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Imagen principal del artículo: FA y PLN denuncian 12 inconstitucionalidades en proyecto de jornadas 4x3
Foto: Asamblea Legislativa

FA y PLN denuncian 12 inconstitucionalidades en proyecto de jornadas 4x3

Diez diputados del Frente Amplio y Liberación Nacional presentaron este miércoles una nueva consulta de constitucionalidad en contra del proyecto de jornadas 4x3 aprobado en primer debate el martes, alegando que la iniciativa contiene 13 inconstitucionalidades tanto de fondo como de procedimiento, estas últimas que de ser confirmadas por los magistrados darían al traste con el trámite que se siguió en el proyecto.

La nueva consulta, de 155 páginas de extensión, se suma a la presentada el mismo martes por otros 10 legisladores de Liberación Nacional, quienes acusaron tres inconstitucionalidades de fondo en el proyecto de ley. En la presentada este miércoles se acusan seis inconstitucionalidades de procedimiento y siete de fondo.

Según el documento, el primer vicio de procedimiento cometido en el proyecto ocurrió durante la anterior Asamblea Legislativa, cuando el entonces presidente Eduardo Cruickshank Smith delegó en la Comisión de Asuntos Hacendarios el estudio de la propuesta, pese a que el Reglamento del Congreso dispone que ese foro tiene como tarea analizar "los presupuestos nacionales, sus liquidaciones y los asuntos de Hacienda Pública".

De la exposición de motivos y la simple lectura del texto normativo, es de claridad meridiana que no contiene materia hacendaria de ningún tipo, sino que regula aspectos propios del derecho laboral, específicamente sobre la creación de nuevas jornadas de trabajo, estableciendo las condiciones bajo las cuales deberán aplicarse.

Según se alega en la consulta, el traslado del proyecto se hizo desde la Comisión de Asuntos Jurídicos donde estaba siendo estudiado originalmente, por mero acuerdo privado o secreto de las presidencias de ambas comisiones, y sin que el traslado fuera sometido a votación de los miembros de ambos órganos legislativos, a contrapelo de la costumbre parlamentaria y aspecto que fue criticado por el entonces diputado Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional, quien era en ese entonces miembro de la Comisión de Jurídicos.

Como segundo punto acusado, el PLN y el FA reprocharon que durante 14 horas de discusión y votación de mociones del proyecto de ley en el Plenario Legislativo no se contó con intérprete de Lengua de Señas Costarricenses (LESCO), afectando los derechos fundamentales de las personas sordas, acentuando las brechas e impidiéndoles participar de la democracia y ejercer sus derechos políticos, así como ejercer el control ciudadano sobre el actuar de los diputados, lo que se agravaba para el caso concreto debido a que se trata de un proyecto de ley que les afecta directamente en cuanto a sus derechos laborales.

El tercer reproche de procedimiento versa sobre que el proyecto no fuera consultado a las personas con discapacidad, pese a que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661 del 19 de agosto de 2008) establece que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados deben celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

Para fundamentar la afectación por la falta de consulta, los diputados señalaron que el proyecto de ley establece que un requisito indispensable para ser excluido de las jornadas 4x3 es demostrar labores de cuido de una persona con discapacidad, obligando a la persona a aportar certificados médicos que contienen información privada sobre la salud y condiciones de la persona a su cargo, lo que además constituye una violación a su privacidad e integridad y contribuye a generar mayores estigmas y discriminación.

Asimismo, ante las jornadas de 12 horas diarias, donde no se contempla el transporte de las personas trabajadoras, se agrava para las personas con discapacidad, que tienen mayores dificultades de movilidad y traslado.

El cuarto vicio de procedimiento denunciado es la presunta violación a los artículos 178, 188, 189, 190, 191, 197, 199 y 200 del Reglamento de la Asamblea, referidos al procedimiento abreviado aplicado al proyecto de ley.

Según los 10 firmantes la aplicación del procedimiento fue incorrecta por cuanto el proyecto de ley ya había sido dictaminado por una comisión y había superado el primer día de presentación de mociones según el artículo 137 del Reglamento del Congreso, y el procedimiento abreviado aplicado está reservado -según la literalidad del texto- para proyectos dictaminados pero que no hayan pasado por el trámite de las 'mociones 137'.

Para el caso del expediente 21.182, ya había precluido dicha etapa procesal e incluso, se había agotado la primera oportunidad de presentación de mociones de fondo, de conformidad con lo establecido en el articulo 137. El Reglamento de la Asamblea Legislativa no contempla la posibilidad de aplicar un procedimiento abreviado en la etapa procesal en la que se encontraba la iniciativa de ley 21.182 y siguiendo la lógica normativa, la imposibilidad de aplicar vías rápidas en este estado, tiene razones de fondo que responden a la protección de los derechos de enmienda y debate legislativo, de los diputados y diputadas de la República. Es decir, la violación a los artículos de cita, implican no solo la violación directa de las normas del RAL como tal, sino que tuvo consecuencias lesivas en la esfera jurídica de las legisladoras y legisladores.

