El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate el proyecto de ley impulsado por la Unidad Social Cristiana para que las personas sentenciadas a quienes se les dio el beneficio de libertad condicional y sean detenidas por la policía en flagrancia o por motivo de alguna investigación judicial, tengan revocado el beneficio.
Se trata del expediente 23.519 denominado "Ley para revocar o modificar el beneficio de libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del beneficio" y que fue dispensado de trámites de comisión en octubre del año pasado, siendo el Plenario el que realizó modificaciones al texto base.
La versión inicial de la iniciativa disponía que la libertad condicional sería revocada si el liberado era arrestado tan solo como "sospechoso" de haber cometido algún delito doloso. Asimismo establecía que la autoridad que efectuara el arresto debía informar al Ministerio Público y al juez competente para suspender el beneficio.
El texto aprobado este jueves dispone que el beneficio será suspendido si el liberado es "aprehendido o detenido en flagrancia o durante el curso de una investigación judicial". Asimismo incluye un proceso más extenso después del arresto para revocar dicho beneficio, incluido el que un juez ordene obligatoriamente la suspensión del beneficio tras haberse llevado a cabo el arresto y que en un plazo no mayor a un mes el Instituto Nacional de Criminología rinda un informe que señale si ocurrió un cambio en las condiciones bajo las cuales se otorgó el beneficio inicialmente que amerite su revocatoria permanente.
Si dicho informe concluye justamente eso, el juez estará obligado a revocar de manera inmediata y definitiva el beneficio de libertad condicional.
Por otro lado el nuevo texto que fue enviado a consulta dispone que el Poder Judicial deberá disponer de una base de datos de todas las personas condenadas que gozan del beneficio de libertad condicional, la que deberá de actualizarse de forma diaria. Además dicha plataforma deberá garantizar que las autoridades policiales administrativas y judiciales, tanto del Poder Judicial como del Ministerio de Justicia y Paz competentes tengan acceso inmediato y actualizado.
Además y también en temas de seguridad el expediente 23.746 "Ley para fortalecer el Registro Judicial y evitar la impunidad" tuvo que ser retrotraído al trámite de primer debate luego que se alertara de un problema de redacción. El lunes se presentará la moción para enmendar el texto y se podrá votar de nuevo en primer debate.
Breves
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.243 "Ley para estimular la creación de cooperativas mediante la reforma de varios artículos de las leyes N° 4179 del 22 de agosto de 1968, N° 5185 del 20 de febrero de 1973 y N° 6756 del 5 de mayo de 1982".
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.549 "Ley que declara el 30 de julio de cada año como el Día Nacional del Primer Voto Femenino en Costa Rica".
— Con 36 votos a favor y 2 en contra (María Marta Carballo y Daniela Rojas del PUSC) se aprobó que el Plenario reconozca la labor de la Universidad de Costa Rica y sus funcionarios en la colaboración en el marco de la crisis del agua contaminada en Moravia, Tibás y Guadalupe. Además, que el Plenario reconozca el importante valor social que representan estos aportes de la Universidad de Costa Rica.








