La Contraloría General de la República (CGR) accionó ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que emita una medida cautelar que suspenda la aplicación del Decreto Ejecutivo 43.589-H, firmado por el presidente de la República y el ministro de Hacienda, que flexibilizó la regla fiscal creada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).

La oficina de prensa del ente contralor confirmó que ayer, 5 de julio, la Contraloría planteó una solicitud de medida cautelar ante causam que se tramita bajo el expediente 22-003710-1027-CA, para frenar la aplicación de ese decreto por el impacto negativo que tendrá para las finanzas públicas.

"Esta decisión del órgano contralor se explica en los efectos inmediatos e irreversibles en temas tales como:

  • La eliminación del límite máximo para las transferencias que hace el Gobierno Central a las Municipalidades y Concejos Municipales.
  • La autorización al Gobierno para aumentar durante el 2022, sus gastos en hasta ₡230.000 millones incumpliendo el mecanismo previsto en el artículo 21 del Título IV de la Ley No. 9635.
  • Incumplimiento de la regla fiscal a nivel de gasto corriente en el segundo Presupuesto Extraordinario de la República actualmente en trámite ante la Asamblea Legislativa.
  • Imposibilidad de aprobar presupuestos extraordinarios en 24 instituciones públicas del sector descentralizado, en lo que resta del año.
  • Un impacto negativo en el déficit fiscal, el endeudamiento del Gobierno y en la ruta de alcanzar la sostenibilidad financiera y disciplina fiscal que requiere la delicada situación de las finanzas públicas del país", dijo la institución.

De acuerdo con el ente fiscalizador de la Hacienda Pública, y responsable de velar por el cumplimiento de la regla fiscal, todo lo anterior "impacta negativamente el interés general de procurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y gestionar la crisis fiscal, el endeudamiento y el nivel de gasto público; lo que en otras palabras, significa que se incrementará gradualmente la afectación de los servicios a la población. Además, el Decreto supone una aplicación de la regla fiscal desigual e inconsistente en relación con el Gobierno Central y el sector descentralizado, lo cual afectará la gestión de las instituciones".

La solicitud judicial de la Contraloría está en trámite de audiencia ante la Procuraduría General de la República, que funge como abogado del Estado.

Sobre esta acción judicial, el presidente Rodrigo Chaves Robles, dijo en conferencia de prensa que él y la contralora, Marta Acosta Zúñiga, tenían una visión diferente respecto a este tema, desde que él era ministro de Hacienda.

Yo advertí que esto iba a ser dañino a la economía, no la regla fiscal, sino la regla con la que se mide. Desde entonces tenemos esa disputa. El presidente Alvarado decidió firmar el reglamento de la ley, que es potestad del Ejecutivo, de acuerdo a la opinión de la Contralora y no del Ministro de Hacienda, una razón por la cual yo salí. Estamos cumpliendo con el deber de reglamentar la ley; si ella quiere judicializarlo, nosotros somos respetuosos, iremos al proceso de judicialización, pero prefiero eso a ver 13 mil niños que no van a poder estar albergados por el PANI por la camisa de fuerza que significa la regla fiscal a como se está midiendo hoy. Le corresponde a los tribunales decidir eso ahora.