Andrea Álvarez y Rocío Alfaro recomendarán levantar el fuero; el oficialismo se opondrá.
La comisión especial de la Asamblea Legislativa adelantó que recomendará al plenario levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por la causa originada en el denominado caso BCIE.
La presidenta de la comisión, Andrea Álvarez Marín (PLN), dejó constancia de que "sí existen suficientes elementos para recomendar el levantamiento del fuero" en el caso del mandatario, mientras que el diputado Daniel Vargas Quirós (PPSD) sostuvo que la solicitud de la Fiscalía es "un instrumento de persecución política".
La comisión tiene plazo para votar los informes hasta el 8 de septiembre, fecha en la cual se votarán los informes que se presentarán en la comisión y que deberán ser analizados por el plenario.
En el caso del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, Álvarez recordó que renunció voluntariamente a la inmunidad y que, por ello, no analizó su expediente; Vargas, por su parte, subrayó que esa renuncia hace que no aplique ningún tipo de votación en el plenario legislativo. La diputada Alfaro no coincidió con sus colegas y dijo que también recomendará al plenario levantar la inmunidad de Rodríguez, por considerar que los fueros de protección a miembros de los supremos poderes no son renunciables.
Rocío Alfaro (Frente Amplio)
Alfaro defendió que la acusación cumple el estándar exigido por la jurisprudencia para permitir la formación de causa, negó persecución política y pidió que el plenario habilite el trámite judicial:
Tras analizar el expediente, lo que aportó la Fiscalía y lo que presentó la defensa, no encontramos elementos que apunten a persecución política. Sí encontramos, en cambio, elementos de seriedad y consistencia suficientes para que haya lugar a la formación de causa".
Añadió que le hubiera parecido una buena señal que el presidente de la República —como lo hizo el ministro de Cultura— hubiese solicitado voluntariamente el levantamiento de su fuero para defenderse en tribunales.
Recomendaré al plenario legislativo que apruebe el levantamiento de la inmunidad, tanto para el ministro —que expresó su voluntad de defenderse en sede judicial— como para el presidente, quien aunque no solicitó el levantamiento dijo no tener temor. Eso confirma que no hay persecución ni amenaza alguna. Será una oportunidad para que ambos enfrenten la justicia como corresponde, con todas las garantías procesales que cualquier persona debe tener en Costa Rica. Nuestra responsabilidad, como comisión, es brindar seguridad jurídica, defender la división de poderes y romper con la historia de impunidad que ha acompañado a muchos gobernantes".
Alfaro también afirmó que ni el presidente ni su defensa aportaron elementos que demostraran persecución política o inconsistencias graves en el expediente, y que lo recibido fueron "argumentos retóricos, falacias y contradicciones".
Daniel Vargas (PPSD)
Vargas sostuvo que el expediente fiscal no contiene elementos suficientes y que el proceso tiene móviles políticos:
Después de conocer el expediente (…) no tengo duda de que la solicitud de levantamiento de inmunidad (…) constituye un instrumento de persecución política contra Rodrigo Chaves Robles y Jorge Rodríguez Vives. He concluido que la acusación no contiene elementos suficientes que evidencien causa probable (…) No encontré seriedad ni consistencia en la pieza acusatoria, ni el fumus boni iuris".
El oficialista cuestionó la lógica temporal del caso, alegando que la supuesta presión sobre Bulgarelli Rojas no pudo materializarse, ya que él suscribió el contrato cuatro meses antes del depósito cuestionado a favor de Federico Cruz, alias Choreco, y señaló que hubiese sido valioso acceder al expediente de Cristian Bulgarelli, y al acuerdo de testigo de la corona que suscribió con la Fiscalía, cuya ausencia dijo "revela una inconsistencia importante".
Vargas también citó el voto de minoría del Tribunal de Corte Plena en el que se recomendó no trasladar al Congreso la solicitud de levantamiento de inmunidad de los dos funcionarios, y en el cual uno de sus magistrados dijo que "la Corte fue muy meticulosa en el caso del diputado y absolutamente laxa en el caso del presidente", haciendo referencia a que los jueces sí analizaron aspectos de fondo de otra acusación que se sigue contra el congresista oficialista Alexander Barrantes Chacón, pero no hizo lo mismo con el mandatario ni con el ministro.
No encuentro elementos suficientes que permitan establecer causa probable. Por lo tanto, mi recomendación será no levantar el fuero al señor Presidente".
Andrea Álvarez (PLN)
La presidenta de la comisión, Andrea Álvarez Marín, recordó que el procedimiento legislativo establece que el órgano tiene plazo “hasta el 8 de septiembre” para emitir sus informes y precisó que su análisis se limita al caso del presidente Rodrigo Chaves porque el ministro renunció voluntariamente a la inmunidad, de modo que no correspondía valorar su expediente.
Álvarez dejó constancia de que, en su criterio, "sí existen suficientes elementos para recomendar el levantamiento del fuero" al mandatario y subrayó que su posición no prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia, sino que reconoce que la acusación remitida por la Corte Suprema de Justicia reúne la seriedad y consistencia necesarias para que sea el Poder Judicial quien resuelva.
Agregó que, en caso de que el plenario decidiera someter a votación también el expediente del ministro Rodríguez Vives, ella respetaría la voluntad expresada por él mismo al renunciar a su fuero y votaría afirmativamente.
La legisladora también cuestionó que el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez negara ahondar en los detalles de la acusación contra los funcionarios en la audiencia que tuvo en la acusación, citando la privacidad "para terceros" de las actuaciones judiciales según el Código Procesal Penal, recordando que en el caso de los miembros de los supremos poderes el Congreso "no es un tercero", sino una parte del mismo.
Producto de las discusiones que se dieron ese día con el señor Fiscal, y de las actividades realizadas en esta comisión, me ha parecido importante anunciar que presentaré en los próximos días un proyecto de ley para reformar el artículo 295. La idea es que, cuando se trate de procesos de levantamiento de la inmunidad, el tema de la confidencialidad se maneje de forma distinta, porque considero que la ciudadanía debe conocer cómo deliberamos. Hoy estamos en una posición compleja: al ser el expediente confidencial nos corresponde resguardar esa confidencialidad, pero al mismo tiempo me preocupa que la ciudadanía no tenga acceso a todos los elementos que motivan nuestro actuar. Especialmente porque somos el último filtro en un proceso que incluye la denuncia presentada por los diputados Jonathan Acuña Soto y Ariel Robles sobre lo investigado en la Comisión SINART; el legajo de lo ocurrido en Zapore; las entrevistas a testigos como Patricia Navarro, Alberto Franco, (...); además de prueba documental, audios, mensajes de WhatsApp, prueba pericial y, finalmente, la acusación formulada por el señor Fiscal".
Puede acceder a la transcripción de toda la deliberación en este enlace
