Aunque cueste creerlo, originalmente cuando Nayib Bukele inició su campaña para reformar la Constitución y desmantelar el Estado de Derecho en El Salvador, desde su gobierno se proponían reformas para permitir el aborto terapéutico, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el derecho a la eutanasia y muerte digna. Pero hacia mediados del 2021 la Conferencia Episcopal de El Salvador ejerció fuerte presión contra estos cambios, por lo que Bukele —como buen dictador—, al darse cuenta que podía perder votantes y sectores de apoyo influyentes, dio un giro hacia donde más lo calentara el sol.

Por eso cedió y anunció que no se reformaría ningún artículo referente a la vida o al matrimonio, y mantuvo la legislación ultra conservadora y arcaica que castiga a la mujer en ese país con penas de hasta 40 años de prisión en ciertos supuestos de aborto. Esas grotescas penas draconianas (de las más altas del mundo por ese delito) no han influido en lo más mínimo en reducir la cantidad de abortos que se dan en ese país. De igual forma, la existencia de ese delito tampoco ha influido en nada en Costa Rica para reducir la cantidad de abortos que se practican.

Pena no cumple fines preventivos

La “cifra negra” de abortos en nuestro país es de prácticamente el 100%, ya que por la especial naturaleza de esos hechos, suceden siempre en la clandestinidad, sin pruebas ni denunciantes. Incluso en la última década ni siquiera se encuentran en los registros judiciales casos de condenas por el delito de aborto en Costa Rica, sencillamente porque no son delitos que lleguen siquiera a ser tramitados en el ámbito judicial.

En otras palabras, las complejas e innegables circunstancias sociales, económicas y culturales que existen alrededor del aborto llevan a que su penalización no cumpla el más mínimo fin de prevención general, ya sea positiva (educar a la población sobre cuales conductas son punibles) o negativa (intimidar con la amenaza de la pena para desincentivar la comisión de conductas preventivas).

Ese mensaje preventivo —que es lo único que puede legitimar las penas de prisión en un sistema democrático—, es absolutamente inservible en el caso del aborto, porque no llega a sus destinatarios por la complejidad social inmersa en ese tipo de hechos.

Derecho penal simbólico

Por eso el proyecto de ley que anunció el Ejecutivo en su show semanal para aumentar las penas de los  delitos de aborto —artículos 118 y 119 del Código Penal—, que ya de por sí no inciden en lo más mínimo en reducir esa conducta (lo cual más bien debería llevar a su despenalización), no es más que otro acto populista y meramente simbólico por parte del presidente, diseñado para quedar bien con ciertos grupos conservadores y votantes incautos a costas de los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo, los cuales se pretenden utilizar como moneda de cambio político. Para ser más claro, al presidente Rodrigo Chaves y al actual gobierno no le importan en lo más mínimo los derechos de los no nacidos, así como a Bukele no lo desvelan ni le interesan los derechos fundamentales de nadie (para muestra las más de 86 mil personas —equivalentes a más de 2% de toda la población de ese país— que tiene ilegalmente privadas de libertad sin condena, ni proceso ni garantías de ningún tipo).

Rodrigo Chaves lleva tiempo ya imitando al pie de la letra las mismas acciones que llevó a cabo Bukele para instaurar una dictadura en su país, y el siguiente paso en la lista era proponer aumentos de penas inservibles en delitos que tocan fibras religiosas, para así crear la ilusión de estar protegiendo vidas indefensas.

Aumento de abortos y disparidad social

Lo cierto es que “el derecho a la vida” es lo que menos le importa a la agenda del gobierno con esta nefasta propuesta de reforma legal, y así lo demuestra la decisión de eliminar el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública, a pesar de que estadísticamente han sido sumamente efectivos en los últimos años en reducir los embarazos adolescentes no deseados.

Paralelo a eso ahora se plantea aumentar la criminalización de las mujeres que se encuentren en esa difícil y extenuante posición, que en los próximos años sin duda alguna aumentarán, al haberse eliminado las políticas públicas preventivas en temas sexuales, que eran las que realmente abordaban esta problemática de forma preventiva.

Lo único que esas reformas de las penas del delito de aborto lograrían sería incrementar la disparidad social de género, ya que las mujeres que tengan los medios seguirán abortando en clínicas privadas o fuera del país en la misma medida —como siempre ha sucedido—, y las mujeres pobres sin acceso a esos medios también seguirán abortando, pero en condiciones de mayor clandestinidad que terminarán poniendo en mayor riesgo sus vidas, o traerán niños al mundo que caerán en estado de abandono o peor, al no tener la capacidad de velar por ellos.

Populismo punitivo

Todo esto el presidente Chaves lo sabe a la perfección, pero igual continúa vendiendo humo con propuestas simplistas de reformas penales inservibles y sin el más mínimo sustento técnico que las justifique, porque su único interés real no tiene nada que ver con la supuesta defensa de la vida, sino con proyectar una falsa imagen de dureza y que así continúen los vacíos aplausos de la turba enardecida.

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