El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate un proyecto de ley (expediente 22.709) que propone dar una amnistía de tres meses para que los dueños de propiedades con pozos perforados de forma ilegal para extraer agua subterránea, los inscriban ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
La iniciativa no tenía previsto avanzar esta semana, sin embargo, la bancada del Frente Amplio accedió a no presentar centenares de mociones en Plenario para insistir en sus proposiciones rechazadas en la Comisión de Asuntos Sociales, a cambio de que la iniciativa sea enviada a consulta facultativa ante la Sala Constitucional.
Según dispone la redacción del proyecto de ley una vez la persona plantee la solicitud de regularizar un pozo ilegal, la Dirección de Agua abrirá el expediente en un plazo máximo de 30 días naturales, y tendrá cinco días hábiles para pedir criterio para mejor resolver al Servicio Nacional Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senasa) o al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Si la solicitud pasa la etapa de admisibilidad, la dirección del Minae publicará un edicto en La Gaceta para que cualquier interesado se oponga a la gestión, y pasado ese proceso el Minae emitirá la resolución de registro y concesión en un plazo de 60 días hábiles. En caso de oposición, el caso se trasladará al peticionante para que refute la oposición en un plazo de 10 días.
Una vez el Minae haya resuelto, en el plazo de un año podrá mediante resolución motivada y con justificación científica y técnica revocar el registro y la concesión de una toma que se encuentre en acuíferos frágiles por disponibilidad y riesgo de sobreexplotación.
Los pozos inscritos mediante esta eventual ley deberán pagar un canon por agua equivalente al 120% de la tarifa usual.
Finalmente se dispone que con la entrada en vigencia de esta ley se tendrá por suspendida cualquier gestión administrativa de cierre definitivo de un pozo destinado a actividades agropecuarias cuyo cierre esté fundamentado únicamente en el hecho de no estar inscrito, hasta tanto se resuelva definitivamente la solicitud para su inscripción y otorgamiento de la respectiva concesión.
El acuerdo con el Frente Amplio no incluyó su voto en contra, de hecho, los seis de la bancada de izquierda votaron en contra en el primer debate, versus los 45 que lo votaron a favor.
La prometida consulta ante la Sala sería presentada este mismo martes, lo que suspenderá la votación definitiva del proyecto de ley hasta que la Sala emita dictamen al respecto.
Breves
— Con 48 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.452 "Reforma del Artículo N° 4 de la Ley 5060 del 22 de agosto de 1972, Ley General de Caminos Públicos y sus reformas".
— La ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, finalmente reconoció haber pagado para que se llevaran a cabo ataques a medios de comunicación, tras sostener en diferentes ocasiones que sus transferencias bancarias al trol Piero Calandrelli fueron por "caridad", "ayuda universitaria" o para "una campaña de salud". En su intervención final ante la Comisión Especial Investigadora del financiamiento de partidos políticos en la Asamblea Legislativa, Chacón —quien fue advertida de que todo lo que declarara allí lo sería bajo la pena y la gravedad del juramento— afirmó que aunque nunca pagó para "lastimar" a ningún diputado, sí lo hizo para que se atacaran medios de prensa. Chacón deberá comparecer nuevamente ante el foro legislativo que investiga las finanzas de campaña del partido oficialista y el pago de troles por parte de funcionarios del Ejecutivo para atacar políticos y medios de comunicación. En compañía de su abogado, el exministro de Justicia Juan Diego Castro Fernández, la ministra dijo que si la volvían a hacer comparecer, ella se abstendría de responder a las preguntas que le fueran formuladas.







