Durante las semanas recientes, a raíz de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la sociedad costarricense ha estado expuesta a una avalancha de información relacionada con el uso de los recursos destinados a las universidades públicas. Algunos sectores, en su afán de cuestionar la correcta utilización de estos fondos, han difundido datos erróneos, sesgados y, en algunos casos, malintencionados.
Un ejemplo claro es la viralización de la noticia de que las universidades no han ejecutado millones en recursos, lo que ha generado la percepción de que disponen de fondos excesivos o no utilizados. Sin embargo, pocos han aclarado que este superávit es consecuencia de la aplicación de la regla fiscal, que limita la inversión en infraestructura. Otra falacia, consiste en partir del hecho de que, si se les da a las universidades, lo acordado constitucionalmente, se le debe restar a otros sectores susceptibles socialmente. Este tipo de noticias distorsionadas, sumadas a la falta de comprensión sobre el verdadero rol de las universidades, socavan la confianza en estas instituciones y limitan el desarrollo del país.
Las universidades públicas han sido motores clave en el progreso de Costa Rica. A través de la investigación científica y la generación de nuevo conocimiento, han contribuido a resolver problemas nacionales en áreas como la agricultura, la industria y la tecnología, además de fomentar empresas basadas en innovación. En su labor formativa, preparan a profesionales para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado y en constante evolución.
Más allá de la formación técnica y profesional, los centros universitarios públicos, en su bloque de humanidades, promueven el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, fundamentales para una democracia sólida y la creación de ciudadanos comprometidos socialmente. Además, con su oferta académica en el ámbito cultural y artístico, contribuyen a una sociedad más sensible y creativa, enriqueciendo el tejido social mediante la promoción de la diversidad cultural.
Pero quizá, el aporte más destacado de las universidades públicas es su capacidad para impulsar la movilidad social. Instituciones como la Universidad Estatal a Distancia (UNED) brindan oportunidades a estudiantes de sectores vulnerables, incluyendo una población de casi tres mil personas estudiantes de pueblos originarios, es la única universidad en llegar a la población privada de libertad y más de un 60% de su población está conformada por mujeres, muchas de ellas de zonas rurales del país o provenientes de sectores vulnerables de la sociedad, ofreciendo una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de miles de personas.
Pero, ¿por qué persisten las discrepancias entre el verdadero quehacer universitario y la percepción de algunos sectores? Una de las principales causas es el rol de las redes sociales como fuente primaria de información. En estas plataformas, cualquier persona puede compartir información no verificada, que muchas veces responde más a intereses particulares que a hechos. Además, los algoritmos amplifican contenidos que refuerzan creencias previas, perpetuando mitos sobre el uso de los recursos universitarios.
A esto se suma el hecho de que algunos medios de comunicación replican opiniones sin verificar datos ni ofrecer una visión balanceada. Como resultado, proliferan ideas erróneas, como la supuesta falta de trabajo o el mal uso de los recursos económicos en las universidades públicas.
Esta desinformación tiene un impacto negativo preocupante: erosiona la confianza en estas instituciones y reduce el apoyo a la asignación de recursos necesarios para su operación, limitando así el acceso a una educación de calidad para la población costarricense.
Por ello, es fundamental desarrollar un sentido crítico que permita identificar fuentes confiables. La información publicada por las universidades en sus canales oficiales se basa en investigaciones rigurosas, realizadas por expertos en sus campos. A su vez, es importante reconocer que los medios de comunicación pueden tener sesgos editoriales, por lo que se debe contrastar la información de diferentes fuentes antes de llegar a conclusiones precipitadas.
Como sociedad, debemos aprender a valorar la información verificada y promover diálogos que fomenten un mejor flujo de información. Las universidades públicas costarricenses han sido pilares fundamentales para el desarrollo del país, y proteger su reputación es proteger el futuro de Costa Rica.
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