Un grupo de personas se manifestaron a las afueras de la Asamblea Legislativa para pedir soluciones a la gentrificación.

El día de ayer un grupo de personas realizó un plantón a las afueras de la Asamblea Legislativa con el fin de protestar contra el fenómeno de gentrificación que viven muchas zonas del país, principalmente costeras.

La Organización de las Naciones Unidas define gentrificación como lo que sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes de las clases económicas más bajas de las áreas de intervención.

La manifestación de este 20 de junio fue de la mano con una conferencia de prensa en un salón del plenario en la que estuvieron presentes representantes de agrupaciones como el Movimiento Antigentrificación, Alianza Escazú, además del diputado frenteamplista, Ariel Robles Barrantes.  

En ese espacio se contextualizó la problemática en el país y se dieron testimonios de lugares en los que, por ejemplo, se habla más inglés que español y los precios ya solo se presentan en dólares. Además se leían carteles con consignas como "La vivienda es derecho, no inversión", "Que vivir en el paraíso no sea una amenaza", "No somos su patio trasero", entre otros, y se compartió un pronunciamiento para recoger firmas. 

Con el objetivo de buscar soluciones, Robles Barrantes con el respaldo de toda la fracción del Frente Amplio (FA) presentó dos proyectos de ley. Se trata de los expedientes 24413 y el 24412.

Este 20 de junio un grupo de personas realizó un plantón a las afueras del Congreso. Foto: Prensa Frente Amplio

Garantizar el acceso público a las playas

La iniciativa 24.413 pretende una reforma a la ley 6.043 sobre la Zona Marítimo Terrestre con el objetivo de garantizar el acceso público a las playas y de esta manera salvaguardar esas zonas públicas y el disfrute de todas las personas que las visiten.

El texto, que también contó con el respaldo del oficialista Manuel Morales Díaz, propone dotar a la ley de una normativa que especifique las condiciones mínimas para estos accesos que el Estado y las municipalidades están obligados a construir. Robles mencionó:

Este proyecto busca establecer regulaciones claras para la creación y mantenimiento de los accesos a las playas. Se quiere prever la privatización y asegurar la accesibilidad, resguardando el derecho de todos los ciudadanos al uso y disfrute de la zona pública”.

Además se propone que los accesos terrestres deberán ser a través de una calle pública con número de camino asignado, con un derecho de vía de 14 metros. Por su parte el Instituto Geográfico Nacional, en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo, deberán realizar un levantamiento de todas las playas de Costa Rica y un registro de las playas y accesos a la zona pública.

En un comunicado a la prensa el FA resaltó que en la actualidad solo 14 playas en el país cuentan con espacios accesibles para que las personas con discapacidad. Mientras que en lugares como Playa Blanca de Puntarenas, por ejemplo, el acceso público actual presenta dificultades como formaciones rocosas que obstaculizan el tránsito peatonal, lo cual representa un riesgo y limitación para el acceso de personas a esta playa.

En el caso de las concesiones vigentes que deban brindar un acceso, tendrán un plazo de tres años posterior a para entrada en vigencia de esta ley para tomar las previsiones necesarias y brindar el acceso. Cuando concesionarios que concedan el acceso en el un año serán exentos de un 2% sobre el monto del canon correspondiente por el plazo de la concesión.

El FA recordó que la Sala Constitucional ha señalado en el carácter público de las playas y la obligación de proveer de acceso adecuado. Un caso reciente se dio el pasado mes de mayo cuando el Tribunal ordenó que se garantice el acceso público en la playa La Leona, en Paquera.

El proyecto indica que, a pesar de los diversos enfoques adoptados por las municipalidades para garantizar estos accesos, "es fundamental contar con una normativa que defina requisitos mínimos, especialmente para asegurar la igualdad de oportunidades y acceso para las personas con discapacidad".

Iniciativas de ley fueron presentadas por el diputado Ariel Robles Barrantes. Foto: Prensa Frente Amplio.

Acueductos en zonas costeras y rurales solo administradas por locales

Por su parte, el 24412 plantea el problema de que en la actualidad la ley no regula quiénes pueden ser parte de las Juntas Directivas de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS).

Esto ha dado pie a que personas extranjeras sin arraigo asuman puestos de decisión sobre el agua de las comunidades, no siempre en atención al interés y bienestar de las mismas, provocando la gentrificación de las zonas rurales y costeras, puntualizaron en la fracción legislativa.

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El FA detalló que en el presente existen 88 personas participando con pasaporte y en calidad de turistas en Juntas Directivas de 23 diferentes ASADAS, mientras existe el caso de 10 personas ocupando cargos con DIMEX (Documento de Identidad de Migración y Extranjería).

En caso más relevante es el de la ASADA de Atenas, donde su presidente usa DIMEX y el resto de directivos/as usan pasaporte de turistas, señalaron.

La ley actual establece que una persona nombrada debe ejercer su cargo por no menos de tres años, ni mayor de cuatro años. Robles Barrantes alertó:

La responsabilidad que adquieren las personas integrantes de ASADAS, requiere un tiempo mayor al período de un permiso de turista, por lo que podría resultar que este cargo sea ejercido por personas que no pueden permanecer en la comunidad sobre la que está tomando decisiones en relación con la gestión de un derecho constitucional.”.

La iniciativa frenteamplista pretende garantizar la gestión comunitaria y local del agua por parte de locales de comunidades costeras y rurales regulando las condiciones de las personas que pretenden ser electas en los puestos de Junta Directiva.

Para lograrlo se reformaría el artículo 2 de la Ley constitutiva del AYA, para que se establezca que "las Juntas Directivas u órganos representativos de estos organismos locales estén integrados únicamente por personas costarricenses, residentes y/o personas extranjeras naturalizadas.”

El objetivo del proyecto es salvaguardar el uso del agua para el bien común, garantizado en el artículo 50 la Constitución Política, finalizó la agrupación política.