La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente y por unanimidad el proyecto de ley impulsado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez para anular la naturalización a aquellas personas que cometan delitos de narcotráfico o lavado de dinero.
Se trata del expediente 23.800, propuesto por Arias junto al liberacionista Danny Vargas Serrano, y que surgió como alternativa a la reforma constitucional presentada por la bancada oficialista con la que el Gobierno pretendía habilitar la extradición de nacionales, pero cuyo avance ha sido poco y una mayoría de legisladores han hablado en contra de tan siquiera admitirla a estudio de una comisión especial señalando que es inconstitucional e inconvencional.
De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma pretende "terminar con el fraude de ley que cometen los narcotraficantes internacionales al adquirir nuestra nacionalidad con el fin de evitar su extradición a terceros países". De esa forma el Registro Civil quedaría habilitado para cancelar las naturalizaciones otorgadas en favor de extranjeros a los que se les demuestre que han tenido o tengan procesos penales por narcotráfico o lavado de dinero pendientes de resolución, ya sea en Costa Rica o en el extranjero, pues tales naturalizaciones son nulas de pleno derecho.
"Algunas personas de otros países está usando la nacionalidad costarricense para evitar ser extraditadas cuando otros países lo piden. Por eso, estamos trabajando en esta ley, para hacer más fuerte el sistema legal y evitar que usen la nacionalidad de Costa Rica de manera indebida", expresó en un comunicado de prensa el presidente legislativo Rodrigo Arias Sánchez.
La subcomisión que estudió el proyecto sometió el texto a consulta de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Civil y la Procuraduría General de la República, sin embargo, al momento de presentado solo el TSE presentó su respuesta, la cual recomendó varias modificaciones al sostener dudas sobre la constitucionalidad del texto inicial.
Los diputados miembros de la Subcomisión concluimos recomendar que se reformen los Artículos 15 y 18 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones, en ambos casos que la persona objeto de las reformas haya sido condenada por alguno de los delitos que en esos artículos se señala. Lo anterior con el fin de subsanar cualquier vicio de constitucionalidad, tal y como lo señaló el Tribunal Supremo de Elecciones y de acoger la nueva recomendación que da el Tribunal, que en un momento estuvo a punto de aprobarse pero que se le vencieron los plazos en ese momento y tuvo que ser archivado.
La moción de texto sustitutivo aprobada por la comisión agrega un inciso 4) al artículo 15 de la Ley N.° 1155 "Ley de Opciones y Naturalizaciones" que dirá que no se le otorgará la naturalización a la persona que haya sido condenada por delito doloso con pena privativa de prisión superior a tres años en los últimos diez años, en Costa Rica o en el extranjero, y en los casos que la persona gestionante tenga procesos judiciales penales pendientes, siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal dentro de la legislación costarricense y el sujeto sea imputable.
En caso de que la persona gestionante tenga procesos judiciales penales pendientes dentro y fuera de Costa Rica se tomarán las medidas legales pertinentes vía administrativa a efecto de ordenar la suspensión del trámite de solicitud de naturalización hasta que se cuente con una sentencia firme y definitiva ordenada por los Tribunales de Justicia respectivos.
De esta medida quedarían exentas tres categorías de personas:
- Las personas extranjeras reconocidas como refugiadas que cuenten con antecedentes penales previos al otorgamiento de la categoría de refugio, a quienes a pesar de ello la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, o el Tribunal Administrativo Migratorio, teniendo conocimiento de la existencia de tal condena, les otorgó protección internacional.
- Las personas extranjeras apátridas que cuenten con antecedentes penales previos a la declaratoria de dicha condición por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre que al momento de la declaratoria el citado Ministerio tuviese conocimiento de la condena y a pesar de ello hubiese declarado la condición de apátrida a su favor obviando tal condena.
- Las personas asiladas, que cuenten con antecedentes penales previos a la declaratoria de dicha condición de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, siempre que al momento de la declaratoria, el citado Ministerio tuviese conocimiento de la condena y a pesar de ello, hubiese declarado la condición de asilo a su favor obviando tal condena.
Sin embargo, esas excepciones no aplicarían si esas personas cometen delitos dolosos en Costa Rica o en el extranjero con posterioridad o durante el trámite de la declaratoria de la condición de refugiado, apátrida o asilado.
Asimismo se agregarían dos párrafos finales al artículo 18 de la misma ley, que establece que es nula la naturalización que fraudulentamente haya obtenido un extranjero con violación de los requisitos legales. Dichos párrafos indicarían que el procedimiento descrito en ese artículo se aplicará igualmente cuando se compruebe que un extranjero naturalizado hubiera sido condenado con sentencia firme por tráfico de droga o lavado de dinero, ya sea en Costa Rica o en el extranjero, y que por razones de seguridad nacional, el acto del TSE que ratifique la nulidad de pleno derecho de la carta de naturalización de las personas indicadas en el párrafo anterior no gozará del beneficio de su suspensión ejecutoria en vía jurisdiccional.
El proyecto pasa ahora al Plenario para su periodo de mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento y posterior a ello ser discutido y votado en sus dos debates.
Breves
— La vicepresidenta Gloria Navas Montero informó que toda la actividad legislativa ajena al Plenario de este miércoles quedó cancelada en virtud de que mañana debe votarse, sí o sí, el presupuesto nacional 2024 en segundo debate, por lo que el Plenario deberá sesionar de 2:45 p.m. a 11:30 p.m. para agotar el uso de la palabra y proceder con el voto. Durante este martes, aunque se realizaron intervenciones al respecto, la lista no se acabó, particularmente porque la oposición continuó con sus críticas al Gobierno y al oficialismo por haber votado en contra del plan de gastos en el trámite de primer debate.








