El relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente lamentó que Costa Rica se aleje de liderazgo ecológico.

Luego de que la Asamblea Legislativa decidiera archivar el expediente que buscaba ratificar el Acuerdo de es Escazú en Costa Rica, el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, motivó a las personas costarricenses que defienden el derecho a un medio ambiente sano, a que sigan adelante a pesar de tener un gobierno "retrógrado".

En medio de una crisis medioambiental mundial, es triste ver cómo Costa Rica se aleja de su anterior posición de líder ecológico".  

Días atrás, antes de la votación, Boyd dijo no entender cómo Costa Rica, con los buenos antecedentes en temas de medio ambiente y derechos humanos, estaba considerando enterrar el tratado regional y lo calificó de "fracaso atípico". La iniciativa de ley expediente 21.245 necesitaba un total de 29 votos positivos para seguir vigente en el congreso, sin embargo recibió 11 votos a favor y 41 en contra.

Desde el inicio de su gestión, el presidente Rodrigo Chaves Roble dejó clara su negativa a apoyar este proyecto. Cuando se le consultó al respecto, el mandatario justificó su posición al decir que el Acuerdo de Escazú daba la posibilidad de parar proyectos de inversión de manera arbitraria y añadió que "el sector privado puede estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del gobierno". 

Su ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, ha sostenido que el acuerdo es innecesario y añadió que solo se le da relevancia por llevar el nombre de una ciudad costarricense. Mencionó que llegaría a crear legislación innecesaria y que representaría un obstáculo más en la permisología ambiental del país.

La falta de compromiso de Chaves Robles con el ambiente también es parte del sentir de las personas en Costa Rica. En noviembre de 2022, el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional publicó una encuesta donde se reveló que alrededor del 54.40% de los consultados consideraron que el gobierno actual tiene poco compromiso con la política ambiental. Además, el 13.40% indicaron que nada.

Es decir, un 67.80% tiene algún tipo de duda al respecto del lugar que da la administración Chaves Robles a la política ambiental.

 

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En dicho estudio, el 92.6% de las personas consultadas afirmaron desconocer qué es el Acuerdo de Escazú. Ese desconocimiento contrasta con la percepción positiva que tienen las personas con los principios que estructuran el tratado. Un promedio del 97.6% se mostraron a favor de:

  • Realizar acciones para garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
  • Establecer una relación entre el Estado, el mercado y la sociedad sin perjudicar el ambiente.
  • Que las autoridades brinden información relevante, de fácil acceso y comprensión.
  • La legislación nacional en materia ambiental es necesaria para cuidar del medio ambiente.
  • El Estado implementa una participación abierta e inclusiva en los procesos de tomas de decisiones ambientales.