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Proyecto de amnistía para inscribir pozos abiertos ilegalmente es declarado 'inconstitucional' en la Sala IV

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, declaró este miércoles inconstitucional el proyecto de ley en trámite de la Asamblea Legislativa con el que se pretendía otorgar una "amnistía" para inscribir pozos de extracción de aguas que fueron abiertos en violación de la normativa ambiental vigente en el país.

Se trata del expediente 22.709 que pretende dar tres meses plazo para que los dueños de propiedades con pozos perforados de forma ilegal para extraer agua subterránea, los inscriban ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El proyecto aunque casi se paralizó en enero por un centenar de mociones del Frente Amplio, la bancada amarilla aceptó no presentar las mociones a cambio de enviar la iniciativa a revisión del Alto Tribunal.

La consulta fue planteada por las seis diputaciones del Frente Amplio; Luis Fernando Mendoza, Andrea Álvarez Marín, Rosaura Méndez Gamboa y Pedro Rojas Guzmán de Liberación Nacional; y por la oficialista Luz Mary Alpízar Loaiza, quienes acusaron que el proyecto violaba el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación constitucional de proteger las fuentes de agua; y los principios preventivo, precautorio y de objetivación de la tutela ambiental, porque el proyecto carece de criterios técnicos basados en estudios científicos, falencia que había sido advertida por la propia Procuraduría General de la República.

Los congresistas también acusaron que con esta iniciativa se pretendía inscribir los pozos ilegales sin importar su ubicación y características, y sin reparo sobre la eventual afectación del pozo al recurso hídrico, y que el Estado incumpliría su deber de realizar una evaluación de impacto ambiental de previo a otorgar concesiones de aguas superficiales y subterráneas.

En otro voto dividido del Tribunal, por mayoría de 4 vs. 3 se determinó que el proyecto es inconstitucional por violación a los derechos fundamentales al agua y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, "en tanto omite la exigencia de estudios técnicos, desprotege áreas ambientalmente frágiles y legitima la explotación del recurso hídrico en las mismas condiciones irregulares que hasta la fecha se ha hecho".

La mayoría la integraron los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Anamari Garro Vargas y el suplente José Roberto Garita Navarro. Cruz Castro consignó razones adicionales y Rueda Leal consignó una nota.

El voto de minoría fue de los magistrados Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado y Jorge Araya García, quienes salvaron el voto y evacuaron la consulta legislativa en el sentido de que, en cuanto a los aspectos específicamente consultados, el proyecto de ley carecía de los vicios de constitucionalidad por razones de fondo apuntados por los diputados, "en la medida que lo dispuesto en el proyecto de ley, se encuentra y debe cumplirse en armonía y de conformidad con lo señalado en el marco normativo vigente para el registro de pozos operativos y fuentes captadas superficiales, pero no inscritos aún, y el consecuente otorgamiento de las concesiones que, con base en este mismo marco normativo, llegaren a otorgarse".

Es decir, estos tres magistrados se inclinaron en avalar el proyecto bajo al alegato de que, a pesar de su contenido, debía cumplirse la normativa vigente sobre la materia.

Una vez el texto completo de la resolución llegue a la Asamblea, deberá ser enviado a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para que allí se propongan las enmiendas del caso o bien, se rechacen y se proponga al Plenario votarlo en segundo debate de todas formas, ya que los vicios de fondo no son vinculantes para la Asamblea, aunque eso facultaría la presentación posterior de una acción de inconstitucionalidad.

Breves

El Plenario realizó un debate reglado sobre la situación del sector agroproductivo nacional, en el marco de la protesta nacional a favor de los agricultores que se llevó a cabo en la Avenida Segunda y que culminó a las afueras del Congreso.

La mayoría de los parlamentarios que utilizaron el micrófono dieron su respaldo a los productores y se refirieron a los aspectos más graves que afectan la seguridad alimentaria del país con son la falta de acceso a la tecnología, a créditos, el cambio climático, los altos costos de los insumos, combustibles y demás requerimientos para la producción.

El diputado Fabricio Alvarado de Nueva República criticó que el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís invitara a participar en la marcha “pues fue en los gobiernos del PAC cuando el sector agropecuario más mal lo pasó” y celebró el anuncio que se hizo de que el Gobierno analiza la posibilidad de llevar adelante un Tratado de Libre Comercio con Israel "ya que esto podría significar el acceso a innovación tecnológica y a capacitación para los agricultores nacionales".

La diputada Kattia Cambronero del Liberal Progresista se solidarizó con el gremio y enumeró cuáles son los principales aspectos en que las diversas instituciones gubernamentales deben abocarse a trabajar lo más pronto posible: mencionó el cambio climático que está afectando la variabilidad y calidad de los productos, la falta de financiamiento pues la mayoría de los productores tienen problema para acceder al crédito para su actividad, así como la escasa investigación y desarrollo sobre técnicas de cultivo y buenas prácticas agrícolas.

El diputado Ariel Robles del FA dijo en su participación que el país logró salir del bipartidismo y de un experimento político que no funcionó, pero si este gobierno es igual a los que le precedieron, nada se va a poder lograr.

Hoy nos gobierna alguien que dice hablar en favor del sector rural de nuestro país, pero eso, palabras más palabras menos, será solo hablada. Gobierna para los mismos de siempre, las mismas élites, los importadores y los intermediarios. Hoy, de nada sirve quejarse de la herencia que dejaron el bipartidismo y un experimento que no surtió los efectos que tenía que surtir, de nada sirve eso si se sigue abrazando la política económica que tiene al sector agropecuario nacional hundido en la pobreza

Por su parte la diputada Dinorah Barquero del PLN dijo que en el país hay más de 250 mil agricultores afiliados a diversas organizaciones que podrían haber inundado las calles capitalinas, pero no pudieron hacerlo porque no contaban ni siquiera con el “pase” para asistir, porque eso implicaba quedarse sin alimentación en su familia.

Están quebrando el agro, están quebrando nuestros agricultores… están quebrando porque se abandonó el agro y se les está agrediendo.