La iniciativa aumenta los plazos, posterior a la sentencia, para la cancelación de los registros judiciales, incluyendo los delitos penados con menos de 3 años. Y permite que la certificación de juzgamiento expedida para efectos de ser utilizados dentro de un proceso judicial por parte de los tribunales de justicia contenga todos los antecedentes penales, así como los asientos de las personas sentenciadas, de los últimos diez años, cuando la condena impuesta sea de penas de seis meses en adelante y tendrán validez y deberán ser tomados en cuenta para efectos de otorgar beneficios de ejecución condicional de la pena, arresto domiciliario con monitoreo electrónico, prestación de servicios de utilidad pública, prisión preventiva y la fijación de la pena.