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Foto: Asamblea Legislativa

Proyecto de jornadas 4x3 entra en recta final de discusión de mociones: restan 733

El proyecto de ley para instaurar las jornadas de 12 horas durante cuatro días, a cambio de tres días de descanso, entró en su recta final de discusión de las mociones de fondo que fueron presentadas.

Este lunes el Plenario solo sesionó por la tarde, dado que desde la semana pasada la sesión matutina fue cancelada para permitirle a la Comisión de Asuntos Hacendarios sesionar con el propósito de que tramite los presupuestos extraordinarios que están presentados.

Ello implicará que será hasta en la sesión de la mañana de este martes que el Plenario llevará a cabo la decimocuarta sesión de discusión de mociones de fondo, prevista por el procedimiento abreviado que tiene este proyecto de ley, y será hasta en la sesión de la tarde en la que inicie la votación de las mociones que quedan, sin posibilidad de hacer uso de la palabra.

Este lunes los congresistas lograron avanzar solo en seis mociones de fondo, con sus respectivas revisiones, siendo todas rechazadas. Asimismo se rechazaron dos mociones de orden para enviar en consulta el proyecto a la Organización Internacional del Trabajo (para que se refiriera a las brechas de género, niñez y juventud) y al Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

Con ese escenario la sesión del martes por la mañana arrancará con un pendiente de 733 mociones de fondo, y sus potenciales revisiones.

Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea, anunció que dado que solo queda este proyecto de ley con trámite abreviado (ya que el de lucha contra crimen organizado ya fue aprobado y promulgado como ley), las sesiones matutinas arrancarán de nuevo a las 9:00 a.m. con 15 minutos reglamentarios para constituir quorum, dejando de lado su resolución previa que disponía que el Plenario estuviese convocado a las 8:45 a.m. para que la sesión iniciara a más tardar a las 9:00 a.m.

Aunque las diputaciones no podrán defender más las mociones de fondo a partir de la sesión de la tarde, queda abierto el "portillo" para que se haga uso de la palabra mediante mociones de orden, las cuales están limitadas a dos por sesión.

El Frente Amplio ha usado ese mecanismo para intentar enviar en consulta el proyecto a distintas entidades, organismos y colectivos ciudadanos, y el procedimiento abreviado no dispone que esas mociones deban votarse sin discusión, pasadas las 14 sesiones que señala el procedimiento, pues únicamente se limita a afectar a las mociones de fondo.

En total restan 309 mociones heredadas por la Comisión de Asuntos Hacendarios que tramitó el proyecto hasta que le fue aprobada la vía abreviada, y 424 mociones de fondo que fueron presentadas a lo largo de los tres días habilitados por ello al disponerse que el expediente recibiera un procedimiento especial.

Hacendarios se inclina por objetar recorte a educación para darlo a seguridad

La Comisión de Asuntos Hacendarios recibió este lunes por la mañana a los jerarcas del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República (CGR), para referirse al presupuesto extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo que pretende tomar recursos del Ministerio de Educación Pública para destinarlos al Ministerio de Seguridad.

Priscila Zamora, viceministra de Ingresos fue la responsable de defender el presupuesto dada la ausencia de Nogui Acosta Jaen como ministro, en medio de publicaciones falsas durante el fin de semana que daban cuenta de una supuesta carta de renuncia de Acosta, en medio de las críticas que se han hecho al plan fiscal presentado por el Ejecutivo.

Zamora recordó que con este presupuesto se pasarían 2800 millones de colones del MOPT y 3200 millones de colones del MEP a financiar 300 plazas policiales, 1708 millones para la represión del narcotráfico, aumento de materiales para las fuerzas policiales por 1671 millones de colones, 800 millones de colones para alimentos y 579 millones de colones en seguridad aérea.

Ante las críticas por el desfinanciamiento al sector Educación para destinarlo a Seguridad, la ministra interina defendió el traslado señalando que no se estaba dejando sin recursos la partida para transporte estudiantil (se le recortan 1700 millones de colones), pero que habían una serie de aspectos administrativos que debían solventarse en el MEP para que los recursos de transporte pudieran ser ejecutados, agravados por la implementación de la nueva Ley de Contratación Pública.

José Pablo Sibaja de Nueva República criticó la contradicción de que mientras el MEP señala que existe un faltante de 23 mil millones para transporte de estudiantes, se pretendan hacer recortes a esa partida.

