrasarse o no publicarse.

Las autoridades preparan planes de contingencia. Los programas Medicare y Medicaid seguirán operando, aunque con posibles demoras. El Pentágono mantendrá sus funciones, al igual que gran parte del Departamento de Seguridad Nacional. En cambio, museos y parques nacionales podrían cerrar en los próximos días.

El cierre comenzó tras fracasar en el Senado tanto la propuesta republicana de prórroga presupuestaria hasta noviembre como un proyecto demócrata alternativo. Se requieren 60 votos para su aprobación. El líder de la mayoría republicana, Mitch Thune, se mostró dispuesto a dialogar sobre salud, pero no en el marco de las conversaciones presupuestarias.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, replicó: “Los estadounidenses sufren con el aumento de los costos”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acusó a los demócratas de provocar el cierre: “Quieren pelear con Trump. Mucha gente buena va a salir perjudicada por esto”.

Durante su primer mandato, Trump encabezó el cierre más largo en la historia de Estados Unidos, que se prolongó 35 días. En 2013, bajo Barack Obama, el gobierno estuvo paralizado 16 días por el pulso republicano para derogar el Obamacare.