Se han contado muchas historias, pero las historias son mejor contadas cuando son narradas por los que las viven en carne propia.

Desde hace un par de meses, en la Asamblea Legislativa se estaba aprobando proyectos; de estos proyectos había uno que afecta o afectaba a las poblaciones originarias, del cual es muy indispensable que algunas cosas queden claras para la sociedad, en el sentido que nosotros como indígenas y siendo los principales afectados podemos demostrar, sustentar al respecto sobre dicho proceso, y es irónico además, como en un país democrático que aboga por los derechos de los más vulnerables, sean violentados estos derechos fundamentales, siempre a beneficio de los intereses de ciertos grupos.

Como se dice popularmente “la justicia en el país es como la terciopelo, que muerde o pica solo al que anda descalzo”, pero surgen algunas interrogantes, en este sentido, ya que al parecer alguien está colocando a las terciopelos en puntos estratégicos para que puedan herir, —y con heridas mortales— en este caso para las poblaciones originarias.

En este caso me refiero al Protocolo de Nagoya, ya que se dice que se elaboró el proceso de consulta respectivo, como dicta la ley a las poblaciones originarias del país, sobre este hecho puedo mencionar que según se establece en según el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (Decreto 40932-MP-MJP), además lo estipulado en convenios ratificados en el país, y todo lo que concierne a este ámbito; en este caso, según se estipula en el Mecanismo (artículo 2, inciso c) y menciona que la consulta es una obligación, libre, previa, informada, mediante procedimientos culturalmente apropiados, a través de sus instituciones; con respecto a lo anterior desde nuestro territorio indígena (Conte Burica) y como indígena, puedo decir que de casi 3 mil personas originarias que habitan el territorio, solo 15 personas saben o tienen un pequeñísimo conocimiento de este protocolo, ya que nunca se consultó, se divulgo, se transmitió, emitió dicha información a la población.

Un claro ejemplo de que se violentó este derecho siendo las población originaria la más afectada, es que la Asamblea considere a las ADIs como la representación absoluta de los Territorio Indígenas. ¿Dónde quedan las otras organizaciones o la población en general? Un claro ejemplo, es que un Territorio enorme, de casi 3 mil personas, solo estén afiliadas 800 y de esas 800 en ocasiones solo participen 300 (en la ADI), ya que existen factores de distancia, ríos, caminos intransitables, mostrando así que esa “consulta” nunca existió y que el 99,9% de la población desconoce de la aprobación de dicho protocolo en el país. Con esto no me enfoco en las ADIs, si no al proceso justo, engañoso e ilegitimo que elaboraron para aprobar dicho protocolo, a sabiendas que las poblaciones originarias son las más afectadas.

Con la aprobación del Protocolo de Nagoya solo se muestra el racismo, amenazas, desigualdad y discriminación que enfrentan las poblaciones originarias en el país, y que se muestra al exterior como un ejemplo a seguir.

Como menciona José Martí

No se le oye venir, sino que viene con zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta, tiene al tigre encima [...]. El tigre espera, detrás de cada árbol, acurrucado en cada esquina”.

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