Las autoridades del MEP afirmaron que las necesidades actuales se están cubriendo mediante transferencias a las juntas de educación en forma de subsidios a estudiantes, de modo que no se estaba dejando desamparada a la población estudiantil.

Diputados como Gilbert Jiménez Siles y Paulina Ramírez Portuguez cuestionaron la posibilidad real del Gobierno de llenar las 300 plazas policiales que se abrirían con el presupuesto extraordinario, ya que como ha reconocido el propio Ejecutivo, la formación de los policías es larga y por ende no sería posible hacer nombramientos en los seis meses que quedan del año.

Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio señaló que mientras la Procuraduría General de la República recomendó a la Sala IV que declare inconstitucional el Presupuesto Nacional 2023 por incumplir el mandado constitucional de destinar el 8% del PIB para educación, el Ejecutivo pretende reducir aún más el presupuesto de ese sector.

Carlos Felipe García del PUSC reprochó que el MEP culpe a la nueva Ley de Contratación Pública de los atrasos en la adjudicación de rutas de transporte estudiantil, cuando en noviembre le enviaron una carta al Congreso señalando que "estaban listos" para implementar esa legislación, lo que a la postre terminó por enterrar el proyecto de ley para posponer la entrada en vigencia de esa normativa.

Marta Eugenia Acosta Zúñiga, contralora general de la República, expuso que si bien el presupuesto extraordinario no tiene efectos sobre los resultados fiscales, sí afectaría el servicio de transporte estudiantil del MEP para 6536 estudiantes, aunque el propio ministerio ha dicho que no podría ejecutar esos recursos.

Dato D+: El 37.5% de los recursos que se destinarían a seguridad ciudadana en este presupuesto, provienen de partidas del MEP.

Acosta resaltó además que el Conavi objetó la rebaja de recursos a su entidad destinados a expropiaciones y del programa de obras estratégicas, pero que lo acataba en virtud del principio de "obediencia", y porque había que solventar el tema de seguridad nacional.

La contralora afirmó que si bien Hacienda afirma que con este presupuesto extraordinario no se violenta la regla fiscal, existe controversia respecto a la forma que usa Hacienda para determinar si se cumple o no dicha regla.

Lea: Contraloría pide a Tribunal Contencioso suspender decreto de Chaves sobre regla fiscal

La jerarca reveló que días atrás el Contencioso administrativo les rechazó la solicitud de medida cautelar que habían presentado, de modo que ya están preparando la demanda contra el Estado por dicho decreto.

Breves

— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó interpelar al ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar el 12 de junio, sobre la ruptura del convenio con CINDE y los planes y proyectos para la atracción de inversión extranjera.

— Un grupo de extrabajadores del call center que trabajó para la campaña del ahora presidente Rodrigo Chaves Robles declaró ante la comisión de financiamiento de partidos políticos que no recibieron pagos de horas extras, pese a que las trabajaron; pago de cargas sociales porque los contrataron bajo servicios profesionales pese a estar subordinados y tener horario; además que no se les reconoció el pago de la jornada mixta, pese a que trabajaban en esa modalidad.

Kattia Calvo Cruz, Margarita Parra Parra, Cristel Castillo Rodríguez, Mariana Villalta Esquivel, Álvaro Picón Rodríguez, Rohan Barrios Rojas, Fanny Garita Gómez y Karla Mora Elizondo, fueron quienes comparecieron en dos grupos ante los congresistas, para referirse a las labores que desempeñaron en la campaña, y donde además de las violaciones laborales mencionadas, señalaron que no se les pagó tampoco seguro de riesgos del trabajo, liquidación, aguinaldo, vacaciones ni cesantía.

De hecho Villata reveló que fueron despedidas luego que personeros del Ministerio de Salud se apersonaran al lugar donde funcionaba el call center, para verificar que se cumplían los requerimientos sanitarios del momento, como baños y lavamanos, entre otros.

Tras los testimonios, la comisión aprobó enviar el acta certificada ante el Ministerio Público, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo, para que tomen las medidas del caso.

Como anécdota, Kattia Calvo Cruz llamó "chuchinga" al diputado del PLN Francisco Nicolás, luego que este trajera a colación el despido de ella en la Municipalidad de San José.