En la consulta también se impugna el que las mociones de fondo que estaban en estudio de la Comisión de Hacendarios pasaran a estudio del Plenario, pues a su criterio ello constituyó un procedimiento "nuevo" no contemplado en el Reglamento, y terminó afectando los derechos de los legisladores pues la mayoría de las 14 sesiones dedicadas a votar con discusión las mociones de fondo se desgastaron en analizar mociones heredadas de la Comisión de Hacendarios.

Adicionalmente se acusó que el texto sobre el cual recayó el procedimiento abreviado, si bien había sido acogido por la Comisión de Hacendarios desde el 10 de agosto de 2022, no fue sino hasta el 4 de mayo de 2023 que se publicó en las plataformas de la Asamblea Legislativa, de modo que al 27 de abril, cuando se aprobó la vía rápida, no estaba publicado el texto actualizado.

La ciudadanía no tenia conocimiento alguno sobre cuál texto se aplicaba una vía rápida el mismo día que se votó la aplicación del procedimiento abreviado, situación que no pudo ser subsanada si se publicó en la página de la Asamblea Legislativa, hasta el 4 de mayo por resolución de la presidencia. Esto viola el principio de publicidad, lo que atentó contra el derecho de la ciudadanía a manifestarse sobre un tema especifico en discusión, acudir a diputados y diputadas para que se escuchara su parecer sobre el texto en discusión y organizarse, tanto para apoyar el asunto, como para adversarlo y también para manifestar su parecer sobre la conveniencia nacional en la aplicación de procedimientos expeditos al texto en cuestión.

En ese mismo punto también se impugnó la decisión del presidente Rodrigo Arias Sánchez de tramitar simultáneamente en cada sesión el proyecto de ley de jornadas 4x3 y el proyecto de ley contra el crimen organizado, pese a que el de jornadas extraordinarias tenía precedencia y según el artículo 197 del Reglamento debieron haberse conocido en orden cronológico. Pese a ello, Arias citó un "acuerdo político con cinco de las seis fracciones políticas" como motivo para disponer que cada sesión de Plenario se fraccionaría en dos para conocer ambos proyectos de ley.

En este orden de ideas, esta resolución de la presidencia, independientemente de si fue avalada o no por una mayoría del Congreso, lo que significó en la práctica fue una disminución real de los tiempos de discusión establecidos en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, disminuyendo de forma irrazonable, desproporcionada e ilegitima, el debate legislativo, sobre todo, en perjuicio de las minorías y de la iniciativa de ley 21.182, tomando en cuenta que era la que se encontraba primero, tanto porque había ingresado antes al orden del día del plenario como porque la moción que definió la aplicación del procedimiento abreviado, fue aprobada antes que la que corresponde al 23.090, en la sesión ordinaria del 27 de abril de 2023.

Adicionalmente los diputados acusaron que Arias se atribuyó potestades que competían a todo el Plenario, pues por decisión propia y no por moción aprobada por mayoría calificada varió el horario de las sesiones.

El tiempo de discusión se vio reducido debido a esa división de tiempos de una hora y treinta minutos para cada proyecto de ley que se tramitaba en vía abreviada, lo que en la práctica implicó que en las primeras tres sesiones de las catorce de discusión de mociones de fondo del expediente legislativo 21.182, se pudiera utilizar solo la mitad del tiempo, tomando en cuenta que según la resolución presidencial, debía después conocerse de inmediato el expediente legislativo 23.090.

Los diputados también denunciaron que en las 14 sesiones de votación se llevaron a cabo rupturas de quórum y recesos que superaron el máximo autorizado por el artículo 199 del Reglamento (dos máximo por sesión), pues la presidencia de la Asamblea declaraba recesos a solicitud propia por amplios tiempos, sin autorización normativa para hacerlo.

El quinto motivo de impugnación por procedimiento es haber sesionado en varias ocasiones sin quórum presencial, hechos ocurridos el 1 de junio mientras la sesión la diría Gloria Navas Montero, 28 de junio mientras presidía María Marta Carballo, y particularmente el incidente ocurrido el 3 de julio donde un grupo de diputados entró al Plenario después de la orden de cerrar puertas, lo que ocasionó que Navas ordenara una investigación al respecto.

El sexto motivo de impugnación fue el incumplimiento del horario reglamentario el 18 de julio, cuando la presidenta interina, María Marta Carballo, prorrogó más allá del mediodía la sesión extraordinaria del Plenario para conocer las mociones de fondo 854 y 855, pese a que el Reglamento decía que las sesiones extraordinarias de las mañanas eran de 9 am a 12 medio día.

"Es evidente que la presidencia de la Asamblea Legislativa, deroga singularmente una norma del reglamento y cambia el horario de sesiones arbitraria e intempestivamente, sin ninguna justificación o advertencia y tan solo se justifica en su interés personal de terminar de votar las mociones de fondo que quedaban pendientes, abiertamente en contra del mandato reglamentario y que si bien fueron siete minutos adicionales, afecta la seguridad jurídica, sobre todo de la población que sigue las sesiones de la Asamblea Legislativa y esperaba que las sesiones terminaran a la hora reglamentaria", dice el documento.

