El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Horacio Alvarado Bogantes presentó a la corriente legislativa un nuevo proyecto de ley que pretende endurecer disposiciones de la Ley de Armas y Explosivos, desde las causales para cancelar permisos y decomisar armas; pasando por actualizar la normativa relativa a las armas de uso policial, y endureciendo penas de cárcel por los delitos de tenencia ilegal de armas, actividades con armas prohibidas, introducción clandestina de armas y alteración de armas.
La iniciativa que se tramitará bajo el expediente 24.165 se propone reformar los artículos 7, 22, 25, 40, 49, 84, 88, 89, 91, 92 y 98 de la Ley de Armas y Explosivos (Ley N° 7530) y agregar un nuevo artículo 84 bis.
En su exposición de motivos el legislador socialcristiano afirmó que la implicación del uso de armas en la delincuencia costarricense ha llevado a un cambio abrupto en la modalidad de operación tanto de la delincuencia común como de los grupos de delincuencia organizada, los cuales cada vez son más agresivos y mortales en su actuación.
El aumento del número de armamento en el territorio nacional ha llevado a los criminales a tener acceso, cada vez más fácil, a más armas y de mayor capacidad de fuego; y de mano, la presencia de estas armas en la delincuencia ha permitido a estos grupos operar cada vez con mayor violencia, tanto en los enfrentamientos entre sí, como contra la ciudadanía e incluso, contra los cuerpos policiales.
Alvarado afirmó que su iniciativa pretende dar a las autoridades policiales un mayor margen de actuación en contra de los grupos criminales; actualizar la regulación sobre la tenencia, portación y uso de armas de fuego, así como adecuar el tema de las penas contempladas en la legislación, "ya que para toda la población es evidente el impacto social que el tema del uso de armas representa".
Según el análisis de reformas que se hace a la ley hecho por Delfino.cr, en el artículo 7 se establecería que las personas prohibidas de portar y tener armas serán todas aquellas condenadas a prisión, eliminando el portillo actual que permite a las personas bajo el régimen semi-institucional el poder tener y portar armas. De igual forma la prohibición se haría extensiva a todas las personas que estén en un proceso judicial (hoy solo aplica a quienes hayan sido elevados a juicio) o tengan medidas alternativas a la prisión por los delitos de, o relacionados con, delitos contra la vida, delitos contra la libertad, delitos sexuales, delitos de extorsión; delitos de secuestro, delitos donde medien el uso de armas, delitos por infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, delitos de delincuencia organizada, sicariato, terrorismo y cualquier otro delito donde medie la violencia.
Por otro lado, en el artículo 8, el legislador dispone que en el requisito de "no haber sido condenado por delitos relacionados con el uso de armas" se sustituya por no haber sido condenado o no estar sometido a procesos judiciales penales por todos los delitos arriba mencionados.
En el artículo 25 que enlista las armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos el congresista dispuso que en el inciso a, referido a las armas automáticas, se incluya también aquellas automáticas que hayan perdido sus características al haberse suprimido alguno de sus componentes o fueran modificadas mecánicamente en su funcionamiento. Asimismo se agregarían tres incisos de nuevas armas prohibidas: las que sean compuestas en su totalidad o parcialmente con refacciones fabricadas en impresoras 3D; las armas no letales modificadas para funcionar como armas letales; y las armas permitidas que hayan sido modificadas para cambiar, alterar o aumentar sus capacidades o características.
En el artículo 28 que hoy se refiere a las armas de reglamento se eliminan las actuales restricciones a la Policía de emplear únicamente el revólver calibre .38; la pistola semiautomática de 9 mm o de calibre .45; y el fúsil con selector de fuego de calibre 5.56; para en su lugar señalar que corresponderá a cada jerarca de cada cuerpo de policía, con la debida justificación técnica, definir el tipo de armamento que requiere para sus necesidades operativas.
En el artículo 40 se incluye dentro de la obligación de denegar permisos de portación el que existan antecedentes penales por los delitos de, o relacionados con, delitos contra la vida, delitos contra la libertad, delitos sexuales, delitos de extorsión; delitos de secuestro, delitos donde medien el uso de armas, delitos por infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, delitos de delincuencia organizada, sicariato, terrorismo y cualquier otro delito donde medie la violencia; mientras que en el artículo 49 se reforma la causal de cancelación del permiso que hoy se refiere a la situación donde exista dolo o culpa en el uso, custodia o vigilancia de un arma que cause daño o muerte a un menor de edad, para que aplique a cualquier persona sin importar su edad.
En el artículo 84 se incluye la anterior lista de delitos como causales del comiso a favor del Estado de armas y la autorización de su eventual uso para todos los cuerpos policiales, quitando la actual restricción que permite ello únicamente a favor del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En el artículo 88 referido a la pena por tenencia ilegal de armas permitidas (hoy de 3 a 5 años) se incluye como un agravante que elevará la pena en un tercio el que una persona posea un arma de fuego inscrita a nombre de un tercero y esta fuera reportada como extraviada o sustraída. La pena se elevará en un medio si se comprueba que el arma fue objeto del delito de receptación y en los casos en que el delito sea cometido por el crimen organizado o mediante asociación ilícita. Asimismo, se impondrá una pena de cárcel de 5 a 10 años en los casos de armas permitidas registradas a nombre de personas físicas o jurídicas que presten de manera individual o colectiva servicios de seguridad privada; y esa pena se elevará en un tercio cuando las armas se encuentren registradas a nombre de alguno de los cuerpos policiales del país.
