En la Inglaterra de 1865, se aprobó una ley llamada Locomotive Act (Ley de Locomotoras), conocida popularmente como la "Ley de la Bandera Roja".

Esta legislación exigía que los vehículos autopropulsados, o carros (como les decimos en Costa Rica), fueran precedidos por un peatón que caminara 60 yardas (54 metros) delante del vehículo, agitando una bandera roja para advertir a los demás usuarios de la vía pública que se acercaba un vehículo.

Además, la ley imponía restricciones que hoy parecen absurdas: límites de velocidad extremadamente bajos —10 millas por hora en campo abierto y solo 5 en áreas urbanas—, la exigencia de que al menos dos personas operaran la locomotora en todo momento y la obligación de detenerse y ceder el paso ante carruajes impulsados por caballos.

En consecuencia, la industria automotriz británica quedó rezagada en comparación con países como Alemania e Italia, que no implementaron restricciones tan severas. En Estados Unidos, la regulación de los automóviles comenzó mucho después. Nueva York fue el primer estado en requerir el registro de vehículos en 1901, permitiendo así un desarrollo más dinámico de la industria y la infraestructura automotriz.

La Ley de Locomotoras permaneció en vigor hasta 1896, dejando un impacto duradero en la competitividad británica. Su derogación permitió a la industria automotriz del país comenzar a ponerse al día, pero con un retraso de más de 35 años.

Una lección histórica

La historia de la "Ley de la Bandera Roja" sirve como advertencia para quienes crean legislación hoy. Si bien la regulación es esencial para garantizar la seguridad y mitigar riesgos, es crucial encontrar un equilibrio entre supervisión y fomento de la innovación.

Las regulaciones excesivamente restrictivas, apresuradas o mal diseñadas pueden frenar el progreso y obstaculizar el desarrollo de tecnologías con gran potencial.

En la actualidad, enfrentamos un escenario similar con el avance de la inteligencia artificial (IA), pero con un agravante: el ritmo del desarrollo tecnológico es exponencial (como nunca lo hemos visto en la historia). Una legislación mal concebida hoy podría tener efectos tan nocivos en apenas 12 o 24 meses como los que la "Ley de la Bandera Roja" tuvo durante 35 años.

Síntomas modernos

En 2021, la UNESCO adoptó la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, respaldada por 193 países. Su objetivo era establecer directrices sobre equidad, transparencia, privacidad y responsabilidad en la IA. Sin embargo, este documento fue elaborado antes del auge de la IA generativa con el lanzamiento de ChatGPT en 2022. En solo cuatro años, muchas de sus premisas han quedado obsoletas. Aunque partía de un enfoque ético tradicional, su falta de adaptación a la realidad tecnológica podría frenar la innovación en lugar de guiarla.

La Unión Europea, por su parte, aprobó en 2024 el AI Act, una legislación que clasifica la IA en cuatro niveles de riesgo: inaceptable, alto, limitado y mínimo. Este marco regulatorio impone elevados costos de cumplimiento y centraliza la supervisión, contrastando con modelos más flexibles adoptados en Estados Unidos y el Reino Unido.

Uno de los aspectos más polémicos es la clasificación de la IA de propósito general (GPAI), como GPT-4 —que ya ha sido ampliamente superado por modelos más avanzados tanto de OpenAI como de la competencia estadounidense y china—, dentro de la categoría de "riesgo sistémico" si posee capacidades avanzadas. Esta regulación, además de ser divisiva, puede frenar la innovación y reducir la competitividad de la UE en tecnología.

Muchas funcionalidades disponibles en otros países están restringidas en Europa, afectando a empresas y usuarios. La normativa crea barreras para las startups y favorece a grandes corporaciones que pueden costear el cumplimiento regulatorio. Además, la falta de claridad en la definición de IA y sus criterios de evaluación genera incertidumbre y ralentiza el desarrollo de nuevas aplicaciones.

El escenario de Costa Rica

En Costa Rica, actualmente hay tres proyectos de ley en la corriente legislativa que buscan regular la IA: 23.771, 23.919 y 24.484. La intención en la Asamblea Legislativa es fusionarlos en un solo texto para simplificar el proceso legislativo.

Desde una perspectiva responsable, los dos primeros proyectos no merecen mayor consideración, pues parecen más una táctica de relaciones públicas que un esfuerzo serio por legislar. El tercero, aunque mejor redactado en términos de lenguaje y conceptos, cae en la categoría de regulación altamente restrictiva y anticipada, basada en premisas desactualizadas. De hecho, incluye secciones prácticamente inspiradas en el documento de la UNESCO y la IA ACT, reflejando un claro ejemplo del 'Efecto Bruselas', donde regulaciones europeas tienden a influir en legislaciones globales debido al peso económico del bloque.

Algunos de los principales problemas de esta propuesta incluyen:

  • Aplicación extraterritorial irreal e imposible de implementar.
  • Barreras burocráticas que obstaculizan el emprendimiento y la innovación.
  • Cargas excesivas de transparencia que generan conflictos con la protección de datos y los secretos industriales.
  • Falta de precisión en prohibiciones y excepciones, lo que crea inseguridad jurídica.
  • Severas restricciones a la investigación y desarrollo por la regulación de propiedad intelectual.
  • Dificultades en la capacidad y recursos del ente rector encargado de hacer cumplir la regulación.

Si bien la intención puede ser correcta, estos proyectos representan una amenaza adicional a los desafíos inherentes al cambio de paradigma social y tecnológico que estamos viviendo.

Costa Rica ante el desafío y la oportunidad de la IA

Según el Informe sobre el Futuro de los Empleos 2025 del Foro Económico Mundial, un 40% de los empleadores planea reducir personal a medida que sus habilidades se vuelven menos relevantes, mientras que otro 40% anticipa una reducción de su fuerza laboral a medida que la IA automatiza tareas.

En Costa Rica, el sector formal de servicios y manufactura emplea a más de 180 mil personas. ¿Qué ocurrirá en los próximos 12 a 24 meses cuando desaparezcan paulatinamente al menos 72 mil empleos?

Ante estos retos —que son solo algunos de los muchos desafíos que enfrentamos—, si adaptamos y utilizamos la IA de manera estratégica, tenemos la oportunidad de construir un ecosistema de primer nivel en investigación, desarrollo e innovación. Esto permitiría generar empleos de nueva generación, impulsar la creación y consolidación de startups tecnológicas costarricenses, fortalecer el ecosistema de innovación, mejorar nuestros servicios públicos y privados, elevar la expectativa y calidad de vida, fomentar la inclusión digital, fortalecer la clase media y abrir camino hacia una nueva era de bienestar y desarrollo sostenible.

Para lograrlo, necesitamos un entorno legal adecuado, diseñado con criterio y visión de futuro. Este no es el momento de crear una nueva "Ley de la Bandera Roja", sino de convocar a las mejores mentes del país para establecer mesas de diálogo multisectoriales. Estas mesas deben contar con la participación de universidades, cámaras empresariales y el gobierno, además de convocar a un grupo de notables costarricenses que lideren este esfuerzo de manera ad honorem. Asimismo, es fundamental traer a expertos y expertas de los laboratorios de desarrollo de IA para conocer de primera mano lo que se proyecta en los próximos 18 meses y discernir las consecuencias de la "explosión de la inteligencia", con el fin de evitar una "explosión social".

La tradición costarricense de “aclarar primero los nublados del día” nos ha permitido anticiparnos en momentos cruciales. Ahora debemos hacerlo de nuevo, asegurando que la regulación impulse la innovación en lugar de sofocarla.

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