La Procuraduría General de la República (PGR) no objetó el proyecto de ley dispensado de trámites apenas el lunes que propone quitarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de designar al jerarca de la Abogacía del Estado sin la ratificación legislativa que es norma para el resto de designaciones del Gobierno que deben recibir beneplácito del Congreso.
Según consta en el oficio PGA-OFI-52-2023 de este 7 de marzo, suscrito por Ricardo Vargas Vásquez en su condición de procurador general adjunto en virtud del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley 6815, la institución no expresó criterio negativo al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 23.570.
La iniciativa, como comentamos el día previo, pretende cerrar el portillo actual mediante el cual el Gobierno de turno podría someter dos nombres abiertamente inviables para que la Asamblea Legislativa no los ratifique; y así habilitar una tercera designación a la libre del Ejecutivo, que no podrá ser sometida a escrutinio legislativo.
Además, con esa medida el Gobierno podría luego remover a la persona que ocupe la jerarquía de la Procuraduría, sin que la Asamblea Legislativa ratifique su decisión como sí se exige cuando el candidato es ratificado por el Congreso.
Al referirse a esa pretensión, Vargas Vásquez señaló que se pretende estandarizar el procedimiento de ratificación parlamentaria del Procurador General de la República con respecto de otras postulaciones hechas por el Consejo de Gobierno, una "finalidad que reconocemos es un aspecto de discrecionalidad legislativa, propio y exclusivo de ese Poder de la República; el cual, ante una necesidad determinada del cuerpo social, puede escoger la solución normativa o regla de Derecho que estime más justa, adecuada o idónea para satisfacerla, dentro de un abanico o pluralidad de opciones válidas".
Aunque no expresó oposición, el procurador general adjunto sí planteó observaciones al proyecto para que puedan ser incorporadas mediante mociones de fondo cuando sea conocido nuevamente en Plenario.
En primer lugar Vargas recomendó eliminar la frase "si su nombramiento hubiese sido ratificado por ésta" del artículo 10 propuesto, respecto a la obligación parlamentaria de ratificar o no la eventual decisión del Ejecutivo de remover al jerarca de la Procuraduría. Según explicó el funcionario, dicha frase se volvería anacrónica con la aprobación de la propuesta pues en adelante, sin importar la cantidad de candidatos que tenga que remitir el Ejecutivo hasta que el suyo sea aceptado, todos deberán recibir la votación respectiva por parte del Parlamento.
Artículo 10.- NOMBRAMIENTO DEL PROCURADOR GENERAL:
El Procurador General será designado por el Consejo de Gobierno, pero su nombramiento deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Mientras la Asamblea discuta la ratificación de la persona propuesta, el Procurador General Adjunto [o en su ausencia el Procurador con más años de servicio en la Institución conforme al artículo 12 de esta ley] ejercerá las funciones propias del titular de la entidad.
El Procurador General durará en su cargo seis años. En caso de remoción o renuncia, la designación del sustituto no podrá hacerse por un término mayor al que faltare para completar el período respectivo. Podrá ser reelecto mediante el procedimiento prescrito en este artículo.
La remoción del Procurador General, antes del vencimiento de su período, sólo podrá hacerse con base en causa justa, comprobada en el expediente secreto levantado al efecto por el Consejo de Gobierno; y requerirá, asimismo, la ratificación de la Asamblea Legislativa, si su nombramiento hubiese sido ratificado por ésta. En caso de que la Asamblea no ratificare la remoción, el Procurador General permanecerá en su puesto.
Asimismo, Vargas alertó de que el proyecto eliminaría la actual disposición legal de que en caso de ausencia del Procurador General y del Procurador General Adjunto, el cargo de Adjunto será asumido transitoriamente por aquel procurador que tenga más tiempo de trabajar en la institución, norma que es la que actualmente tiene a Vargas en el puesto y motivo por el cual firmó él el criterio remitido al Congreso.
Preocupa entonces que se suprima sin más aquella garantía de continuidad del servicio público y propugnamos por mantenerla con cierto remozamiento.
También informó al Congreso que el texto del artículo 12 requiere eliminar el señalamiento de que el Procurador General y el Adjunto tienen las mismas prerrogativas e inmunidades que los miembros de los Supremos Poderes, pues tal indicación ha sido declarada inconstitucional por parte de la Sala IV, sin embargo, con el proyecto se mantendría dicho texto.
Por ambos motivos, Vargas planteó a las jefaturas de fracción que se reforme el artículo 12 en cuestión de modo que se lea así:
ARTÍCULO 12.- DEL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO:
El Procurador General Adjunto deberá reunir los mismos requisitos que esta ley establece para ocupar el cargo de Procurador General tendrá las mismas inmunidades y prerrogativas que éste y lo sustituirá en casos de ausencia, falta temporal o legítimo impedimento.
En caso de que se encuentren vacantes los cargos de Procurador General y de Procurador General Adjunto, o cuando estos funcionarios se hallen inhabilitados temporalmente para el ejercicio de sus cargos, o por ausencia temporal de aquellos o legítimo impedimento, el Procurador que tenga más años de servicio en la Institución asumirá, transitoriamente, la Procuraduría General Adjunta.
Breves
— Con 15 votos a favor y 30 en contra se rechazó dar un nuevo plazo cuatrienal al expediente 21.290 "Ley del Programa Nacional de Créditos y Tasas Preferenciales para la Mujer Rural (Cretamujer)".
— Con 39 votos a favor y 6 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.928 "Reforma del Artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N° 8488 del 22 de Noviembre de 2005 y sus Reformas".
— Con 49 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.741 "Ley de desafectación del uso actual de la calle cero entre avenidas cero y cinco, además la avenida dos entre calles cero y dos del distrito primero del cantón de Siquirres de la provincia de Limón".
— Con 49 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.897 "Declaratoria de interés público y fortalecimiento de la Casa del Ciclismo Aramacao de la Asociación de Desarrollo Específica para la Prevención y Fortalecimiento de los Derechos de la Niñez y Juventud del Distrito de Jacó".








