Diputados no han discutido el proyecto en lo que va del año.
El proyecto que busca ampliar la vida útil de los autobuses que tengan 15 años en circulación y que estén destinados al transporte público, se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa.
En lo que va del año la Comisión de Asuntos Económicos ha pospuesto la discusión y el conocimiento de mociones del expediente 22.530 “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19”. Desde que los diputados volvieron de vacaciones el 9 de enero, en el foro legislativo han votado para no verlo y pasar a otro tema de la agenda.
La efectividad de la presión
En principio el texto de ley señalaba que el aumento en la circulación de las unidades sería de 5 años. Es decir, pasarían de 15 a 20 años. Así lo avalaron los diputados de la comisión el 27 de septiembre de 2022 con votación de 7 a favor 1 en contra.
Apoyaron el dictamen afirmativo del proyecto los congresistas Waldo Agüero Sanabria del oficialismo; Gilberto Campos Cruz del PLP; María Marta Carballo Arce y Vanessa de Paul Castro Mora del PUSC; Olga Morera Arrieta de Nueva República; Kattia Rivera Soto y Monserrat Ruiz Guevara del PLN. Solo Sofía Guillén del Frente Amplio se opuso.
Con ese visto bueno el 14 de noviembre el gobierno de Rodrigo Chaves Robles convocó a la agenda de sesiones extraordinarias la iniciativa de ley bajo el argumento de que buscaban "evitar que personas usuarias, de comunidades principalmente rurales, se vean eventualmente afectadas".
Sin embargo, distintos sectores de la sociedad, principalmente personas con discapacidad, alzaron la voz en contra de la propuesta y pusieron el tema en el centro de la opinión pública.
La activista Nicole Mesén (centro) ha encabezado el movimiento en contra del proyecto de ley.
Por ejemplo, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), rector en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, comunicó su oposición a la iniciativa. Enfatizaron en que esta violenta el derecho de las personas con discapacidad y del público usuario de autobuses al disfrute de unidades de transporte público accesibles y seguras.
Adicionalmente, colectivos de movilidad también denunciaron que la intención de ampliar el periodo de circulación no tiene justificación técnica y que está basada únicamente en argumentos económicos relacionados con el equilibrio financiero de las empresas que brindan el servicio.
Esto provocó que el expediente perdiera fuerza en el Congreso. Tras recibir observaciones y realizar varias discusiones en torno al tema, fue devuelto a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. Ahí se aprobó una moción que cambió el plazo de extensión de cinco años a solo tres.
Luego de esto, el proyecto de ley 22.530 acumuló 130 mociones, en su mayoría presentadas por el Frente Amplio con el objetivo de entrabar el proyecto y que no siga su camino, ya que coinciden en que es un peligro para las personas usuarias. Delfino.cr pidió al partido frenteamplista actualizaciones en el tema e indicaron que su posición y las mociones presentadas se mantienen firmes.
Una de las activistas que ha estado al pie de este tema y perteneciente al Movimiento de discapacidad de Costa Rica, Nicole Mesén Sojo, resaltó a este medio de comunicación la efectividad del proceso de incidencia que han hecho desde sociedad civil en contra del proyecto.
El proyecto en este momento se encuentra paralizado y creo que eso ha sido gracias a la voz que hemos alzado desde sociedad civil y sobre todo desde el movimiento de personas con discapacidad de Costa Rica que día tras día fuimos a manifestarnos a la Asamblea Legislativa. Generamos espacios de diálogos con las diputaciones y eso nos ha permitido hacerles entender que este proyecto lesiona derechos humanos y que se pueden construir alternativas que no generen un retroceso en materia de derechos humanos".
Bajo el hashtag #NoAlProyecto22530 el movimiento también solicitó a las municipalidades su apoyo. A la fecha 26 suscribieron su respaldo.
Pese a realizar la consulta a las bancadas que integran la comisión si mantienen el apoyo al proyecto y cuál es el plan a seguir con este, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
Autobuses con más de 15 años registrados
El Consejo de Transporte Público (CTP) confirmó el pasado 3 de enero que los buses con más de 15 años de antigüedad debían salir de circulación. Sin embargo, semanas después el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, dijo que era imposible saber si las unidades seguían o no en circulación debido a que tenían solo cuatro inspectores para cerca de cuatro mil buses.
El CTP indicó a este medio de comunicación que para el 3 de febrero aún existían 215 unidades registradas que empezaron a trabajar en 2007. El Consejo espera que los operadores estén acatando la instrucción y que las unidades no estén circulando. La lista de los autobuses fue enviada a la Policía de Tránsito para su respectiva verificación en carretera.
Según la ley, los concesionarios deben sustituir estas unidades en un "plazo improrrogable de tres meses contados a partir del día siguiente hábil a la publicación de la presente notificación en el diario oficial La Gaceta", recordó el CTP en una publicación al aludir al artículo 52, párrafo segundo, de la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres.
La activista Nicole Mesén calificó la situación del transporte público como "crítica". Para ella, la posibilidad de que en este momento hayan unidades que ya cumplieron su vida en la calle, denota que a las autoridades competentes no les interesa el tema.
Siguen circulando en carreteras, siguen transportando a personas a pesar de que esto es un riesgo porque si un autobús sufre un accidente no hay póliza que cubra a las personas pasajeras".
Y añadió:
El MOPT y el CTP han sido totalmente inoperantes e ineficientes en la atención de esta situación, pues al día de hoy no han presentado ninguna solución al respecto. Nosotros desde asociación civil, seguimos abiertos al diálogo con la iniciativa de generar alternativas. Es una decisión de las personas tomadoras de decisiones que tienen que presentar las soluciones para que el servicio de transporte público se siga brindando pero se de un servicio de calidad y que sea seguro inclusivo y accesible".
