Crea una “Tasa para la mejora en la eficiencia de la gestión de los procesos de cobro judicial” que será un tributo cuyo hecho generador es la prestación efectiva o potencial del servicio público de justicia cobratoria y será de un 5% sobre el valor de la estimación de la demanda. La tasa será cancelada en un único pago por parte del acreedor, con la presentación de la demanda o gestiones iniciales de los siguientes procesos judiciales: monitorios dinerarios, ejecuciones hipotecarias, ejecuciones prendarias, ejecuciones de garantías mobiliarias, reposesión de garantías mobiliarias, embargos preventivos que sean competencia de los Juzgados de Cobro Judicial y procesos sumarios de cobro judicial. El pago de esta tasa es responsabilidad exclusiva del acreedor. No podrá ser trasladada, cargada en tasa de interés, cobrada o reclamada a la parte deudora, dentro del proceso de cobro que realice la parte acreedora.