En la actualidad, la Asamblea Legislativa de Costa Rica estudia el Proyecto de Ley 24.072, una propuesta legislativa que pretende financiar la construcción de la Nueva Casa para los Cuidados Paliativos Pediátricos. Se trata de una iniciativa con un propósito profundamente solidario: brindar atención integral a niños y adolescentes con enfermedades en fase terminal o condiciones de vida limitada. Sin embargo, la manera en que se plantea financiar esta obra ha suscitado un debate legítimo y necesario sobre su impacto en la sostenibilidad de otros programas sociales que ya enfrentan graves limitaciones presupuestarias, en especial aquellos dirigidos a la población adulta mayor.
El proyecto propone una reforma a los artículos 7 y 8 de la Ley N.º 8718, con el fin de redistribuir las utilidades netas que genera la Junta de Protección Social (JPS). Estas utilidades serían dirigidas parcialmente a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo, organización sin fines de lucro encargada de liderar el proyecto. La nueva casa para cuidados paliativos ofrecería atención médica, acompañamiento emocional, asistencia domiciliaria y espacios de albergue para las familias de los pacientes. Su construcción tendría un costo total estimado de 10,7 millones de dólares, distribuidos en tres fases: planeamiento, construcción y equipamiento.
Para viabilizar este ambicioso plan, el expediente legislativo contempla asignar un 6% de las utilidades netas de la JPS y un 2% de las utilidades de la lotería instantánea a la Fundación, además de establecer que estas asignaciones estén vigentes durante cinco años. También se propone aumentar la participación de otros sectores beneficiarios, como las instituciones médicas públicas, que pasarían de recibir el 7% al 8% de las utilidades, y los programas para personas adultas mayores, que subirían del 23% al 24%. Aunque se mantiene el 6.5% destinado a los centros diurnos para personas mayores, la creación de una nueva obligación financiera sin ampliar la base de ingresos compromete el equilibrio general del sistema.
La Junta de Protección Social ha manifestado su preocupación ante este panorama. Señala que la totalidad de los fondos disponibles ya están comprometidos y que, de aprobarse este proyecto en su forma actual, la distribución de utilidades alcanzaría un inviable 102%. Esta sobreasignación no solo es técnicamente insostenible, sino que obligaría a realizar recortes en sectores que actualmente reciben financiamiento. Uno de los más amenazados es precisamente el de los programas dirigidos a personas adultas mayores.
Actualmente, más de 140 organizaciones e iniciativas sociales brindan atención integral a esta población a través de centros diurnos y hogares de larga estancia. Estos programas ofrecen servicios vitales como alimentación, transporte, estimulación cognitiva, atención médica y recreación, y ya enfrentan enormes desafíos financieros debido a la creciente demanda, la insuficiencia de personal, la obsolescencia de la infraestructura y el escaso acceso a transporte adaptado. Según estimaciones de la propia JPS, la reasignación de fondos propuesta podría implicar una pérdida de hasta 100 millones de colones anuales para este sector. Un recorte de tal magnitud significaría la suspensión de servicios, la reducción de horarios, la desvinculación de personal especializado y, en casos extremos, el cierre de centros o la imposibilidad de recibir nuevos beneficiarios.
Las consecuencias no se limitarían únicamente a las personas mayores. Muchas familias dependen de estos centros para el cuido diurno de sus parientes mientras trabajan, por lo que una interrupción de estos servicios también afectaría la economía y estabilidad emocional de cientos de hogares costarricenses.
Este caso ilustra con claridad los riesgos de tomar decisiones políticas sin considerar adecuadamente los criterios técnicos. Cuando se ignoran los límites presupuestarios, los análisis de impacto y la necesidad de sostenibilidad, las políticas públicas pierden eficacia, y se corre el riesgo de priorizar necesidades con base en visibilidad mediática o presión social, más que en urgencia o justicia distributiva. La gerencia social exige decisiones fundamentadas en evidencia, donde se analicen los efectos colaterales de cada acción y se garantice que las soluciones para un sector no se conviertan en nuevas carencias para otro.
Ante esta situación, la Junta de Protección Social ha propuesto alternativas más responsables. Entre ellas, que la Fundación Pro-Unidad de Cuidados Paliativos presente su proyecto dentro del marco institucional vigente, como lo hacen otras organizaciones que acceden a fondos mediante convocatorias abiertas y criterios establecidos. Asimismo, sugiere explorar alianzas con entidades como el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), donde una institución construya y otra equipe, o recurrir a fuentes complementarias de financiamiento como cooperación internacional, donaciones estructuradas o alianzas público-privadas.
La población beneficiada por la Fundación Pro-Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos está compuesta por niños y adolescentes con enfermedades en fase terminal o condiciones de vida limitada. Según la justificación presentada en el Proyecto de Ley 24.072, la Fundación actualmente atiende a aproximadamente 1.200 menores de edad por año. Con la construcción de la Nueva Casa para los Cuidados Paliativos Pediátricos, se proyecta ampliar esa cobertura a unos 3.000 menores anualmente. Además de la atención médica especializada, el modelo contempla un enfoque integral que incluye el acompañamiento psicosocial, espiritual, educativo y material a las familias de los pacientes. De este modo, la población beneficiada no se limita únicamente a los menores que recibirán los cuidados directos, sino que también abarca a sus cuidadores y núcleos familiares, aunque no se especifica una cifra exacta de este grupo indirecto.
En contraste, la población beneficiada por los centros diurnos y hogares de larga estancia para personas adultas mayores es considerablemente más amplia. De acuerdo con datos proporcionados por la Junta de Protección Social (JPS), existen en Costa Rica más de 140 organizaciones dedicadas a la atención de esta población, muchas de las cuales son financiadas parcialmente por la JPS. La Junta de Protección Social atiende a más de 50.000 personas beneficiarias cada año por medio de las organizaciones que ejecutan programas sociales en el país. Los centros diurnos brindan atención integral durante el día, incluyendo alimentación, estimulación cognitiva, atención médica y social, transporte adaptado y actividades recreativas. Por su parte, los hogares de larga estancia ofrecen alojamiento permanente, cuidados integrales y servicios de salud para personas mayores en situación de abandono, dependencia o vulnerabilidad extrema. A esta población directa se suma una población indirecta igualmente significativa, conformada por familiares cuidadores, personal técnico y profesional, así como comunidades locales que se benefician del funcionamiento de estos servicios.
Esta comparación evidencia una diferencia sustantiva en la magnitud del impacto poblacional entre ambos grupos beneficiarios, lo que resulta clave al evaluar las consecuencias de redistribuir recursos dentro del sistema de protección social.
El Proyecto 24.072 representa una propuesta bien intencionada, enfocada en una causa humanitaria que merece atención. No obstante, no puede ignorarse que su aprobación sin un rediseño financiero adecuado pone en riesgo la estabilidad de un sistema social que atiende a miles de personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad. Estos programas no solo son esenciales para la vida digna de quienes envejecen, sino que también constituyen un pilar para las familias cuidadoras y para la sostenibilidad de los sistemas de salud y protección social del país.
En gerencia social, no basta con actuar desde la emoción. Se requiere una mirada técnica, equilibrada y sostenible, que garantice justicia social sin sacrificar a unas poblaciones vulnerables por beneficiar a otras. La solidaridad no debe ser selectiva; debe construirse sobre la base de la equidad y el respeto por la dignidad de todos los sectores sociales.
Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.
