Diputados acusan a Chaves de interferir en la independencia del Poder Judicial y de amenazar la estabilidad democrática del país.
Un grupo de 20 congresistas, provenientes de cuatro fracciones políticas y dos diputadas independientes, presentaron una relación de hechos ante el Ministerio Público contra el presidente Rodrigo Chaves Robles. En el documento, señalan al mandatario de haber cometido graves delitos contra el orden constitucional tras una serie de declaraciones que, según los diputados, buscan desestabilizar la independencia de los poderes del Estado y debilitar la institucionalidad del país.
La gestión se originó después de la conferencia de prensa celebrada el pasado 25 de septiembre, en la que Chaves, acompañado por sus ministros y diputados de su fracción, emitió declaraciones agraviantes contra el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Policía Judicial. Según el documento, las afirmaciones del presidente, que calificaron a estas entidades de "abusivas", "intimidatorias" y parte de un "show" mediático y político, constituyen un claro acto de injerencia en las funciones judiciales del país, lo que podría configurar varios delitos estipulados en el Código Penal.
Los congresistas sostienen que las declaraciones de Chaves no solo son inadecuadas, sino que podrían ser interpretadas como instigación pública y propaganda contra el orden constitucional, tal como lo establece el artículo 280 del Código Penal costarricense. En particular, señalan que las palabras del presidente incitan a la resistencia contra las autoridades judiciales, lo que agrava su responsabilidad al ser jefe de Estado.
Durante la conferencia, Chaves insinuó que las investigaciones judiciales, como el escándalo del caso "Barrenador", tienen motivaciones políticas, lo que a juicio de los diputados compromete la credibilidad de los procesos legales y atenta contra la tranquilidad pública. Además, el mandatario acusó a magistrados del Poder Judicial de corrupción y tráfico de influencias, afirmaciones que los diputados consideran carentes de pruebas y dirigidas a desacreditar a los órganos de justicia.
Para los 20 congresistas firmantes, estas acciones representan un ataque directo a los pilares de la democracia costarricense. Los diputados subrayan que la Constitución Política establece la independencia de los poderes del Estado como un principio fundamental, y que cualquier intento por socavar esa independencia podría tener graves repercusiones en la estabilidad política y social del país.
Las manifestaciones del presidente podrían ser interpretadas, de acuerdo con el artículo 280 del Código Penal, como instigación pública, propaganda contra el orden constitucional y resistencia a la acción de las autoridades. Además, sus declaraciones, dirigidas a la opinión pública, sugieren la posibilidad de desestabilización social, lo que agrava aún más su responsabilidad".
Lea la relación de hechos haciendo click aquí.
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Esta noticia fue editada a las 9:14 pm del 16 de octubre de 2024 para precisar que lo presentado por las diputaciones es una relación de hechos, al ser una figura legal distinta a la denuncia penal propiamente.
