Informe destaca que protección a la libertad de prensa se dio gracias a una "sólida jurisprudencia constitucional".

El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentaron esta mañana el IV Informe sobre Libertad de Expresión.

Según señala el informe, este se presenta para “brindar herramientas útiles para comprender la compleja situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en la actualidad”.

Durante la presentación del informe, la investigadora Giselle Boza Solano señaló:

Es claro que si bien Costa Rica no tiene las mismas condiciones alarmantes para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa y el acceso a la información pública que tienen otros países, presenta sí, en los últimos dos años, algunos indicios, indicadores de un debilitamiento de las garantías para el trabajo periodístico, aunque mantiene, eso sí, una institucionalidad democrática funcional para la protección y garantía de esas libertades constitucionales”.

Boza añadió que varios estudios internacionales sobre libertad de expresión y prensa, como la clasificación mundial sobre libertad de prensa de Reportes sin Fronteras, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Informe de Libertad en Red de la Freedom House, advierten sobre el deterioro en las garantías políticas para el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica, e indican que tienen como común denominador los ataques del presidente Rodrigo Chaves Robles a medios de comunicación y periodistas.

Boza, además, señaló que para el periodo de estudio consideran que el país “sí avanzó en garantías de tutela para el derecho a la libertad de expresión, mediante una sólida jurisprudencia constitucional sobre el derecho de acceso a la información pública y el rechazo por parte de nuestro Tribunal Constitucional a las distintas formas o mecanismos de censura indirecta a la libertad de prensa”, que el informe considera "recoge muy claramente los estándares del sistema interamericano de derechos humanos sobre libertad de expresión y el papel de los Estados como garantes de estos derechos".

Sobre los principales hallazgos que se destacan en el informe, Boza destacó que se realizó un análisis de 64 conferencias de prensa de mayo del 2022 a enero del 2024, encontrando que de 291 intervenciones del mandatario sobre medios de comunicación o periodistas, solo cuatro fueron positivas, lo que significa que el 98% de los comentarios del mandatario hacia la prensa son negativos, predominando los ataques contra La Nación, periodistas específicos, CrHoy y Canal 7.

Boza también destacó que, en el tema del uso de la publicidad oficial por parte del Gobierno, se analizó el comportamiento de la pauta estatal en medios del 2019 al 2023, identificando cambios en la conformación de los medios receptores de estos recursos y la aparición de otros actores. El informe concluye sobre este tema:

A partir de los datos analizados, se evidencia que en los años 2019, 2020 y 2021 efectivamente la concentración mediática también implicó una concentración en la asignación de la pauta oficial, ya que pocos adjudicatarios obtuvieron altos montos por pauta. Sin  embargo, para los años 2022 y 2023 hubo un cambio importante en el ecosistema mediático, pues los grandes grupos económicos dejaron de percibir millones de colones a partir de las acciones ejecutadas por las instancias gubernamentales de la denominada y cuestionada “democratización de la pauta”.

En este aspecto el informe recomienda “establecer un marco legal y transparente que permita la asignación de la pauta oficial igualitaria, lejos de decisiones arbitrarias”.

Además, el informe  identificó un aumento en los mensajes con lenguaje que evidencia discursos de odio en redes sociales entre el 2021 a 2023, “lo que refleja sin duda el tono y el deterioro del debate público que tiene lugar en estos espacios de deliberación que son hoy las redes sociales”, según dijo Boza. El informe añade:

Los discursos de odio y de la discriminación en Costa Rica no empiezan ni terminarán en las redes sociales. Su contenido y difusión reflejan dinámicas coyunturales y problemáticas sociales que encuentran una forma de expresión a través de las plataformas de la comunicación digital”.

Sobre los retos que permanecen, la investigadora de la UCR señaló que el país debe avanzar en accesibilidad web para garantizar el ejercicio de los derechos comunicativos a amplios sectores de la población que hoy en día no tienen ese acceso, así como en el reconocimiento normativo y en la política pública de los medios comunitarios o medios de uso social.

Otro aspecto que se destacó del informe es que demuestra cómo la emergencia sanitaria del COVID-19 impactó la forma de entender y relacionarse con las tecnologías de la información y los efectos que eso tuvo con el diseño de las políticas públicas en general y en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres en particular.

El informe completo puede ser descargado en este enlace.