El autobús de transporte público que se incendió en el centro de San José ayer lunes por una falla en su motor, mientras transportaba a unas 45 personas, se habría visto beneficiado de la ley actualmente en estudio de la Asamblea Legislativa que pretende extender la vida útil de aquellas unidades que superan los 15 años desde su fabricación (expediente 22.530).

Así lo reveló el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes en sus redes sociales, al compartir detalles del Registro Nacional de la Propiedad que muestran que la unidad, un Volkswagen con capacidad para 49 personas, fue fabricado en el año 2007 e inscrito en febrero de ese año; por lo que su plazo para circular vence inicialmente este año.

El proyecto de ley actualmente en estudio de la Asamblea Legislativa pretende que las unidades de autobús cuyo plazo de 15 años de vida útil desde su fabricación se venza entre el 16 de marzo de 2020 y la fecha en que esta ley entraría en vigencia, tengan una prórroga de 5 años para poder continuar circulando y dando el servicio.

Si bien el Poder Ejecutivo anunció que impulsará cambios al proyecto para que la prórroga sea de dos años y no de cinco como actualmente lo indica el texto, la redacción de igual forma habría beneficiado a la unidad ahora siniestrada.

La iniciativa actualmente se encuentra en una comisión donde se estudian las mociones de fondo presentadas en la última oportunidad para formular enmiendas, posterior a lo cual, irá al Plenario Legislativo para ser discutido y votado.

A través de una carta enviada a la Asamblea Legislativa, varios colectivos ciudadanos dedicados a impulsar una mejora en las condiciones de movilidad de las personas en Costa Rica, expresaron su molestia en contra del proyecto de ley que avala aumentar a 20 años la vida útil de los autobuses.

El expediente, que fue dictaminado de forma positiva en la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos, plantea una reforma al artículo 64 bis de la Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, con el objetivo de alargar la vida útil de las unidades vehiculares. Sin embargo las organizaciones denuncian que la intención no tiene justificación técnica y que está basada únicamente en argumentos económicos relacionados con el equilibrio financiero de las empresas que brindan el servicio.

La activista de derechos humanos, Nicole Mesén Sojo, denunció que en la exposición de motivos del texto de ley se afirma que es técnicamente sustentable extender la vida útil de los autobuses, sin embargo el informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa dice que la reforma no se basa en estudios técnicos que sustente la mediación, en contraparte la exposición está argumentada en la situación de pandemia.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Mesén Sojo dijo que la propuesta atenta contra los derechos de las personas con discapacidad y calificó de absurdo que en la actualidad existan autobuses en los que las rampas no cumplen los parámetros de ancho o que están en mal estado o ni siquiera funcionan, y que los espacios para las personas con discapacidad están montados sobre gradas.

Existen (esas condiciones) actualmente en autobuses que tienen permisos de revisión técnica, se supone que la ley 7600 establece que no deberían estar circulando pero igual circulan".

Los colectivos de movilidad plantearon a los diputados que votaron a favor del proyecto una serie de cuestionamientos como los criterios técnicos usados para apoyar el expediente, el no delineamiento de las empresas a las que se beneficiará y las medidas impulsadas a favor de los usuarios.

Asimismo, enfatizaron en el no acatamiento de criterios negativos o de mejoras emitidos por el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).