Establece que quién ocupe el cargo de Procurador/a General Adjunto/a deberá reunir los mismos requisitos que la ley establece para ocupar el cargo de Procurador/a General. Además, modifica el procedimiento de ratificación del Procurador/a General de la República, para que se elimine la posibilidad del Consejo de Gobierno de realizar el nombramiento a discreción si la Asamblea rechaza dos nombres presentados.