Proyectos como el de renta global amenazan la función social del solidarismo.
Costa Rica atraviesa un momento extremadamente complejo, por lo que es vital la promoción de espacios para el diálogo y debate que involucren a diversos actores sociales, incluidos representantes del gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil organizada.
Estos espacios permitirán diferentes perspectivas y la búsqueda de consenso para la ejecución de políticas y programas que fomenten el crecimiento sostenido, la generación de empleo digno, la mitigación de la pobreza y la reducción de las desigualdades.
Es esencial que como ciudadanos volvamos a encontrarnos cara a cara con confianza para discutir nuestras diferencias y alcanzar acuerdos sobre objetivos realistas en pro del bien común.
La Costa Rica que conocemos se debe a la construcción de un pacto social. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de reconstruirlo y fortalecerlo para evitar comprometer, aún más, la gobernabilidad democrática. El gobierno debe desempeñar un papel fundamental como principal actor, y facilitar los espacios de diálogo necesarios, por medio de los mecanismos democráticos que nos caracterizan.
Por lo tanto, es preciso potenciar y fortalecer las ventajas del solidarismo para seguir avanzando como nación y evitar retrocesos en lo alcanzado hasta ahora.
El solidarismo representa una valiosa contribución a la promoción de la paz laboral y es un pilar para construir un desarrollo más inclusivo, justo y participativo. Este enfoque propone un modelo social y económico que va más allá del individualismo y la búsqueda desmedida de acumulación de riqueza. En su lugar, promueve la convivencia democrática y procura una mayor justicia social, basadas en el principio de solidaridad. Es responsabilidad de toda la nación defender su creación y heredarla al mundo como un ejemplo.
El solidarismo ha permitido que patronos y trabajadores lleguen a acuerdos para crear un capital propio, mediante el aporte de cesantía y el ahorro de los trabajadores, lo que les brinda la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de programas y proyectos de vivienda, salud, educación, recreación y otros. Estos programas tienen como objetivo el desarrollo integral del trabajador y su familia.
Sin embargo, el solidarismo afronta una serie de acciones institucionales, leyes y proyectos legislativos que debilitan su función social. Esto va en contra de la protección que el Estado debe otorgarle, además de irrespetar el ordenamiento jurídico y resoluciones recientes del Conassif y la Sugef, que confirman la esencia del solidarismo y sus beneficios.
El proyecto de renta global, proveniente de la administración anterior, y otros anunciados por el gobierno son manifestaciones del interés continuo de agredir al sector y el bolsillo de los trabajadores.
Sus efectos serán regresivos al pretender agregar un 15% sobre otros rubros, como los intereses de préstamos que pagan los mismos trabajadores solidaristas y las ganancias de capital inmobiliario y mobiliario. Aparte, se plantean reformas que, entre otras afectaciones, reitera un incremento en el impuesto sobre los excedentes de las asociaciones y una tasa plana del 30% para los negocios del sector y las micros, pequeñas y medianas empresas.
Como si fuera poco, el Banco Central anunció la modificación de la forma como se administra la reserva de liquidez, es decir, un duro golpe a los ingresos de los trabajadores solidaristas.
En el 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas impuso grandes ajustes. En lugar de más impuestos, sería más apropiada una propuesta de interés compartido para impulsar la reactivación económica, la generación de empleo y el combate a la pobreza.
El debilitamiento del solidarismo y otras organizaciones de la economía social es un pésimo presagio para una sociedad que experimenta un aumento en desigualdad, exclusión y falta de cohesión social. Implica un debilitamiento aún mayor de la clase media y trabajadora, lo cual afecta la gobernabilidad, la institucionalidad democrática y el Estado de derecho. Lo que está en juego es la anulación de muchos logros.
En respuesta a esta situación adversa, desde el 2020 se consolida un frente común, denominado Alianza Solidarista, como plataforma de discusión y trabajo conjunto para la defensa, la representación y el fortalecimiento del solidarismo.
La Alianza Solidarista está compuesta por la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol), la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas de Empleados Públicos (Fecasep), el Movimiento Solidarista Costarricense (MSC), la Escuela Social Juan XXIII, la Red de Asociaciones de Universidades Públicas, la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría y la Fundación Martén para el Desarrollo del Solidarismo.
Nuestra convicción es mantener y preservar el legado de costarricenses visionarios y de miles de trabajadores del ámbito privado y público, y reafirmar el compromiso histórico de proteger el solidarismo como bastión para promover la armonía laboral, el progreso social y la justicia distributiva.
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