El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes, en primer debate, un proyecto de ley para autorizar a las municipalidades a condonar y exonerar a las personas adultas mayores en condición de pobreza de impuestos, tasas y servicios cobrados por los gobiernos locales.
Se trata del expediente 22.445, planteado por el exdiputado socialcristiano Erwen Masís Castro y que recibió votación unánime afirmativa de los congresistas presentes en el Plenario.
Según dispone el texto aprobado, las municipalidades quedarán autorizadas -previo estudio técnico- a condonar el total del principal, intereses y multas por concepto de impuestos municipales, tasas y servicios municipales, así como la condonación total del pago de recargos, intereses y multas adeudados por adultos mayores en condición de pobreza por concepto del impuesto sobre bienes inmuebles.
Dato D+: Los servicios municipales a los que se refiere corresponden a servicios de alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal, mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras y cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios.
El plazo del beneficio abarcará desde los montos actuales y hasta el cierre del trimestre inmediato anterior a la entrada en vigencia de la ley.
Las municipalidades, dispone la redacción, tendrán dos meses posteriores a la entrada en vigencia de esta ley para adoptar mediante acuerdo del Concejo Municipal un plan de condonación según los parámetros contemplados en la eventual legislación; así como el plazo que tendrán las personas para acceder a esa condonación, sin que exceda de un año contado a partir de la firmeza del acuerdo municipal.
Además de la condonación, la propuesta de ley autoriza a las Municipalidades a que previo estudio técnico, concedan a sus contribuyentes mayores de 65 años de edad, en condición de pobreza o pobreza extrema, la exención de pagar tasas y servicios municipales.
El mecanismo para acceder tanto a la condonación como a la exoneración será con una solicitud del interesado ante la Municipalidad respectiva; o bien, que la Municipalidad consulte el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) la calificación de pobreza del contribuyente que hace la solicitud.
Para mantener el beneficio de exención sobre el pago de los servicios municipales, los contribuyentes deberán presentar toda la documentación y solicitud cada año calendario, durante los primeros dos meses. La renovación anual de la documentación será necesaria para comprobar que la situación de amparo económico inmediato se mantiene. Las municipalidades deberán resolver dichas solicitudes de exención en el plazo de un mes; ya sea para su aprobación o rechazo.
El proyecto podrá votarse en segundo debate el jueves de esta semana.
Breves
— Con 44 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.248 "Declaratoria del Liceo Franco Costarricense como Institución Benemérita de la Educación y la Cultura Costarricense".
— Con 49 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.332 "Declaratoria del Museo de los Niños como Institución Benemérita de la Niñez Costarricense".
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico votó y rechazó todas las mociones presentadas al expediente 23.208 planteado por la diputada liberacionista, Carolina Delgado, que materializaba las consecuencias del error legislativo cometido por el anterior Congreso que derogó la normativa que faculta la realización de intervenciones telefónicas en casos de crimen organizado. Asimismo, la comisión dictaminó negativamente por unanimidad el expediente, por lo que pasa de inmediato al archivo, enterrándose definitivamente.
Al respecto, la diputada Delgado reaccionó a través de su asesor de prensa:
Hoy se da un paso en falso, que atenta contra la legalidad, que va en contra del interés nacional de atacar verdaderamente la delincuencia organizada, y se pierde una oportunidad de que esta Asamblea redimiera el error en que incurrieron los diputados y diputadas del cuatrienio anterior, cuando de manera equivocada derogaron un artículo de la Ley de Delincuencia Organizada que autoriza la realización de escuchas telefónicas a través de un procedimiento especial.
Lamentablemente, el proceso de discusión de este proyecto ha estado plagado de mentiras, de acusaciones infundadas, de faltas de respeto y hasta de los más elementales principios básicos del razonamiento y el humanismo, al punto de recibir feroces ataques sin tener la posibilidad de defenderme.
Se me ha acusado de querer favorecer los intereses de algunas personas y de invalidar pruebas obtenidas a través de escuchas telefónicas. Nada más falso que eso. He demostrado que la prueba judicializada por el caso Cochinilla no se ve afectada porque la derogatoria de la norma rigió posteriormente, pero aún así, ha sido utilizada como arma de ataque ante la falta de argumentos. Más bien, es la Corte la que pone en peligro el procesamiento de casos de delincuencia organizada ante la inobservancia del error señalado, lo que ha llevado a que incluso ya bandas delincuenciales han quedado en libertad por no poder aplicar la norma.
Lamentablemente, este ha sido un proceso donde no ha existido el reconocimiento pleno de este error, con el concurso del Poder Judicial. Desde ahora, alerto sobre las consecuencias legales que acarreará que se sigan procesando bandas de delincuencia organizada con una norma derogada.
Solo las y los diputados podemos determinar la derogatoria, restitución o reforma de las leyes y no los magistrados y magistradas como se ha querido dar a entender.
La insistencia de las distintas fracciones, del Gobierno y de la Corte para que se apruebe el proyecto 23.090 sugiere un capricho que nos puede salir caro. Estamos trabajando en este momento en evidenciar los errores y omisiones de esta iniciativa que sigue en trámite en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y recalcaré en la improcedencia e inconveniencia de este proyecto.







