Alianza Estudiantil pide inhibición del rector Carlos Araya; exrectores difundieron carta lamentando daño reputacional causado por denuncias y “el usual juicio mediático”.
Esta mañana un grupo de estudiantes se manifestaron en el ingreso principal de la UCR, bloqueando la entrada por Derecho. Con carteles y pancartas, el grupo Alianza Estudiantil escaló su protesta luego de dos semanas de haber tomado el edificio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).
El movimiento exige la inhibición del rector Carlos Araya Leandro y la renuncia de todos los integrantes del Directorio de la FEUCR. Alianza Estudiantil sostiene que no abandonará su protesta hasta que se concreten las medidas que solicitan.
En un comunicado publicado en sus redes sociales indicaron que “hoy como estudiantes necesitamos hacer frente a una representación que olvidó rendir cuentas, frente a un silencio que amenaza nuestros ideales”.
El rector Araya ha indicado que el movimiento estudiantil quiere llevar a la universidad a un “estado de ingobernabilidad”. Ante los cuestionamientos del movimiento en torno al Reglamento del Régimen Salarial Académico ha señalado que la UCR puede adaptar la Ley Marco de Empleo Público según sus necesidades:
Yo creí que en la universidad teníamos una sola línea de pensamiento, que era la defensa de la autonomía universitaria”.
Paralelo a la protesta, Alianza Estudiantil publicó una carta abierta haciendo “un llamado urgente a sumar voces frente a la grave crisis institucional que amenaza los principios fundamentales de nuestra Universidad: la transparencia, la democracia interna y la defensa de fondos públicos”.
La carta de los exrectores
Este viernes también se difundió una carta firmada por Gabriel Macaya Trejos, Yamileth González García, Henning Jensen Pennington y Gustavo Gutiérrez Espeleta, exrectores de la Universidad de Costa Rica.
En la misiva aluden a los distintos cuestionamientos que ha enfrentado la presente administración, recordando que “una denuncia presentada ante la Procuraduría de la Ética Pública fue recientemente rechazada y archivada al considerarla como infundada”.
Posteriormente indicaron que “las denuncias ante instancias externas a la UCR, y el usual juicio mediático, han adquirido dimensiones que empiezan a amenazar la duramente ganada reputación de nuestra casa de estudios superiores”.
El exrector Gustavo Gutiérrez Espeleta es uno de los cuatro firmantes de la carta. Foto: UCR.
Por ese motivo decidieron firmar en conjunto un llamado a acudir a las instancias formales en caso de que existan hechos que deban de ser denunciados y “esperar el resultado de las averiguaciones”. Advirtieron además que “divulgar acusaciones que pudieran resultar infundadas genera un daño difícil de reparar para las personas acusadas y, más grave aún, a la institución. Ninguna denuncia debe ser instrumentalizada para algún interés particular”. Y agregaron:
Establecer y divulgar culpabilidades, juzgando y condenando sin seguir el debido proceso, es una práctica cada vez más común en la sociedad contemporánea”.
Además, indicaron que es deber de la UCR acoger y estudiar las denuncias, investigar los hechos y, si procede, sancionar a las personas responsables: “La Rectoría debe informar a la comunidad universitaria y al país de estos procedimientos, sus hallazgos, y eventualmente las sanciones aplicadas”.
Aludiendo al trabajo de la prensa indicaron que “debe ser hecho con objetividad y veracidad, y siempre oyendo a las diversas partes involucradas”, sin dar mayor detalle de la referencia. La misiva también aborda la futura negociación del FEES, señalando que “cualquier daño a la imagen de la UCR producto de crisis internas no resueltas por los canales institucionales, no solo afectará a esta, sino también a las otras universidades estatales, con el consecuente daño al país como un todo”.
Los cuatro exrectores concluyen su carta con “un llamado urgente a la reflexión, a la prudencia y al debate sano, que exija rendición de cuentas y transparencia, pero evite la difusión de acusaciones informales y la atribución de culpabilidades que las instancias pertinentes no han establecido”.
Instamos a cada una de las personas integrantes de nuestra comunidad, a meditar sobre la coyuntura actual y a atender el sano debate interno y externo por medio de los mecanismos institucionales y nacionales”.
