El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en primer debate el proyecto de ley que pretende obligar al Ministerio de Hacienda a girar al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Justicia y Paz, y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 100% de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas que se creó en el año 2011 con el fin de financiar el combate a la criminalidad en el país.
La iniciativa tramitada en el expediente 23.973 recibió el voto afirmativo de los 45 congresistas presentes al momento de la votación, la cual se dio tras rechazar cinco mociones de reiteración presentadas por el oficialismo que, en vocería del diputado Alexander Barrantes Chacón, acusó que el proyecto era inconstitucional pues violaba competencias "exclusivas y excluyentes" del Poder Ejecutivo respecto a la transferencia de los recursos.
Aunque ninguna de las mociones presentadas por los representantes del gobierno fue aprobada, Barrantes y demás compañeros votaron a favor del texto, el cual quedó para segundo debate la próxima semana.
El texto votado establece que la Contraloría General de la República deberá incluir en la certificación de efectividad fiscal de los ingresos del presupuesto nacional, la estimación de recaudación de este tributo. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda deberá incorporar en el presupuesto una actualización de los montos del impuesto, a partir de la certificación de la Contraloría, en el primer presupuesto extraordinario que se presente en el segundo semestre de cada año.
Además el proyecto trae una redistribución de recursos del actual 90% destinado al Ministerio de Seguridad y 5% cada uno para el Ministerio de Justicia y el OIJ. En su lugar, el MSP recibirá 75%, el OIJ recibirá 15% y el MJP recibirá 10%.
Seguridad deberá usar esos recursos exclusivamente para infraestructura física de las delegaciones policiales, la compra y el mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. No podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
El OIJ deberá usar los recursos para la atención del crimen organizado y no para pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país. Finalmente, Justicia deberá destinar el dinero al financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social y no podrá utilizarlos para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión ni apoyo.
Las tres instituciones beneficiadas con los recursos de esta ley deberán presentar de forma anual, al cierre del año presupuestario, un informe con el detalle de los gastos y las inversiones realizadas con los recursos provenientes de este impuesto ante las Comisiones Permanentes Especiales de Seguridad y Narcotráfico, y de Control de Ingreso y del Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa. Asimismo, presentarán una proyección de los gastos y las inversiones a realizar en el año siguiente.
Finalmente el proyecto contiene un transitorio que dispone que durante los dos años siguientes a la promulgación de esta ley, Hacienda deberá transferir el 100% de los recursos correspondientes a este impuesto a las instituciones beneficiarias, no pudiendo aplicar la norma contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que establece que cuando los niveles de deuda del gobierno superan el 50% del PIB, tiene libertad de presupuestación de las obligaciones presupuestarias que estén fijadas por ley.
Breves
— Con 44 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.569 "Autorización a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que done un inmueble de su propiedad al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica".
— La Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor recibió en audiencia a Argeni Álvarez Campos, presidente de la Asociación de Fútbol Sala para Personas Ciegas; Laurent Patricia Quirós Chaves, presidenta de la Asociación Deportiva de Ajedrecistas Especiales (Adaes) y Oslian Castillo Solera, representante de la Asociación de Masajistas Profesionales con Discapacidad Visual (Apromadiv), quienes expresaron dudas y oposición al expediente 24.089 "Fortalecimiento de las Competencias del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis)" que cierra el Patronato Nacional de Ciegos y traslada sus recursos y competencias al Conapdis.
— La Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior dictaminó afirmativamente y por unanimidad el expediente 24.029 que es el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, suscrito en San José el 1° de marzo del 2023.
— La Comisión de Asuntos Municipalidades y Desarrollo Local Participativo dictaminó negativamente el expediente 23.155 "Ley para autorizar a la corporación municipal de Alajuela para que desafecte, segregue y done a la Caja Costarricense de Seguro Social bienes inmuebles de su propiedad y para autorizar al Estado para que desafecte, segregue y done a la Caja Costarricense de Seguro Social y a la Municipalidad de Alajuela terrenos de su propiedad". Por el contrario, dictaminó afirmativamente el expediente 23.378 "Ley de ampliación de uso del subsuelo del Parque Braulio Carrillo conocido como Parque la Merced, propiedad de la Municipalidad de San José", el expediente 23.521 "Autorización a la Municipalidad de San Isidro de Heredia para la donación en dinero a favor de la Parroquia San Isidro Labrador con el fin de restaurar la pieza centenaria que corresponde a la imagen del Santo Patrono del cantón" y el expediente 23.607 "Ley para permitir a las municipalidades la construcción de obra de acueducto y alcantarillado".
— La Comisión de Asuntos Jurídicos rechazó el expediente 23.370 "Interpretación auténtica del subinciso a) y b) del inciso 4) del Artículo 44 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Ley N° 7762 del 14 de abril de 1998"; por el contrario dictaminó afirmativamente el expediente 23.379 "Ley de creación de una tasa para la mejora en la eficiencia de la gestión de los procesos de cobro judicial".
— La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó afirmativamente el expediente 23.141 "Ley para garantizar el cumplimiento de derechos laborales en los procesos de desalojo de predios rurales". Por el contrario, rechazó el expediente 23.353 "Suspensión del cobro de la tasa de administración del Fondo de Pensión Obligatoria Complementaria a los trabajadores cuando la rentabilidad sea negativa" y el expediente 23.367 "Ley para el fortalecimiento de los ingresos de la Caja Costarricense de Seguro Social mediante la derogatoria del inciso a) del artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador, Ley N.° 7983, de 16 de febrero de 2000"
— La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el expediente 24.031 "Adición del Artículo 1 Bis a la Ley N° 9954, denominada "Traslado del superávit de la Junta Administrativa del Registro Nacional al Ministerio de Justicia y Paz, del 18 de marzo de 2021, para cambio de destino del proyecto denominado Terrazas II, ubicado en el Complejo Occidente".








