La Universidad de Costa Rica puso en marcha recientemente una iniciativa titulada “Compartí tus libros leídos” con el lema “Educasión: Resolvamos este problema”. El proyecto propone donar libros y juegos de mesa a centros educativos en territorios de Guanacaste y Alajuela. Desde mi punto de vista, el error ortográfico tiene la función de alarmarnos frente a uno de los problemas que enfrenta la educación costarricense: la escasez de libros y bibliotecas.

En un estudio publicado en 2021 por el Programa Estado de la Nación, firmado por Esteban González Pérez y María Teresa Montero Salas, se observa el paupérrimo estado de las bibliotecas escolares y la desigualdad imperante: solo el 16% de los centros educativos públicos cuenta con biblioteca, mientras que el porcentaje de cobertura en los privados es solo del 45,7%. Pero el problema no termina ahí: el 66% de las bibliotecas en los centros públicos no tiene más de dos libros por estudiante, cuando la recomendación de la Asociación Internacional de Alfabetización es de veinte libros por estudiante. Y nos alarmaríamos aún más si detallara aquí otros aspectos analizados en el estudio: la calidad y el estado de estos volúmenes, el estado de las instalaciones físicas y su equipamiento, el presupuesto disponible, los servicios ofrecidos, entre otros.

La baja cobertura y el estado actual de estas bibliotecas no es un problema nuevo, es una carencia crónica que arrastra el sistema educativo desde hace décadas. La mayoría de los que hemos estudiado en una institución pública lo hemos experimentado. En los años noventa, en la escuela donde estudié en Pérez Zeledón había una biblioteca de menos de veinte libros. A finales de la misma década, la biblioteca de mi colegio estaba cerrada, con libros llenos de polvo, hongos y humedad. Mi interés por los libros, si acaso vino de la educación pública quizá proviene de lo difícil que era acceder a los libros, pero no gracias a los textos ni a los recursos disponibles.

Esta desatención crónica a la lectura en la educación es visible en las estadísticas. Los más recientes resultados de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) publicados en 2023 muestran que los estudiantes costarricenses muestran una puntuación en el desempeño de la capacidad lectora de 415 (dentro del rango de los países que sen encuentran por debajo del promedio de la OCDE). Esta puntuación está once puntos por debajo del obtenido en 2018, año en el que el país ya estaba rezagado de ese parámetro. Los resultados de las pruebas PISA en ciencias y matemáticas son similares. Todavía hay más datos en el largo plazo: en la Encuesta Nacional de Cultura 2016, se observa que el 57% de la población no lee libros nunca y que el promedio de lectura entre los que sí leen es de 5,6 ejemplares por año (menos de un libro cada dos meses, incluyendo los que se leen por estudio o trabajo).

Sin embargo, estos datos no son el problema, son un síntoma. El país superó hace décadas el analfabetismo, pero no ha ido más allá, se enorgulleció de resolver un problema del siglo XX, pero se ha estancado en un problema del siglo XXI. Se ha hablado muchísimo de los beneficios de leer, pero se habla menos de no hacerlo. Saber leer no es suficiente, hay que tener capacidad para comprender e interpretar textos. Una población sin capacidad lectora no puede progresar en campos como la ciencia, la tecnología, la economía, la política y por supuesto las artes y las letras. La capacidad lectora es una habilidad básica en una sociedad globalizada, y las estadísticas que hemos visto nos hacen temer lo peor.

El problema al que nos enfrentamos es muy complejo y la acción de proveer de libros a los centros educativos por sí misma resolverá muy poco o casi nada, aunque por sí misma parezca una iniciativa loable: entregar libros sin infraestructura, sin personal que los administre y sin estímulo para utilizarlos es como no tenerlos. Tener libros en una escuela no resuelve los bajos niveles de lectura en las familias, ni la falta de actividades de promoción a la lectura, ni la baja comprensión lectora de la sociedad en general.

La solución requiere de un enfoque integral, de trabajo intersectorial público/privado y de largo plazo. Requiere de la actualización de la Política de Fomento a la Lectura (2013) para que no sea una declaración de buenas intenciones, y que en su lugar cuente con indicadores concisos y recursos suficientes. Se necesita coordinación con instituciones como el Ministerio de Cultura y Juventud, el SINABI, las universidades públicas y los gobiernos locales, con el sector editorial, con las personas creadoras de la literatura costarricense y con las familias.

Finalmente, este problema requiere entender las bibliotecas como espacios de aprendizaje y encuentro en la comunidad, que incorporen la lectura como hábito básico para el desarrollo del país y también como recurso para poner en valor su producción cultural. Requiere de abordar la literatura más allá del lugar común de “ser culto”, porque esto relega los libros a una actividad que muchos ven como accesoria o superflua; en su lugar, necesitamos entender la literatura como una actividad empoderadora, propia de la vida ciudadana de pleno derecho.

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