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Congreso archiva ley que impediría a diputaciones ejercer liberalmente su profesión mientras están en el cargo

El Plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este lunes extender el plazo cuatrienal a un proyecto de ley que proponía establecer que las diputaciones tendrían prohibición, mientras durara su mandato, para el ejercicio remunerado de profesiones liberales o para realizar cualquier otras actividad remunerada distinta a las funciones propias de su cargo.

Se trata del expediente 21.270 "Prohibición a diputados y diputadas de la República para el ejercicio remunerado de profesiones liberales y otras actividades remuneradas", que fue presentado por el exdiputado del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada.

El proyecto había sido dictaminado afirmativamente, por mayoría, en la Comisión de Asuntos Jurídicos durante el anterior periodo constitucional, sin embargo el proyecto perdió fuerza en el actual Congreso al punto de que solo dos congresistas de Liberación Nacional se sumaron al Frente Amplio en votar a favor la moción para darle cuatro años más de vida hábil.

Eliécer Feinzaig, jefe del Liberal Progresista dijo que si bien todos estaban de acuerdo en la necesidad de crear un régimen sancionatorio de diputados y de regular correctamente los conflictos de interés en las diputaciones, este proyecto de ley tal y como estaba planteado no hacía ninguna de esas dos cosas.

Este proyecto de ley lo único que dice básicamente es que los diputados no podrán ejercer profesiones liberales mientras ocupan la curul, y pone una serie de limitaciones que al final de cuentas, básicamente lo único que hace es que los únicos que puedan aspirar a ser diputaciones y mantener un ingreso adicional sean personas que se desempeñan como profesores universitarios.

Según Feinzaig, si bien nadie quiere diputados atendiendo clientes que tienen intereses en la Asamblea Legislativa ni diputados haciendo lobby cobrando por esas actividades, eso no se evita prohibiendo el ejercicio de las profesiones liberales.

Desde la perspectiva liberal, imponer restricciones al ejercicio de la profesión, imponer restricciones al trabajo de las personas no es la forma de resolver el problema. Reitero: sí es necesario y ojalá este Plenario y los 57 diputados aceptemos que es necesario trabajar en un proyecto de ley para regular el conflicto de interés y otro para crear el régimen sancionatorio para los diputados, pero este proyecto de ley no resuelve ninguna de esas dos situaciones, de manera que no es un tema de que estemos en contra, al contrario, creemos que es necesario arreglar estos problemas, pero no es no es este texto el que los viene a resolver y por lo tanto, nuestro partido lo ha votado negativamente y entiendo que la mayoría de los diputados lo han votado negativamente por razones similares.

El proyecto ya había pasado por la etapa de mociones de fondo vía artículo 137 por lo que eventuales enmiendas al texto solo podrían hacerse mediante la vía de mociones de reiteración, o bien devolviendo otra ves el proyecto al trámite de comisión.

Jonathan Acuña Soto, jefe del Frente Amplio dijo que más allá de las justificaciones dadas, el hecho "puro y duro" era que una mayoría había votado no contra el plazo cuatrienal, sino contra el proyecto mismo.

Creo que dan ustedes una muy mala señal archivando este proyecto, dan una terrible señal. Hay múltiples funcionarios públicos y otros altos cargos del sector público que tienen ya esta prohibición. ¿Qué nos hace diferentes como diputadas y diputados? Hay antecedentes terribles porque recordarán ustedes cómo en el anterior edificio de la Asamblea Legislativa llegó hasta a haber un diputado que casaba gente. Justo ese sería el menor de los problemas porque también se daba ese trance entre la función como diputados y tener bufetes abiertos que se valían justamente del poder que ofrecía también este espacio político.

Acuña dijo que los congresistas deberían tener toda su energía enfocada durante cuatro años en exclusivamente su función de representación, y cerrar las puertas a cualquier conflicto de interés que pudiera surgir en el ejercicio de una profesión remunerada.

Reveladoras audiencias sobre campaña del PPSD

José Eduardo Vargas Rivera, fundador de Progreso Social Democrático, compareció ante la Comisión Especial Investigadora de Partidos Políticos donde relató que su primer encontronazo con la otra fundadora, Luz Mary Alpízar, fue cuando ella planteó que Rodrigo Chaves fuera el candidato presidencial de la agrupación, ya que según dijo él, su grupo dentro de la agrupación y él mismo consideraban que el entonces exministro de Hacienda era "de ideología chavista" (Hugo Chávez, Venezuela) y que fue amenazado con represalias laborales en el Sindicato Nacional de Enfermería y que sus delegados no tendrían ninguna diputación en las candidaturas si insistía en su negativa, como efectivamente ocurrió; y que posterior a eso se dieron irregularidades en las finanzas del partido que lo obligaron a acudir a los tribunales.

Reveló que Alpízar le dijo que la existencia del Fideicomiso Costa Rica Próspera era "un cuento y un chisme" y que ella era la responsable de ese fideicomiso pues lo manejaba como un secreto de Estado. Asimismo afirmó que para él no solo existió una estructura paralela, sino varias incluida una que involucra al propio Sindicato Nacional de Enfermería (SINAES) que habría dado contribuciones a la agrupación de forma ilegal; la de Sofía Agüero (hija del diputado Waldo Agüero) mediante el uso de sus cuentas bancarias personales; la de Erick Quesada (pensionado de la CCSS que donó 150 millones al partido en circunstancias no creíbles), la del fideicomiso Costa Rica Próspera, así como la de inversionistas extranjeros de nacionalidad china y otros que hicieron contribuciones.

Vargas dijo que le queda una duda razonable de que en la campaña de Rodrigo Chaves Robles hubo lavado de dinero, especialmente por los casos de Erick Quesada.

Por su parte Adriana María Brenes Castillo, exsecretaria general del PPSD relató que ingresó al partido en el 2018 formando parte del Comité Ejecutivo Cantonal por Coronado y el 14 de octubre del 2021 asumió el cargo de Vocal 1 Suplente dentro del Comité Ejecutivo Nacional para luego asumir la secretaría general el 11 de noviembre de 2021.

Brenes se confesó sin conocimiento sobre el las responsabilidades que acarreaba el cargo que ostentaba pero afirmó que conforme fue estudiando, se percató de irregularidades en transparencia y manejo de toma de decisiones en el partido, además de que recibió varias notificaciones preventivas por parte del Tribual Supremo de Elecciones las cuales comunicó oportunamente a las autoridades responsables, y que se le negó el acceso a los libros de actas pese a las solicitudes formales que hizo para que le fueran remitidos.

También afirmó que el 2 de diciembre de 2021, Douglas Caamaño le pidió firmar 1000 bonos "en blanco" a solicitud de Calixto Chaves y Rodrigo Chaves, lo cual ella se negó a hacer. Brenes suministró de inmediato a la Comisión los pantallazos y audios de las conversaciones de WhatsApp que sustentan su afirmación.

La exsecretaria general dijo que tras constatar que las advertencias emanadas por el TSE eran ignoradas, y que no se le daban acceso a las actas para firmarlas y hasta se le pedía que las firmara a ciegas, ella reportó todas esas irregularidades al Tribunal y decidió renunciar al cargo.

El entonces candidato y ahora presidente decía en la prensa que iba a premiar a quienes denunciaran casos de corrupción; en mi caso lejos de ser premiada, fui perseguida y aún así, aquí estoy a disposición de las autoridades porque en esta vida hay que ser consecuente y congruente con lo que se dice.

Breves

— Con 41 votos a favor y 10 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.552 "Ley de vacancia del Código Procesal Agrario, Ley N° 9609 del 27 de setiembre de 2018".