Cuando una persona pierde su cédula, espera que el Estado responda. Cuando el sistema para agendar una cita médica falla, espera que se repare. Pero ¿qué pasa cuando el Estado mismo no controla sus sistemas? Costa Rica se ha convertido en un consumidor cautivo de tecnología extranjera, sin capacidad real de auditar, modificar o siquiera entender el software que sostiene sus servicios públicos.

Dependencia estructural sin control real

Mientras el discurso oficial habla de digitalización, interoperabilidad y eficiencia, la realidad es otra: Costa Rica no controla los sistemas críticos que sustentan su gestión pública. El software utilizado en ministerios, instituciones y programas sociales pertenece mayoritariamente a empresas extranjeras. No podemos auditarlo. No podemos modificarlo. A veces, ni siquiera sabemos cómo funciona.

Cuando plataformas como el Sistema Nacional de Información y Registro único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) colapsan o ataques cibernéticos como el sufrido por el Ministerio de Hacienda en 2022 paralizan servicios esenciales, el país queda sin respuesta autónoma. La infraestructura digital crítica depende de terceros. La capacidad técnica nacional se limita a tareas operativas, sin acceso real al control estratégico.

Costo operativo y político de la dependencia

Mientras países como Estonia gestionan su infraestructura digital estatal con menos de $50 millones anuales, Costa Rica gasta cientos de millones en licencias, soporte remoto y contratos cerrados. Cada fallo no solo interrumpe servicios, sino que obliga a pagar facturas millonarias por asistencia extranjera.

El ataque al Ministerio de Hacienda dejó al país paralizado digitalmente. La respuesta técnica tuvo que venir del exterior, a costos que aún no se han revelado del todo. Esa es la factura invisible de la dependencia tecnológica.

Modelos alternativos: casos reales 

Uruguay, mediante AGESIC, ha desarrollado software público reutilizable y abierto. Estonia controla integralmente su infraestructura digital estatal a través del modelo X-Road. Brasil y Ecuador han migrado parte de sus sistemas a Linux, reduciendo costos y aumentando control soberano.

Estos países no dependen de contratos externos para operar su Estado. No pagan licencias por cada estación de trabajo. No negocian a ciegas con proveedores cerrados. Tienen alternativas. Costa Rica no.

Un camino viable hacia la soberanía digital

Costa Rica debe dejar de operar como consumidor crónico de tecnología foránea. Las siguientes medidas son factibles:

  • Fortalecer al Micitt como ente rector con autoridad técnica vinculante
  • Promover el uso de software abierto, auditable y soberano en instituciones públicas
  • Establecer requisitos técnicos mínimos en puestos de toma de decisiones digitales
  • Integrar a universidades públicas en desarrollo, auditoría y mantenimiento de sistemas clave

Estas reformas pueden aplicarse progresivamente en un plazo de cinco años, comenzando por sistemas no críticos y desarrollando capacidades internas antes de migrar infraestructura esencial.

Más que eficiencia: resiliencia estatal

No se trata solo de eficiencia. Se trata de resiliencia, de control, de soberanía. Un país que no entiende ni controla sus sistemas digitales no es soberano. Y un Estado que terceriza su infraestructura informática está cediendo poder en silencio.

Costa Rica puede recuperar su soberanía digital en menos de cinco años si toma decisiones estructuradas ahora. Fortalecer al Micitt como ente rector técnico, migrar gradualmente hacia software abierto auditable e integrar a las universidades públicas como parte activa de la arquitectura digital estatal no es un escenario idealizado. Es un camino técnico, viable y urgente para dejar de operar como consumidor pasivo y comenzar a gobernar desde el conocimiento. Lo único que falta es voluntad institucional sostenida.

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