Como primera inconstitucionalidad de fondo los congresistas acusaron que la implementación de jornadas laborales de 12 horas violenta el artículo 2 del Convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con artículos 7, 48 y 58 de la Constitución Política.

Según explicaron, el Convenio en cuestión exonera del límite de 8 horas diarias a los puestos de confianza, las jornadas inferiores a 8 horas, el trabajo por equipos, los accidentes o graves peligros de accidente, el funcionamiento continuo, excepciones acordadas por convención colectiva, el trabajo preparatorio o complementario, el trabajo intermitente, y la jornada extraordinaria propiamente dicha, sin embargo, alegan que ninguna de las industrias contempladas en el proyecto de ley bajo estudio se enmarca o entra en alguna de ellas.

Esta infracción al Convenio 1 de la OIT constituye también una violación del principio constitucional de supremacía de los instrumentos internacionales de derechos humanos, según lo establecido en los artículos 7 y 48 de la Constitución y la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la materia. Esto es así, debido a que en el ordenamiento jurídico costarricense los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen supremacía sobre las leyes nacionales y el mismo rango y jerarquía que las normas constitucionales, e incluso, un rango superior, en tanto amplíen la protección a los derechos humanos contenida en la Norma Fundamental.

A ello sumaron que según los criterios técnicos de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT confirmaron que las jornadas de 12 horas son incompatibles con el Convenio No. 1 de la OIT. Dicha comisión, en 2018, señaló que "el sistema de semana de trabajo comprimida en el que dos equipos realizan turnos de 12 horas es incompatible con los requisitos de los Convenios núms. 1 y 30 debido a que la jornada diaria de trabajo puede ser superior al límite de 9 y 10 horas prescrito respectivamente".

Inclusive los diputados recordaron que en 2005 la CEACR le indicó a Costa Rica que su artículo 136 del Código de Trabajo que habilita jornadas laborales diarias de 10 horas para trabajos que no sean insalubres o peligrosos es incompatible con el Convenio de la OIT, pues las 8 horas diarias y las 48 horas semanales son límites estrictos, no sujetos a variaciones o excepciones.

Como segundo alegato de inconstitucionalidad por el fondo, los diputados señalaron que el listado de cinco servicios donde podrían aplicarse jornadas 4x3 (manufactura tecnificada, industria de implementos médicos, servicios de apoyo necesarios a esos dos, servicios corporativos, y servicios privados de salud) violenta los artículos 58, 9 y 121.1 de la Constitución Política por tres motivos: 1) No respeta la excepcionalidad muy calificada que el articulo constitucional exige para desaplicar los limites de las jornadas de trabajo, también previstos en el mismo articulo. 2) No respeta con el rigor debido la reserva de ley que el mismo articulo constitucional ordena para determinar las excepciones muy calificadas que pueden tener los limites que la Constitución fija a las jornadas de trabajo. 3) Delega en un órgano administrativo competencias constitucionales exclusivas y excluyentes del legislador.

La tercera razón de fondo es la inconstitucionalidad de la jornada nocturna de 12 horas, por violación al Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), pues este dispone en su artículo 7 inciso g) que las horas de trabajo deben tener límites de trabajo razonables tanto diarias como semanales, y deben ser de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos.

Asimismo los legisladores acusaron que la jornada nocturna de 12 horas constituye una duplicación o aumento del 100% respecto a la duración de la jornada ordinaria nocturna permitida en el artículo 58 de la Constitución, que establece que en esos casos no puede superar las 6 horas diarias y 36 horas semanales.

La cuarta inconstitucionalidad de fondo alegada es la autorización de jornadas permanentes de 12 horas diarias, ignorando estudios técnicos y evidencia científica sobre el daño que causa a la salud de las personas trabajadoras, violando los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad e higiene en el trabajo, incumpliendo también la obligación constitucional de basar sus decisiones que afectan la salud en criterios técnicos, todo tipificado en los artículos 21 y 66 de la Constitución, el artículo 7 del Protocolo de San Salvador y los artículos 4, 5 y 8 del Convenio 155 de la OIT.

El quinto motivo alegado es el incumplimiento del Estado de brindar protección especial a la familia, los menores de edad y las mujeres, y de promover la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares al instaurar jornadas permanentes de 12 horas laborales diarias, a contrapelo de los artículos 51 y 71 de la Constitución Política, el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos 3 y 4 del Convenio 156 de la OIT, los artículos 7, 17 y 17 de la Recomendación 165 de la OIT, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 11 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 

Finalmente, la última razón es la inconstitucionalidad del Transitorio II del proyecto de ley, por el incumplimiento a pagar las horas extras a las 8 horas diarias con un 50% más, con la consecuente reducción salarial efectiva a las personas que trabajen en esas jornadas, violando así el artículo 58 de la Constitución Política y el artículo 6 del Convenio No. 1 de la OIT.

La Sala Constitucional debe mandar ahora a solicitar el expediente certificado del proyecto de ley al Congreso y hasta que lo reciba, correrá el plazo de 1 mes para resolver las dos consultas formuladas.