Propuesta asegura que "se apoya en una noción amplia de cultura de legalidad y en la alfabetización cívico-jurídica como herramientas preventivas, no punitivas".

La diputada de Nueva República (NR), Rosalía Brown Young, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.191) que propone incorporar educación preventiva en justicia penal juvenil en el sistema educativo y ejecutar campañas permanentes a cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Poder Judicial.

La iniciativa define la educación preventiva en justicia penal juvenil como la "formación pedagógica no judicializante que introduce nociones básicas sobre la prevención del delito, derechos y deberes de la ciudadanía y convivencia social".

La propuesta dispone que el Consejo Superior de Educación y el MEP deberán incorporar estos contenidos en todos los niveles a partir del quinto grado de primaria.

Dato D+: El artículo 81 de la Constitución Política establece que la dirección general de la enseñanza oficial le corresponde al Consejo Superior de Educación.

La exposición de motivos justifica la propuesta, señalando:

El proyecto se apoya en una noción amplia de cultura de legalidad y en la alfabetización cívico-jurídica como herramientas preventivas, no punitivas. Incorpora prevención por niveles para que el estudiantado identifique conductas prohibidas, consecuencias y rutas de protección, con lenguaje claro y enfoque diferencial (edad, género, discapacidad y contexto), ajustando los contenidos a la madurez de cada estudiante”.

La iniciativa reconoce que el MEP ya realiza charlas y jornadas sobre estos temas, pero señala que su cobertura es focal y desigual:

La propuesta no inventa algo nuevo, lo vuelve universal para todos los grados de escuelas y colegios, asegurando continuidad y estándares comunes en todo el país".

El proyecto autoriza al MEP a firmar convenios con entidades públicas, municipalidades, organizaciones sociales y organismos internacionales para ejecutar la ley; y ordena al Poder Ejecutivo emitir el reglamento en un plazo máximo de seis meses tras su publicación.

Adicionalmente, el proyecto establece que el MEP deberá asignar el contenido presupuestario para la implementación de la presente ley, incluyendo campañas de concientización, materiales pedagógicos y programas de capacitación, sin embargo, no establece una fuente de financiamiento para el nuevo programa.

La iniciativa también propone que el MEP deberá desarrollar programas de capacitación y actualización permanente para docentes y personal de orientación, en coordinación con instituciones como el Poder Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el fin de garantizar la enseñanza adecuada y eficaz de la educación preventiva en justicia penal juvenil y convivencia ciudadana.

El texto ahora deberá ser asignado a una comisión legislativa para iniciar su trámite ordinario.