Durante la manifestación del fin de semana contra la represión policial fueron detenidas cinco personas.
Un grupo de más de 650 personas y organizaciones vinculadas al sector académico y feminista enviaron un pronunciamiento en repudio de la intervención policial durante el fin de semana, a una marcha convocada por distintos sectores en solidaridad con una joven alajuelense que denunció “actos de brutalidad policial y violencia sexual” en su contra durante una detención el pasado 26 de agosto.
Según indica el comunicado “la respuesta de las fuerzas policiales a esta manifestación fue desproporcionada desde un inicio, pues se desplegaron decenas de oficiales en las afueras de la Asamblea Legislativa, a pesar de ser pocas las personas concentradas”.
Según denuncia la misiva en el lugar “oficiales asumieron una actitud de provocación, y escalaron situaciones de tensión por medio de insultos y agresiones físicas, llegando inclusive a proferir amenazas de muerte contra las personas movilizadas”.
El motivo de la manifestación fue la denuncia que realizó a finales de agosto una joven de 23 años y de apellido Chaves, en la que aseguró que un grupo de al menos 15 oficiales de Fuerza Pública la golpearon, la abusaron e incluso la ahorcaron mientras ella se encontraba a las afueras del bar Hacienda Sierpe, el cual está ubicado en el centro de Alajuela, entre barrio El Carmen y barrio La Tropicana.
Chaves hizo la denuncia pública por medio de su red social de Instagram y en un video, que dura más de una hora, señaló que ella y un amigo estaban afuera del establecimiento cuando llegaron varias patrullas a requisar a quienes estaban en el sitio.
Uno de los oficiales les pidió las cédulas de mal modo y se las arrebató de las manos, por lo que ella reclamó y ahí fue donde, denuncia, inició la agresión que incluyó desde agresiones físicas hasta abusos sexuales, pasando por detenciones y burlas de parte de los oficiales acusado.
La joven denunciante confirmó que ya presentó una denuncia formal por este tema, al tiempo que el Ministerio de Seguridad Pública confirmó que ya abrió una investigación interna al respecto.
El sábado, por su parte, y a raíz de una detención realizada a uno de los participantes que encontraron grafiteando en las cercanías de la antigua Asamblea Legislativa, la situación escaló y posteriormente la policía detuvo a otras cuatro personas que, según el comunicado fueron arrestadas de manera arbitraria.
Según señaló la diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas Salazar, quien fue parte de la manifestación:
Cuando la manifestación llegó a la Asamblea Legislativa (la Fuerza Pública) pues toma represalia contra un compañero que está transmitiendo y esto incita que las personas se acerquen y protesten en contra de la forma en la que están llevándose al compañero y llegan al punto de trasladarse frente a la Asamblea, por el Parque Nacional. Es aquí donde yo posteriormente llego y noto que la Policía está ejerciendo excesiva fuerza sobre compañeras y compañeros que no están resistiendo a la fuerza policial e intento, usando mi inmunidad, evitar que sigan golpeando a las personas, ante lo cual yo también salgo golpeada y presencio como arrestan a otras tres compañeras. Yo personalmente me apersono ante los oficiales de la Fuerza Pública y estos se niegan a darme información tanto de su identidad como de las personas que han arrestado".
En esta línea, AmeliaRueda.com confirmó, este lunes, que la Sala Constitucional recibió un total de seis recursos de habeas corpus tras la detención de manifestantes del pasado sábado. De estos se dio curso a cuatro de ellos, al tiempo que se realizaron prevenciones ante los otros dos casos recurridos.
Todos los habeas corpus se presentaron contra el director general de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, y contra el Ministerio de Seguridad y en ellos, según señaló el medio digital, "los recurrentes alegan que fueron detenidos por la Fuerza Pública el 9 de septiembre, pese a estar manifestando frente a la Asamblea Legislativa pacíficamente contra la violencia policial".
A raíz de lo anterior, el comunicado de esta semana manifestó “nuestro repudio a la función autoritaria asumida por los y las policías que atentaron contra el ejercicio de la libre manifestación y que evidenciaron, nuevamente, su disposición a hacer un uso desmedido de la fuerza, en total irrespeto de la dignidad humana. Estas acciones dan cuenta de un profundo distanciamiento de las fuerzas policiales respecto a la ciudadanía a la que deberían servir, y son expresivas de una cultura institucional de impunidad y ensañamiento anti-democrático”.
El comunicado finaliza advirtiendo por lo que consideran es “una creciente tendencia a la criminalización de la protesta, que instrumentaliza el sistema judicial para infundir miedo y acallar el disenso”, y finaliza solicitando que se levanten los cargos contra las personas que fueron detenidas el sábado anterior.
Según informó el Semanario Universidad en redes sociales, tres de las personas detenidas fueron liberadas cerca de la media noche del domingo 10 de setiembre, mientras una de ellas fue llevada a los tribunales de flagrancia.
ANEP defiende a la Fuerza Pública y critica a legisladores del FA
Tras lo sucedido y el surgimiento de las denuncias, la Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) defendió a la Fuerza Pública y criticó a las diputadas del Frente Amplio, Vindas Salazar y Sofía Guillén Pérez quien también se hizo presente, debido a que "ahora, como si eso fuera poco, (los oficiales) deberán lidiar con diputados que se enojan porque se hacen decomisos de marihuana":
Hemos observado, de manera reiterada, como algunos legisladores del partido Frente Amplio, muestran su descontento y hasta una aparente animadversión hacia nuestras fuerzas policiales, no conformes con eso, convocaron a una manifestación 'pacifica' por una supuesta violencia policial".
A su vez agregaron que:
El caso que motivó la manifestación se encuentra en investigación por parte de las autoridades judiciales. Lo que corresponde en un país de derecho es esperar el resultado de la misma: si se determina que existió algún tipo de abuso de autoridad, los responsables deberán asumir las consecuencias, en caso contrario, serán exonerados de responsabilidad. Sin embargo, no es propio hacer una generalización y criminalizar la función policial, en la cual hombres y mujeres, todos los días dejan sus hogares para salir a cuidar los nuestros, enfrentándose a una criminalidad cada vez más sofisticada y a una sociedad cada vez más violenta".