La Zona Norte de Cartago, donde se produce más del 80% de las hortalizas que consumimos y reconocida como uno de los motores agrícolas de Costa Rica, sufre un abandono sistemático por parte de las autoridades, mientras los agricultores y consumidores luchan contra precios exorbitantes, el cambio climático y la falta de políticas públicas sostenibles.

El precio de productos como el tomate, la cebolla, la papa y el brócoli sigue en alza, y aún desconocemos cuándo se estabilizará. Este fenómeno no es culpa exclusiva del clima, sino el resultado de la indiferencia de un sistema que nos ha transformado en consumidores pasivos, más que en una sociedad productora.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) parece haberse convertido en una oficina burocrática desconectada de la realidad. Los agricultores no necesitan conferencias de prensa ni visitas protocolares anuales como las del 14 de septiembre; necesitan acción. Requieren autoridades con botas en el campo, inspeccionando de primera mano y trabajando codo a codo con ellos.

La ausencia de políticas y estrategias que atraigan a las nuevas generaciones al agro pone en peligro la seguridad alimentaria del país. ¿Cómo se puede hablar de seguridad si no hay incentivos para producir hortalizas ni una acción gubernamental que responda a emergencias como la que enfrentamos actualmente?

Sin cambios inmediatos, estamos condenados a pagar precios cada vez más altos por alimentos básicos y productos esenciales como las hamburguesas y las ensaladas.

Las políticas agrícolas no pueden depender de la visión limitada de un gobierno de cuatro años. Se requiere un compromiso nacional a largo plazo, que trascienda administraciones y enfrente los retos del cambio climático, la dependencia de agroquímicos y la falta de infraestructura.

Historias como la de familias que han perdido todo debido a la falta de apoyo y políticas públicas insuficientes ponen un rostro humano a esta crisis. Es urgente tomar medidas concretas para detener este deterioro y garantizar condiciones dignas y justas para quienes trabajan la tierra.

Infraestructura colapsada: la Ruta 230

La Ruta 230, que conecta Oreamuno, Alvarado y Turrialba, es un reflejo del abandono. Los constantes llamados de atención han sido ignorados. Llena de huecos, sin señalización ni iluminación, esta carretera no solo afecta el transporte de mercancías agrícolas, sino también el turismo. ¿Cómo puede una región que recibe más de 80 mil turistas anualmente seguir siendo atractiva si llegar a ella es un desafío mortal?

El turismo podría ser un motor económico clave, especialmente en eventos como la Feria del Queso en Santa Cruz de Turrialba o las visitas a los volcanes Irazú y Turrialba durante los primeros meses del año. Desde la altura, los atardeceres son espectaculares y cada fin de semana decenas de personas se congregan en las faldas de estos colosos. Sin embargo, con una infraestructura vial en ruinas, este potencial se desperdicia.

La salud en riesgo

La comunidad de Cipreses de Oreamuno sigue esperando un nuevo centro de salud comprometido en la administración anterior, mientras el existente se cae a pedazos, afectado por las lluvias y el desinterés gubernamental.

A esto se suma la amenaza de una reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que busca legalizar niveles de plaguicidas en el agua hasta 800 veces superiores a los valores actuales. Esto, después de que los vecinos de Cipreses, San Pablo y Santa Rosa, en el norte de Oreamuno, reportaran contaminantes en sus asadas. Gracias al accionar comunitario, se realizaron análisis que garantizaron finalmente la potabilidad del agua.

El futuro de la Zona Norte

La situación en la Zona Norte de Cartago es insostenible. Necesitamos políticas agrícolas serias, infraestructura digna y autoridades comprometidas. Es hora de que las botas de hule vuelvan al campo y de que las promesas vacías se transformen en acciones reales.

El abandono no puede seguir siendo la norma. Merecemos un futuro mejor, y es nuestro derecho y responsabilidad exigirlo.

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