La Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica enfrenta una crisis en la gestión de residuos sólidos. En unos pocos meses, el relleno de La Carpio cumplirá su vida útil, y el único relleno sanitario habilitado para recibir toda la basura de esta región es El Huazo, en Aserrí. Sin embargo, su capacidad también se agotará en algunos meses, lo que hace imperativo encontrar una solución viable para la disposición de los desechos.

Uno de los mayores desafíos de este tema es la falta de sitios predestinados para la disposición de basura en la GAM. Los procesos y trámites para establecer un relleno sanitario son largos y complejos, lo que ha llevado a que empresarios privados, con “visión de negocio”, adquieran de forma sigilosa y anticipada terrenos estratégicos con la intención de desarrollar estos proyectos, y, cuando la necesidad se vuelve inminente, los ofrecen (muy oportunamente) para su desarrollo. En la mayoría de casos, estos procesos han sido cuestionados por su legalidad y transparencia, ya que los permisos ambientales, legales y de uso de suelo se han obtenido en circunstancias dudosas y hasta en contra de planes reguladores, lo que genera más descontento y preocupación entre los vecinos de estos terrenos.

El Ministerio de Salud está impulsando el proyecto de ley 24.251 para el fortalecimiento de su rectoría y para la regionalización de la disposición de la basura, lo cual, a primera vista, tiene sentido: que cada región se haga cargo de sus propios desechos. El punto conflictivo de esto es la potestad que se le otorgaría al Ministerio, por encima de las municipalidades, para disponer de los espacios o lugares que consideren oportunos en cada región para abrir un relleno sanitario, otorgando permisos de uso de suelo sin la necesidad del visto bueno de los gobiernos locales.

Con esta idea de la regionalización, se pretende que la basura de la GAM sea gestionada por medio de un proyecto llamado relleno sanitario Bajo Pita, en San Miguel de Turrúcares. Este proyecto ha sido promovido como un “Parque de Tecnología Ambiental”; sin embargo, su posible implementación ha generado una fuerte oposición por parte de la comunidad, que ha estado organizada desde hace más de diez años en una lucha legal contra esta iniciativa. Los impactos negativos para la comunidad son muchos, y los vecinos de Turrúcares lo saben: deterioro de vías, congestión vial, contaminación, malos olores, lixiviados en las calles, desvalorización de las tierras; en fin, un detrimento en la calidad de vida.

La Comisión Lucha Contra el Relleno Sanitario en Turrúcares, además, argumenta que la finca donde se pretende instalar el relleno sanitario está en una zona residencial y de protección ambiental, al encontrarse dentro de la cuenca del río Virilla y la quebrada Bajo Pita. Asimismo, que en 2011 EBI Costa Rica obtuvo cuatro usos de suelo, pero en 2016, y nuevamente en 2024, se presentaron procesos de lesividad para revocar estos permisos, basándose en el plan regulador del cantón.

Por ahora, la Municipalidad de Alajuela tiene frenado este proyecto, pero será cuestión de tiempo para que la presión del gobierno, la Asamblea y de los demás municipios haga efecto, sin contar con la posible aprobación del proyecto de ley mencionado, lo cual sería determinante. La necesidad de un nuevo lugar para disponer la basura es inminente, y, a pesar del gran esfuerzo de la comunidad por evitar que sea en su distrito, toda la institucionalidad referente a la materia está enfocada y tiene como alternativa clave a Bajo la Pita.

Dado lo inevitable del problema, es fundamental que las autoridades no solo impongan la apertura de un relleno sanitario, sino que lo hagan con medidas de mitigación claras y con un plan de compensación social significativo. Si bien es cierto que “en algún lugar hay que hacerlo”, sería justo que, al menos, se reconozca de alguna forma tal obligación.

La comunidad de Turrúcares ha manifestado su disposición de recurrir a mecanismos de presión social del nivel que sea necesario si la iniciativa avanza, al igual que lo harán si las promesas de mitigación no se cumplen. Aunque no se han registrado manifestaciones violentas hasta el momento, existe una creciente preocupación por la falta de garantías reales en la implementación del proyecto. Por ello, la transparencia y el cumplimiento efectivo de los acuerdos son esenciales para evitar tensiones sociales y garantizar una solución equitativa para todas las partes.

Propuestas para una implementación responsable

Algunas de las acciones que podrían garantizar una implementación más equitativa son:

  • Compensación social y económica: Implementación de programas de desarrollo comunitario, mejoras en infraestructura, en servicios básicos y proyectos de bienestar social. Asimismo, establecer un modelo de exenciones fiscales para las propiedades y comunidades vecinas.
  • Emprendimiento y empleo: Generación de oportunidades laborales para los habitantes de la comunidad, incentivando su inclusión en la operación y gestión del relleno sanitario. Además, crear un programa para el desarrollo de emprendimientos locales vinculados al reciclaje, la economía circular y la revalorización de residuos.
  • Canon por tonelada ingresada: Se podría establecer un esquema de compensación económica en el cual cada tonelada de residuos que ingrese al relleno sanitario genere un ingreso para la comunidad, administrado por alguna organización comunal o municipal. Podría usarse la figura de las SPEM (Sociedades Públicas de Economía Mixta).
  • Fondos fiduciarios o de inversión social: Creación de un fondo de compensación fiduciario, en donde, con aportes de la empresa administradora del relleno, en conjunto con aportes comunales y del gobierno local, se garanticen recursos para proyectos comunitarios y ambientales, como el monitoreo de agua, aire y suelo, reforestación, control de lixiviados, entre otros.
  • Infraestructura vial alternativa y horarios de ingreso: Habilitación de rutas específicas para los camiones recolectores, evitando su paso por los lugares más poblados, así como franjas horarias en las que los camiones no puedan circular por el distrito. Para el caso de Bajo la Pita, existen caminos locales y rutas en fincas cercanas que podrían adaptarse para conectar a San Miguel con la carretera hacia Siquiares y luego con la Ruta 27, minimizando la afectación a la comunidad.
  • Rehabilitación del ferrocarril como alternativa logística: Actualmente, existe infraestructura ferroviaria abandonada que podría reactivarse para el transporte de residuos desde la GAM hasta la zona. Esta opción reduciría significativamente el tráfico de camiones, disminuyendo la congestión y el impacto ambiental en las calles de la comunidad.

Un reto que va más allá de Bajo la Pita

La crisis en la GAM refleja una falla estructural en la planificación nacional del manejo de residuos. La urbanización acelerada y el consumo masivo han incrementado la producción de desechos, y el país necesita políticas sostenibles de largo plazo para enfrentar este problema.

Pero no todo recae en el Estado o las empresas. Cada persona tiene un rol en la solución, desde el hogar: reducir el consumo, reciclar, separar adecuadamente los residuos y adoptar prácticas más conscientes. Solo así construiremos un modelo de gestión más justo y respetuoso con el ambiente.

En definitiva, no se trata de oponerse sin alternativas, sino de exigir que, si el relleno sanitario es inevitable, se implemente con justicia, bajo compromisos reales, con compensaciones adecuadas y un plan de mitigación que proteja a las comunidades. Solo así evitaremos repetir errores del pasado y enfrentaremos los desafíos actuales con responsabilidad compartida.

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