Detonación provocó daños estructurales, físicos y emocionales a decenas de familias.
El 9 de diciembre de 2022, una explosión de dinamita sacudió el barrio Las Palomas en Playas del Coco, Guanacaste. La detonación —realizada ilegalmente en el Lote 21 del condominio Coco Bay, por la Constructora MAS S.A.— lanzó rocas a gran velocidad sobre viviendas, vehículos y personas. Más de 39 familias resultaron afectadas: casas con daños estructurales, personas heridas, niños con crisis nerviosa, adultos mayores con lesiones y pérdidas materiales severas.
Más de dos años después, no hay una sola reparación, ni una sola condena. El caso sigue impune.
Manifestación que se realizó frente a la entrada del Condominio Horizontal Residencial Bahía de Cocos conocido como Coco Bay.
Un desastre que pudo evitarse
De acuerdo con la documentación compartida por el equipo legal Libre Verdad, la empresa a cargo de las detonaciones no contaba con los permisos para operar en el Lote 21 de la finca.. Aunque tenía autorización para dinamitar en otra propiedad, trasladó la operación a Coco Bay sin las debidas licencias, provocando lo que los vecinos describen como un “sismo” que estremeció sus viviendas y su cotidianidad.
Testimonios recabados en su momento por medios como La Teja y Diario Extra relatan cómo enormes piedras cayeron sobre techos, rompieron paredes, afectaron muebles y electrodomésticos, y casi causan una tragedia mayor. Una cámara de seguridad captó la serie de explosiones; en uno de los videos, una roca impacta directamente el lente.
Un informe técnico del Ministerio de Seguridad Pública confirmó el uso de nitrato de amonio como explosivo, sin control ni autorización. Se localizaron restos de mecha lenta y material sin detonar en el sitio.
El impacto fue inmediato. El informe policial detalla múltiples víctimas: personas lesionadas por rocas, mujeres embarazadas con crisis nerviosas, adultos mayores con hipertensión, y menores con heridas físicas. La Cruz Roja atendió en sitio a más de una decena de personas.
Entre los daños materiales se reportaron techos perforados, paredes agrietadas, electrodomésticos destruidos, vehículos golpeados, patios destrozados y estructuras inestables. Los vecinos recabaron gran cantidad de evidencia fotográfica que Delfino.CR revisó, constatando la severidad de los daños.
Dos años después: impunidad y silencio
Los vecinos, representados por el equipo jurídico de Libre Verdad, aseguran que desde el evento han intentado todo tipo de acciones legales y administrativas, sin éxito. Entre los hechos más recientes de su cruzada sostienen que:
- La empresa MAS, el condominio Coco Bay y la Municipalidad de Carrillo han eludido su responsabilidad.
- El propietario del terreno, Igor Kotler, está desaparecido desde agosto de 2024. Aunque se presume fallecido, no hay declaración oficial.
- La finca está a nombre de una sociedad representada por Juri Zanella y Yuri Siniak, quienes tampoco han asumido responsabilidad. Zanella, además de representar a la sociedad propietaria del Lote 21, forma parte de la Junta Directiva del condominio Coco Bay.
- Se les ofreció una indemnización de $12.000 dólares en total, suma que califican como insuficiente e irrespetuosa. Según los vecinos, fue la junta directiva del condominio quien hizo la oferta, alegando que ese era el monto que iban a pagar a sus abogados por defenderlos en la demanda, y que preferían ofrecérselo a las familias afectadas
- Un muro de contención prometido nunca se construyó, lo que mantiene una amenaza latente en caso de lluvias o sismos. La responsabilidad de construirlo corresponde al condominio, pero según reportan los vecinos, el tema ni siquiera ha sido discutido en asambleas y todo apunta a que no hay voluntad de invertir en ello.
La comunidad presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en marzo de 2023. La Sala lo rechazó por motivos formales, al considerar que iba dirigido contra la municipalidad y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
También intentaron activar un proceso civil para suspender la obra, pero el propietario de la finca, Igor Kotler, se volvió ilocalizable. Para cuando pudieron avanzar en el trámite, la construcción ya había concluido.
Finalmente presentaron una denuncia penal por daños y lesiones, que ha estado a punto de archivarse en al menos dos ocasiones. En febrero de 2025, lograron revertir el último intento de archivo. El expediente fue reasignado a otro juez, y se espera audiencia para oponerse formalmente a la desestimación solicitada por el Ministerio Público.
Por lo pronto el tiempo pasa y los responsables materiales y legales de la obra permanecen sin consecuencias.
Una de las rocas de notable tamaño que cayó tras la explosión.
Un símbolo de la gentrificación desregulada
El caso ha sido descrito por sus representantes legales como un ejemplo del impacto de la gentrificación desregulada en zonas costeras de Costa Rica, donde desarrollos inmobiliarios de lujo han avanzado a costa del entorno, de la ley y de las comunidades locales.
"Se ha permitido que inversionistas extranjeros avancen con proyectos sin respetar leyes nacionales, dejando de lado a los más vulnerables. En este caso, se han ignorado derechos fundamentales de los habitantes. Las autoridades, en lugar de ayudar, han dado la espalda", señalan en su denuncia.
“La explosión de Las Palomas no fue un accidente. Fue el resultado de decisiones ilegales, omisiones institucionales y desprotección estructural. Más de dos años después, nadie ha rendido cuentas”, concluyeron.
