El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate y con algo de polémica de por medio el proyecto de ley impulsado por la Unidad Social Cristiana para que las personas sentenciadas a quienes se les dio el beneficio de libertad condicional y sean detenidas por la policía en flagrancia o por motivo de alguna investigación judicial, tengan revocado el beneficio.
Se trata del expediente 23.519 denominado "Ley para revocar o modificar el beneficio de libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del beneficio" y que fue dispensado de trámites de comisión en octubre del año pasado, siendo el Plenario el que realizó modificaciones al texto base.
La versión inicial de la iniciativa disponía que la libertad condicional sería revocada si el liberado era arrestado tan solo como "sospechoso" de haber cometido algún delito doloso. Asimismo establecía que la autoridad que efectuara el arresto debía informar al Ministerio Público y al juez competente para suspender el beneficio.
El texto aprobado este martes dispone que el beneficio será suspendido si el liberado es "aprehendido o detenido en flagrancia o durante el curso de una investigación judicial". Asimismo incluye un proceso más extenso después del arresto para revocar dicho beneficio, incluido el que un juez ordene obligatoriamente la suspensión del beneficio tras haberse llevado a cabo el arresto y que en un plazo no mayor a un mes el Instituto Nacional de Criminología rinda un informe que señale si ocurrió un cambio en las condiciones bajo las cuales se otorgó el beneficio inicialmente que amerite su revocatoria permanente.
Si dicho informe concluye justamente eso, el juez estará obligado a revocar de manera inmediata y definitiva el beneficio de libertad condicional.
Por otro lado el texto dispone que el Poder Judicial deberá disponer de una base de datos de todas las personas condenadas que gozan del beneficio de libertad condicional, la que deberá de actualizarse de forma diaria. Además dicha plataforma deberá garantizar que las autoridades policiales administrativas y judiciales, tanto del Poder Judicial como del Ministerio de Justicia y Paz competentes tengan acceso inmediato y actualizado.
La diputada de Nueva República, Gloria Navas Montero anunció que votaría en contra de la propuesta pues revocar el beneficio de libertad condicional por el mero hecho de ser detenido, sin que se haya demostrado culpabilidad con sentencia firme, es violatorio de los derechos fundamentales y por ende inconstitucional. A esa misma tesis se unió la diputada Dinorah Barquero del PLN.
Ante ello, la diputada María Marta Carballo del PUSC, proponente del proyecto, criticó a Navas por cuestionar su iniciativa poniendo como ejemplo si la prisión preventiva también violaba la Constitución pues no se había emitido una sentencia en firme, a lo que Navas le respondió que se trataba de cosas completamente distintas y hasta le dijo que su compañero Alejandro Pacheco, jefe de los socialcristianos que es abogado, podía explicárselo.
Al final el proyecto recibió 39 votos a favor y 2 en contra, por lo que pasa al Poder Ejecutivo para lo que corresponde.
Breves
— Con 49 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.278 "Celebración nacional el 9 de agosto de cada año del Día Internacional de los Pueblos Indígenas".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.243 "Ley para estimular la creación de cooperativas mediante la reforma de varios artículos de las leyes N° 4179 del 22 de agosto de 1968, N° 5185 del 20 de febrero de 1973 y N° 6756 del 5 de mayo de 1982".
— Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.549 "Ley que declara el 30 de julio de cada año como el Día Nacional del Primer Voto Femenino en Costa Rica".
— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate por segunda vez el expediente 23.746 "Ley para fortalecer el Registro Judicial y evitar la impunidad".
— La Comisión de Turismo dictaminó de forma positiva el expediente 23.875 "Declaratoria de interés público del desarrollo turístico, cultural, ecológico, arquitectónico y natural de Barrio Amón", para lo cual el Estado, por medio de sus instituciones públicas, podrá promover el desarrollo, conservación y promoción turística en la zona, bajo el esquema de un desarrollo sostenible y un manejo más adecuado de conservación tanto arquitectónico como del medio ambiente, que fortalezcan la condición social, cultural y económica de la zona.
— La Comisión de Gobierno y Administración rechazó y archivó, por empate dos veces, el expediente 23.345 "Ley para la Publicidad de las Sesiones del Consejo de Gobierno". Horacio Alvarado del PUSC, Dinorah Barquero y Carolina Delgado del PLN y Antonio Ortega del Frente Amplio votaron a favor mientras que Fabricio Alvarado de Nueva República, Paola Nájera y Daniel Vargas del Quirós y Luis Diego Vargas del PLP votaron en contra.








