La Asociación Bancaria Costarricense advierte que la Ley 23.908 debe establecer responsabilidades compartidas para evitar incentivos al fraude y proteger a todas las partes.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) reafirmó la importancia de actualizar la legislación nacional para enfrentar el crecimiento de las estafas financieras, delitos cada vez más sofisticados que afectan a cientos de personas en el país.
El gremio señaló que cualquier reforma al proyecto de Ley 23.908, en trámite en la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa, debe mantener un equilibrio entre derechos y deberes de todas las partes.
Las estafas bancarias son un fenómeno del crimen organizado que requiere un frente común. Los responsables son los criminales, no los bancos ni mucho menos las víctimas. Por eso es fundamental avanzar en un marco legal que equilibre derechos y deberes de todos los actores, para que se ataque la causa del problema y no se limite el acceso a los servicios financieros”,
indicó Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.
Excepciones necesarias
La organización considera indispensable que la normativa incluya causales de exención de responsabilidad, como el dolo (fraude simulado por parte del usuario) o la culpa grave (descuidos en el resguardo de claves o accesos). La ausencia de estas excepciones podría incentivar el auto fraude y aumentar los costos del sistema financiero.
Lamentablemente, la mayoría de los casos de estafas no se producen porque se vulneren los sistemas de seguridad de los bancos, sino porque las personas usuarias son engañadas por delincuentes. Esto evidencia la importancia de reforzar la educación financiera y digital, y de contar con una normativa equilibrada que distribuya de forma justa la responsabilidad, sin revictimizar a quienes han perdido sus ahorros”,
añadió Mario Gómez, asesor jurídico de la ABC.
Legislación actualizada
La ABC recordó que los grupos criminales adaptan sus métodos constantemente, utilizando ingeniería social y nuevas tecnologías, por lo que una normativa rígida corre el riesgo de quedar obsoleta.
La asociación insistió en que el marco legal debe establecer procedimientos claros y plazos definidos para investigar los casos, de modo que las víctimas reciban respuestas rápidas y los bancos puedan determinar responsabilidades en tiempos razonables, tal y como sucede en países como España y Reino Unido.
Riesgos de una responsabilidad automática
Según la ABC, imponer a las entidades financieras la obligación de cubrir todos los casos de estafa tendría efectos negativos:
- Podría incentivar fraudes simulados por parte de supuestas víctimas.
- Generaría mayores costos operativos que se trasladarían a los clientes mediante tasas de interés más altas o menores rendimientos en los ahorros.
- Afectaría la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.
Compromiso del sector
Las entidades bancarias invierten de manera permanente en seguridad digital, monitoreo de transacciones y campañas de concientización para alertar sobre modalidades de fraude. Sin embargo, enfatizaron que estos esfuerzos deben estar acompañados por una normativa que reconozca responsabilidades compartidas y prevenga incentivos perversos. Cubero recalcó:
Lo responsable es reforzar la ciberseguridad, continuar con la educación financiera y garantizar un marco legal equilibrado. Si se obliga a los bancos a asumir automáticamente todas las pérdidas, se incentiva al crimen organizado y se termina perjudicando al consumidor financiero que nada tuvo que ver con los delitos”.
Finalmente, la ABC reafirmó su compromiso de seguir trabajando en programas de educación financiera, en el fortalecimiento de los estándares de seguridad digital y en la construcción de un marco legal equilibrado que reduzca de forma sostenible el impacto de las estafas en Costa Rica.
