El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en segundo debate el proyecto de ley del diputado Danny Vargas Serrano para excluir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el fin de que destine esos recursos a fortalecer la lucha contra la criminalidad en el país.
La iniciativa tramitada en el expediente 23.372 recibió 34 votos a favor y 8 en contra, estos últimos provenientes del oficialismo. La diputada Luz Mary Alpízar rompió la línea partidaria y votó a favor de la iniciativa, mientras que la diputada Ada Acuña estuvo ausente.
Tras el visto bueno final el proyecto pasa al Poder Ejecutivo. El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles externó su oposición semanas atrás durante una conferencia de prensa en la que estaba junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, señalando que el impacto de la iniciativa es sobre el 30% de los gastos del OIJ que pagan IVA, por lo que exonerar al organismo de este impuesto representaría una liberación de solo el 3.9%, una cifra que consideró "no le va a resolver el problema ni al OIJ, ni al Ministerio de Justicia ni al Ministerio de Seguridad Pública".
Por su parte el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen ha criticado al Congreso por aprobar iniciativas como estas señalando que elimina la trazabilidad a los proveedores del OIJ, quienes se quedarán sin resarcir el impuesto que ya pagaron adquiriendo los productos o componentes de estos, con IVA, que le venderán al OIJ; por lo que se verán obligados a aumentar el precio.
Durante el debate diversas diputaciones señalaron que era incongruente que el Estado se cobrara a sí mismo impuestos, medida que se implantó tras la puesta en vigencia de la Ley 9635 por cuanto antes de eso existía el privilegio de "inmunidad fiscal del Estado".
Aprobada cuestionada reforma a Ley 9999
Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.593 "Reforma parcial de la Ley para Prevenir la Revictimización y Garantizar los Derechos de las Personas Menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense, Ley N.° 9999, del 27 de agosto del 2021", iniciativa cuestionada por varias instituciones, incluida la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Educación Pública.
La Ley 9999 dispuso, entre otras medidas, que los funcionarios del MEP que fueran acusados por menores de edad de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor fueran obligatoriamente reubicados o suspendidos durante el procedimiento administrativo; sin embargo, sindicatos de educadores comenzaron a hacer lobby para modificar la ley señalando que la misma constituía una violación al debido proceso y principio de inocencia del personal del MEP, además de señalar que la actual Administración la estaba usando a rajatabla a modo de represalia.
Se alegó por parte de algunas diputaciones, además, que la existencia de esa ley en su estado actual estaba generando burnout (síndrome del quemado) en el personal del MEP, que estaba temeroso de ser acusado por algún estudiante y posteriormente suspendido o reubicado de puesto.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, que no fue estudiado en comisión porque fue dispensado de trámites, al 1 de marzo de 2023 se habían presentado 392 denuncias contra funcionarios del ministerio en aplicación de dicha ley, 260 de ellas por maltrato psicológico, 35 por maltrato físico, 49 por ambos maltratos, 45 por abuso sexual y 3 por trato corruptor.
Esos datos difieren de los dados a conocer esta semana por la Defensoría de los Habitantes en un comunicado de prensa emitido para oponerse a la reforma ahora aprobada, por cuanto señalaban que las denuncias interpuestas eran 240, es decir, el 0,36% del total del personal docente, administrativo y técnico del MEP.
La Ley 9999 fue impugnada en la Sala Constitucional por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) acusando que la norma era contraria al derecho al debido proceso y a los principios de inocencia, razonabilidad, igualdad y no discriminación de las personas trabajadoras que laboran en los centros educativos del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, la Sala en un voto 6 vs. 1 rechazó la acción por el fondo por considerar que la ley no presentaba ningún roce con el Derecho de la Constitución.
De hecho en su análisis el Tribunal Constitucional recordó que el MEP había recibido una condena previa de su pate por no incorporar los principios y derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño en los procedimientos disciplinarios instruidos por la Dirección de Recursos Humanos dentro de los cuales los afectados eran menores de edad; y que no fue sino hasta que la Ley 9999 entró en vigencia que "se inicia en el país una nueva etapa en la valoración y resolución de los procedimientos administrativo disciplinarios en los cuales intervienen personas menores de edad, porque se pretende que, con esta nueva legislación, el adulto investigado no sea el interés procesal prevalente, sino que se coloque a los niños, niñas y adolescentes, en una posición de igualdad de derechos a partir de la cual, su interés superior adquiera la relevancia que tiene para que sus derechos sean protegidos y puedan ser ejercidos plenamente, pasando de la visión adultocéntrica que existía otrora, a la perspectiva infantocéntrica, sin que ello, a la vez, implique tampoco una reducción de las garantías procesales del adulto investigado".
El texto aprobado por el Congreso elimina la potestad permanente de los menores de edad de ampliar su denuncia cuando así lo consideraran pertinente, pese a que la Sala reconoció que esa posibilidad no implicaba en modo alguno que se le estuviera otorgando un trato privilegiado en detrimento de los derechos de la persona denunciada, sino que se trataba de medidas afirmativas que tendían a resguardar sus derechos como menor de edad para que el desarrollo del procedimiento no le ocasionara mayores afectaciones que las ya producidas por los hechos denunciados en sí mismos.
Asimismo, el Congreso debilitó el texto de la ley vigente que establece que el mero testimonio del menor de edad denunciante constituye plena prueba salvo que fuera desvirtuada por el denunciado, para ahora indicar que su testimonio deberá ser valorado en función de su edad y madurez.
Ese aspecto también había sido sujeto de análisis y aprobación de la Sala Constitucional, que estimó que si el órgano director emitía un veredicto de culpabilidad por el mero hecho del testimonio del menor, ello no violaba la Constitución Política porque la redacción no contenía una obligación de sancionar al investigado ni tampoco era la regla como lo alegó APSE, sino solo un principio más de interpretación que debía ser tomado en cuenta por el órgano decisor en conjunto con los principios de interés superior del menor, igualdad, no discriminación, supervivencia, desarrollo y autonomía progresiva que son los rectores de conformidad con el artículo 1 de la Ley 9999.
Todo esto está enmarcado en un contexto dentro del cual la norma permite el pleno ejercicio del debido proceso y el derecho de la persona adulta denunciada, siendo que, en todo caso, en los términos en que lo manifestó la Defensoría de los Habitantes, la norma lo que incluye son acciones afirmativas a través de las cuales se busca equiparar condiciones en una situación de evidente desigualdad como la que existe en la relación docente-estudiante menor de edad y ofensor-víctima menor de edad, sin que ello limite en absoluto aquéllos derechos de la parte denunciada.
Breves
— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.359 "Ley para la reactivación económica por medio del cobro vencido de patentes mediante la reforma del Artículo 78 y del primer párrafo del artículo 88 del Código Municipal, Ley 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas".
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.926 "Segundo Presupuesto Extraordinario de la República y Tercera Modificación Legislativa a la Ley N°10.331, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2023".