En el artículo 89 el legislador eleva la pena máxima por el delito de actividades con armas prohibidas de 8 a 10 años, y dispone como agravante que elevará la pena hasta en un medio el que se use un arma prohibida para cometer delitos de, o relacionados con, delitos contra la vida, delitos contra la libertad, delitos sexuales, delitos de extorsión; delitos de secuestro, delitos donde medien el uso de armas, delitos por infracción a la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, delitos de delincuencia organizada, sicariato, terrorismo y cualquier otro delito donde medie la violencia.
En el artículo 91 también se eleva la pena mínima y máxima por el delito de introducción y tráfico de materiales prohibidos pasándola de 3 a 8 años a una de 4 a 10 años, e incluye también en la tipificación del delito la introducción y tráfico de armas, municiones y explosivos. La pena se aumentará, además, en un tercio si se utilizan esas armas, municiones o explosivos en la comisión de algún delito de, o relacionado con, delitos contemplados en la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, delitos de delincuencia organizada, sicariato o terrorismo.
En el artículo 92 la pena mínima y máxima por el delito de introducción clandestina de armas permitidas se pasa da 3 a 7 años a una de 4 a 8 años, y además se agrega como agravante que elevará la pena en hasta un medio cuando el delito se relacione con aquellos contemplados en la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, delitos de delincuencia organizada, sicariato o terrorismo.
Finalmente en el artículo 98 referido a la alteración de características de un arma la elevación de penas es la más radical de toda la propuesta, pues lo pasa de los actuales 3 meses a 1 año a una pena de 5 a 10 años.
Finalmente el diputado propone adicionar un artículo 84 bis denominado "Decomiso de armas prohibidas y artefactos explosivos prohibidos" y en el cual se establecería que las armas prohibidas y artefactos explosivos prohibidos decomisados se podrán destinar directa e inmediatamente para disposición por parte de los diferentes cuerpos de policía, una vez efectuadas las pericias por parte de las autoridades correspondientes; y que las armas prohibidas y artefactos explosivos prohibidos decomisados que no se destinen para esos efectos quedarán bajo la disposición de la Dirección General de Armamento Nacional para su debida destrucción.
El proyecto deberá ser ahora asignado a una comisión legislativa para su estudio y dictamen de recomendación al Plenario.
Breves
— El Plenario inició la discusión por el fondo de su reglamento interno para penalizar la violencia política contra las mujeres, con acusaciones entre legisladoras de pretender acoger un texto distinto que dejaría sin protección a las asesoras y personal administrativo del Congreso. Así lo sostuvieron congresistas del Frente Amplio y Luz Mary Alpízar del oficialismo, mientras que la diputada Carolina Delgado del PLN señaló que eso no era del todo cierto pues el personal administrativo y de confianza del Congreso está protegido contra el hostigamiento sexual y laboral por otras normas.
Durante la discusión la diputada Luz Mary Alpízar denunció reiteradas faltas de respeto por parte de Pilar Cisneros fuera de micrófonos mientras ella hace uso de la palabra. Inclusive afirma que uno de esos hechos ocurrió mientras ella intervino el 8 de enero para dar condolencias al diputado Oscar Izquierdo Sandí quien había perdido a sus dos padres.
Durante la discusión por el fondo del reglamento contra la violencia política para diputaciones la diputada Luz Mary Alpízar denunció reiteradas faltas de respeto por parte de Pilar Cisneros fuera de micrófonos mientras ella hace uso de la palabra. Inclusive afirmó que uno de… pic.twitter.com/88mJ7pI5DV
— Barra de Prensa (@barradeprensa) February 13, 2024
Al final el proyecto no alcanzó a votarse pues quedaban diputados pendientes en el uso de la palabra y restaba votar la moción de texto sustitutivo de la diputada Delgado.
— La Comisión Especial de Infraestructura dictaminó afirmativamente el expediente 23.200 "Ley de creación de las parcelas turísticas residenciales recreativas", el expediente 23.473 "Ley para regular la utilización de grúas torre y estabilización de taludes mediante sistemas de anclaje" y el expediente 23.685 "Fortalecimiento de competencias del Consejo Nacional de Seguridad Vial y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles para el mantenimiento de los sistemas de seguridad vial en cruces ferroviarios".
— El diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio envió una carta al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen pidiéndoles revertir el recorte en la inversión social para este 2024 el cual calificó de "barbarie". En su espacio de control político el legislador detalló que los programas sociales del IMAS tienen más de 65.000 recortes: 47.487 familias menos atendidas; 15.974 estudiantes menos con becas Avancemos; y 1792 menores de edad menos atendidos por la Red de Cuido.
— La exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal afirmó ante la Comisión de Ambiente del Congreso que la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. la amenazó con llevar al Estado costarricense ante un arbitraje internacional por las gestiones que estaba haciendo respecto a la inspección de rellenos sanitarios y gestión de residuos sólidos. La empresa, que opera los rellenos sanitarios de Tomatal en Limón y Aczarrí en El Huazo entre Desamparados y Aserrí afirmó que la advertencia se emitió luego de que durante su gestión se ordenara una valoración interinstitucional con el MINAE para hacer un estudio actualizado de todos los rellenos sanitarios del país, su vida útil, cantidad de residuos que reciben, y valorar mejores opciones para el tratamiento de los desechos.








