En el 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  promulgó la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, en la que se plantean 17 objetivos que buscan el bienestar integral de la naturaleza y las personas, de la mano con la Economía Social Solidarista (ESS). La ESS hace referencia a las empresas y organizaciones que producen bienes, servicios y conocimientos que atienden las necesidades de la comunidad a las que sirven, con el fin de lograr metas sociales, ambientales y fomentar la solidaridad, buscando disminuir el calentamiento global, eliminar la pobreza y crear comunidades solidarias.

Para lograr estas metas específicas son necesarias la actuación del gobierno y las alianzas estratégicas con organismos internacionales. De esta forma es posible generar igualdad en las condiciones sociales, ambientales y económicas que, a su vez, aporten a la búsqueda de la seguridad humana. En Costa Rica, durante los últimos años, la seguridad se ha convertido en un asunto insostenible.

El 11 de enero de este año, se presentó el Índice de Progreso Social (IPS), en el que se abarcan datos de 170 países, que van desde el 2011 al 2023 y combinan 57 indicadores sociales y ambientales. Costa Rica se ubica en el puesto 39, con un puntaje de 78.03. Sin embargo, al observar el componente de Seguridad, en el que se consideran violencia interpersonal, violencia de pareja, robo de dinero, sentimiento de seguridad al caminar solo y lesiones relacionadas con el transporte, nos encontramos muy abajo, en el puesto 94, con 67.85 puntos. Esta es una posición realmente alarmante.

En 2023, según informó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el país registró 907 homicidios. Se trata del año con la mayor cantidad de homicidios en la historia. Además, la tasa de homicidios pasó de 12.5 por cada 100 000 habitantes en el 2022, a 17.2 en el 2023, lo que representa un 38% de aumento anual. La mayoría de estas muertes se atribuyen a la violencia relacionada con el narcotráfico. 52 de las víctimas no eran blanco de los ataques.

Se ha vuelto común, lastimosamente, leer o escuchar notas sobre asesinatos diarios en comunidades en las que hace pocos años prácticamente no existían estos sucesos. Nuestros ojos identifican como únicos culpables de estos crímenes a los narcotraficantes extranjeros, pero es necesario preguntarse ¿por qué proliferan estas bandas en nuestro país y por qué observamos personas cada vez más jóvenes involucradas con estas prácticas?

La brecha entre clases sociales es cada vez más grande, los servicios de salud pública parecen más lentos y la educación se está quedando rezagada. Esto supone una desigualdad de oportunidades que abre un portillo para que los habitantes se vean obligados a tomar caminos de sobrevivencia, en la ruta del “dinero fácil”. Ese camino que los lleva, incluso, a perder su vida.

Para lograr un desarrollo sostenible a nivel país es fundamental enfocar esfuerzos en mejorar la educación y el sistema de salud pública, con miras a obtener una meta integral: que los ciudadanos tengamos servicios de calidad e igualdad de oportunidades.

Como mencionó la ganadora del Premio Nobel de la Paz (1992), Rigoberta Menchú Tum:

La paz no es solamente la ausencia de guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz”.

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