El Plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este miércoles la ratificación a dos designaciones hechas por el Consejo de Gobierno en la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), de modo que el ente regulador continuará sin tener su quórum necesario para resolver apelaciones y solicitar actualizaciones de cánones, entre otras de sus funciones.
El Congreso se abocó este miércoles por la tarde a discutir por el fondo los nombres de Nivia Barquero Fernández y Sergio Mata Montero que tras pasar por las entrevistas y revisión de atestados en la Comisión de Nombramientos recibieron informes negativos unánimes y de mayoría, respectivamente, en contra de sus designaciones.
Según se lee de los informes negativos "en la Junta Directiva de Aresep se requiere un conjunto de competencias técnicas de base, genera dudas las recomendaciones que hace el Poder Ejecutivo, ya que no se encuentran respuestas contundentes y precisas, respecto a temáticas que son de un grado básico en ese ámbito que debe moverse la Junta Directiva".
Se hace un llamado al Poder Ejecutivo en referencia a las personas que se proponen para ratificar en los cargos, ya que ser trata de cargos con competencias muy específicas en campos muy específicos. La institucionalidad misma requiere de ese conocimiento en las personas que van a ocupar esos cargos para funcionar de mejor manera, con mayor independencia, sin subordinación al Poder Ejecutivo y con mejor criterio técnico.
Si bien la Comisión de Nombramientos no puso en duda la preparación académica, experiencia laboral y trayectoria de los dos nominados, sí determinaron que no contaban con el conocimiento requerido para integrar la junta de Aresep.
Por ejemplo en el caso de Barquero Fernández, la comisión hizo ver que ante consulta del diputado Jorge Dengo Rosabal sobre la teoría moderna en cuanto a la distinción de servicios públicos y servicios económicos de interés general, y cómo podría evolucionar la normativa para la adopción de estos conceptos, ante lo cual ella respondió que parecía que ambos estaban relacionados pero no conocía el fondo de la teoría.
Asimismo, cuando la diputada Alejandra Larios Trejos le preguntó si el país se expone a la captura regulatoria, ella pidió que se le explicara qué era eso, mientras que cuando la diputada Pilar Cisneros le preguntó sobre priorizar el cobro electrónico, ella dijo no estar de acuerdo pues perjudica a personas adultas mayores; y que tampoco veía necesario hacer reformas legales al cuerpo normativo de la Aresep.
Pr otro lado cuando el diputado Carlos Andrés Robles Obando le pidió su opinión sobre la regulación de tarifas de estibas en el servicio portuario, ya que actualmente los establece el concesionario, Barquero Fernández dijo que no tenía conocimiento del tema de estibas ni del área pesquera.
Además ante pregunta de la diputada Dinorah Barquero reveló que no sabe quién la recomendó para el cargo en Aresep, pero que le solicitaron que presentara su hoja de vida al haber valorado que había trabajado con contabilidad regulatoria y temas tarifarios, pero que no era experta en la materia regulatoria, ya que estaba más direccionada a materia financiera.
Para el caso de Sergio Mata Montero la comisión destacó que él no supo responder a la consulta del diputado Jorge Dengo respecto a tarifas mínimas para el servicio de taxis y en lugar señaló que debía ser un "equilibrio", además de que se cuestionó su ligamen previo con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, un ente regulado por la Aresep, lo que podría comprometer su imparcialidad.
Asimismo la comisión hizo ver que Mata aparecía moroso en sus obligaciones para con la Seguridad Social y que cuando fue preguntado por ello culpó a un sistema informático que no le dejó realizar el pago previo a su entrevista.
El diputado Jorge Dengo cuestionó que a Mata se le hicieron preguntas muy puntales en el tema de regulación y regulación de servicios públicos básicas que no fueron contestadas de manera correcta, que hubo respuestas muy desordenadas, sin llegar a ninguna conclusión y sin aportar, por lo que no le parecía que fuera una persona que tuviera la calificación puntual para el puesto.
En igual sentido el diputado Jonathan Acuña indicó que en la Junta Directiva de Aresep se requiere un conjunto de competencias técnicas de base y que generaba amplias dudas las recomendaciones que hacía el gobierno actual, ya que no se encuentran respuestas contundentes y precisas respecto a temáticas que son de un grado básico en ese ámbito en el cual debe moverse la Junta Directiva.
Finalmente puesto el tema a decisión del Plenario la ratificación de Nivia Barquero Fernández fue rechazada por la unanimidad de los 43 presentes, mientras que en el caso de Sergio Mata Montero solo los 10 oficialistas votaron a favor y los 33 restantes lo hicieron en contra.
Breves
— La defensora de los Habitantes Angie Cruickshank Lambert compareció ante la Comisión de Hacendarios para referirse al proyecto de presupuesto 2024 y señaló que el monto de dinero que les autorizó Hacienda profundiza cada vez más el problema económico que arrastra la institución, a la cual se le viene reduciendo su presupuesto año con año desde el 2018. Según detalló, la principal afectación se encuentra en el campo de la modernización tecnológica y la ciberseguridad, ya que trabajan con equipos totalmente obsoletos, que representan un gran riesgo ante posibles ciberataques; además de tener limitado todo su accionar en las zonas indígenas del país, donde niños, ancianos, mujeres y personas con discapacidad se encuentran sin ningún apoyo ante la falta de recursos para que los trabajadores responsables puedan realizar giras; de modo que dijo que le hacen falta unos 202 millones de colones adicionales para inversión tecnológica y unos 50 millones más para abrir una oficina que atienda los asuntos de la región sur del país.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa, Karla Granados Brenes afirmó que las limitaciones impuestas por el Ministerio de Hacienda los obligó a mantener el mismo presupuesto del 2023 que ronda los 45 mil millones de colones y que para poder ajustarse a dicha solicitud se vieron obligados a eliminar una de las mensualidades de pago del alquiler del nuevo edificio legislativo al Banco de Costa Rica, por lo que el próximo año enfrentarán un faltante de 1274 millones de colones que corresponde al pago de ese doceavo mes.
— La Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior aprobó convocar a jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre la restricción impuesta la participación de varias empresas chinas en la licitación del desarrollo de la tecnología 5G en el país.
— La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 23.259 denominado "Ley para armonizar la normativa del arbitraje costarricense", con la cual se amplía la aplicación de la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional (Ley 8937) a procesos arbitrales de carácter nacional.








