Canciller Arnoldo André será interpelado este miércoles sobre el acuerdo migratorio con Estados Unidos.

Human Rights Watch, una de las organizacion no gubernamentales (ONG) más importantes y reconocidas del mundo pidió este martes al gobierno de Costa Rica a hacer público su acuerdo migratorio con Estados Unidos y garantizar que los migrantes deportados por EE.UU. puedan solicitar asilo en el país.

El llamado ocurrió en vísperas de la interpelación de la Asamblea Legislativa al canciller Arnoldo André Tinoco ante la Asamblea Legislativa que tendrá lugar este 19 de marzo, donde se espera que brinde detalles sobre el convenio con Washington que permitió la llegada de 200 personas deportadas, entre ellas 80 niños, a un centro de recepción de migrantes en Puntarenas.

Los migrantes provienen de Afganistán, China, Irán, Rusia, Uzbekistán, Vietnam y otros países de Asia Central, y fueron trasladados a Costa Rica en dos vuelos de deportación en febrero. Estados Unidos ha enviado grupos similares a Panamá y El Salvador en los últimos días.

Michael Garcia Bochenek, asesor senior de derechos de la niñez en Human Rights Watch, criticó la postura de Costa Rica ante estos traslados y exigió garantías para las personas deportadas.

"Costa Rica no debe ser cómplice de los flagrantes abusos de EE.UU.", afirmó Bochenek.

Las autoridades costarricenses deben identificar rápidamente posibles solicitudes de refugio y garantizar que nadie sea devuelto a un lugar donde corra riesgo de sufrir daños graves".

Según Human Rights Watch, al menos cinco personas deportadas a Costa Rica aseguraron haber solicitado protección internacional a funcionarios estadounidenses, pero sus peticiones fueron ignoradas.

Una mujer iraní de 23 años dijo que huyó de Irán tras convertirse al cristianismo. Después de una entrevista de "miedo creíble" con un oficial de asilo en febrero, agentes de inmigración le dijeron que sería deportada a Irán. Sin embargo, fue enviada a Costa Rica.

Una mujer de 39 años y su hijo de dos años pidieron asilo en Yuma, Arizona, pero fueron enviados a Costa Rica sin una audiencia ante un juez de inmigración.

Una familia afgana fue separada: una mujer fue deportada a Panamá, su esposo quedó retenido en EE.UU., y su hermana, cuñado y sobrino de 14 meses fueron enviados a Costa Rica. Ambos hombres trabajaban para el gobierno afgano derrocado, lo que los pone en riesgo de represalias del Talibán.

Un matrimonio ruso y su hijo de 6 años afirmaron que huyeron tras denunciar fraude electoral en Rusia en 2024. A pesar de haber pedido asilo "muchas veces", fueron ignorados y enviados a Costa Rica.

El presidente Rodrigo Chaves Robles y el director de Migración, Omer Badilla, aseguraron inicialmente que los deportados estaban en Costa Rica "solo de paso", con un permiso de 30 días para continuar hacia sus países de origen u otro destino. Sin embargo, la orden de ingreso especial no menciona explícitamente el derecho de estas personas a solicitar refugio ni contempla su permanencia en el país por razones distintas a la logística de viaje.

El gobierno ha reconocido que Estados Unidos está cubriendo los costos de alojamiento de los migrantes en Costa Rica.

Chaves justificó la decisión con argumentos económicos: "Estamos ayudando al hermano poderoso del norte. Si nos pone un impuesto aquí en Zona Franca, nos friegan", declaró.

Los migrantes están alojados en un centro de recepción en Corredores, Puntarenas, cerca de la frontera con Panamá.

Human Rights Watch señaló que, si bien han recibido alojamiento, comida y un trato digno por parte del personal, las condiciones no son aptas para niños:

  • Clima cálido y húmedo, lo que ha afectado la salud de los menores.
  • Falta de acceso a educación o actividades recreativas.
  • Las autoridades costarricenses retienen los pasaportes y documentos de identidad de los migrantes.

HRW destacó que la Defensoría de los Habitantes ha expresado preocupación por la situación en el centro de detención y cuestionó el impacto en la niñez migrante.

"No hay excusa para que Costa Rica no proteja los derechos y el bienestar de los niños que ha detenido tras su deportación de EE.UU.", advirtió Bochenek.

Ante la comparecencia del canciller André Tinoco en la Asamblea Legislativa, Human Rights Watch exigió transparencia sobre el acuerdo con EE.UU. y que se garantice el acceso al derecho de asilo para los migrantes deportados.

"El gobierno costarricense debe explicar cómo respetará el derecho de estas personas a solicitar refugio y qué esfuerzos hará para que quienes fueron deportados injustamente puedan regresar a EE.UU.", concluyó la organización.